Carta Abierta al Senado de Perla Prigoshin

CARTA ABIERTA AL SENADO DE LA NACIÓN

Buenos Aires, Julio 30 de 2018.-

Señoras y Señores Senadores Nacionales:

Me dirijo a ustedes con la intención de compartir algunas reflexiones sobre la cuestión que próximamente deberá debatir la Cámara en el recinto, cual es el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Lo hago desde mis vivencias personales, mi experiencia profesional, y mi pertenencia al movimiento feminista al cual decidí sumarme cuando siendo muy joven, jovencísima, tuve que atravesar la dolorosa situación de interrumpir un embarazo producto de una violación. A partir de ese aborto, con la intención de resignificar mi vida, busqué una herramienta que resultase útil para tratar de evitar que otras mujeres tuviesen que pasar por la terrible experiencia de verse inmersas en las condiciones de prohibición o clandestinidad determinadas por la penalización jurídica y su correlato de condena moral que pesaban sobre la mayoría de las prácticas vinculadas con nuestra salud sexual, reproductiva y no reproductiva.

Es por lo dicho que elegí la carrera de abogacía y, desde que obtuve el diploma, ya sea en el ejercicio privado de la profesión o en el ámbito público como asesora de legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación o desarrollando diversas tareas en el Poder Ejecutivo Nacional, he defendido los derechos de mis congéneres teniendo en la mira mi objetivo originario.

En ese recorrido existieron mojones que me confirmaron en el camino elegido: entre ellos, la redacción de la Ley 1044/2003 de la Ciudad de Buenos Aires sobre interrupción de embarazos de fetos inviables; la elaboración del dictamen consensuado que devino en la Ley Nacional 26.130/2006 de contracepción quirúrgica; y la coordinación del proceso reglamentario de la Ley 26.485/2009 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Pero previo a lo relatado ocurrió un hecho que hizo emerger con brutal intensidad lo vivido en ocasión del aborto que definió mi elección profesional.

Corría el año 2000 cuando llegó a mi estudio un matrimonio que, tras más de una década de búsqueda, había concretado el deseo de estar esperando un/a hijo/a. Sin embargo la felicidad terminó abruptamente cuando, a las pocas semanas de gestación, se enteraron por una ecografía que Silvia Tanus estaba embarazada de un feto anencefálico.

Llevar en el cuerpo una vida destinada a la muerte, sentirse el ataúd del hijx tan anheladx, hizo que Silvia pidiese, casi rogase, a las autoridades de la Maternidad Ramón Sardá que le interrumpieran el embarazo. El pedido fue desoído so pretexto de la ilegalidad de la práctica, por lo que decidí acompañar a mi congénere en el recorrido judicial que se había tornado indispensable para terminar con la tortura en que se había convertido ese embarazo.

No voy a abundar en detalles respecto al trámite del expediente, que fue complejo y transitó por distintas instancias hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a mi patrocinada y ordenó que se realizara la interrupción de la gestación, sentando jurisprudencia respecto de los embarazos de fetos inviables (TANUS SILVIA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo, CSJN, 11 de enero de 2001).

 

Lo que sí me interesa señalar es la coincidencia que encuentro entre los argumentos, algunos increíblemente falaces, que se han escuchado recientemente durante las exposiciones ante las comisiones de ambas Cámaras del Congreso Nacional y en el debate en la Cámara de Diputados, con los de aquellas personas (personal de salud, funcionarios y funcionarias judiciales, y magistradxs) que se oponían a la interrupción de aquel embarazo inviable. También registro un mismo modus operandi en algunas personas que durante el último mes agredieron verbal y físicamente a mujeres que portaban los pañuelos verdes que caracterizan la militancia por la legalización del aborto y las que, en ocasión del Primer Congreso de Bioética de la Ciudad de Buenos Aires en el que se analizó el caso Tanus, me empujaron por las escaleras del Centro Cultural San Martín al grito de “asesina".

El hilo conductor de esas expresiones es, a mi entender, la incapacidad de deponer las convicciones íntimas o religiosas ante situaciones en las que está en juego el derecho a la salud de las mujeres que, aunque se olvide o ignore,  constituimos mayoría  en nuestro país. Los mandatos religiosos han servido durante siglos para sostener la estructura socioeconómica patriarcal, disciplinándonos mediante la enajenación de nuestros cuerpos y la abolición del derecho a decidir sobre los mismos.

Ese disciplinamiento se manifiesta mediante leyes, y también a través de normas no escritas establecidas como mandatos culturales. Una de ellas es la de la maternidad: la maternidad como destino, como única posibilidad de realización de las mujeres. En esa concepción de la “mujer=madre” podríamos encontrar el origen de los obstáculos que enfrentamos para acceder y desempeñarnos a la par de los varones en  la esfera pública.

En mi opinión, es la imposibilidad de tolerar que se ponga en cuestión dicho modelo cultural, y no la pretendida defensa de la vida, lo que impulsa a los sectores corporativos a oponerse a la legalización del aborto. Al intentar perpetuar el rol de la mujer=madre ignorando, descalificando o agrediendo a aquellas que pretenden tener autonomía sobre sus cuerpos, invisibilizándolas mediante la sacralización del embrión o feto, ejercen una violencia indirecta, sutil, que reproduce estereotipos, valores y mensajes con el fin de mantener la inequidad de género y la dominación sobre las mujeres. Concretamente, es pura y dura violencia simbólica (Ley 26.485, Artículo 5 inciso 5) lo que obtura la legalización del aborto.

 

Y es esa misma Ley 26.485 de Protección Integral, votada por unanimidad por este Senado de la Nación en noviembre de 2008, la que establece en su Artículo 6 inciso (d) que incurre en violencia contra la libertad reproductiva quien “vulnere el derecho a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos”. Ese derecho es transgredido actualmente en aquellas jurisdicciones donde los y las profesionales de la salud no brindan a las mujeres el asesoramiento necesario respecto de su salud sexual, no proveen todos los medios anticonceptivos o, como en algunas situaciones que han tenido notoriedad en las últimas semanas, dilatan, dificultan y hasta niegan la realización de la ILE en los casos de embarazos producto de violación, inclusive a niñas preadolescentes.

Finalmente, es pertinente señalar que en la norma arriba citada ha sido este Congreso Nacional quien ha legislado una modalidad de violencia de género, la violencia institucional, que impone a sus integrantes que no retarden, obstaculicen o impidan el ejercicio de nuestro derecho a la libertad reproductiva. En ese marco entiendo que, en tanto se mantenga criminalizado el aborto, el Poder Legislativo Nacional continuará violentando los derechos humanos de las mujeres, esto es, de la mayoría de la población de la República.

Por lo expuesto hasta aquí, es que las y los invito a votar afirmativamente y sin modificaciones el proyecto de interrupción legal del embarazo que ha sido aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.

¡Que sea ley! Atentamente,

Perla Prigoshin

Abogada T26 F630