Desaguisado supremo o la independencia de la Corte del Estado

Zaffaroni en el acto de reconocimiento realizado en la UNSAM en diciembre de 2014 tras su renuncia a la CSJ 

Explicado con la claridad y contundencia que lo caracterizan, Raúl Zaffaroni, ex Juez de la Corte Suprema de la Nación -quien presentó su renuncia a la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner al cumplir la edad para jubilarse y hoy ejerce como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, desarma la falacia de la última resolución de Lorenzetti, Highton y los nuevos integrantes "Clarín friendly", con la única excepción de Maqueda. Se trata de la delirante decisión de lxs supremxs de ignorar las resoluciones de jurisdicciones internacionales a las que el Estado argentino debe reconocimiento, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otras, so pretexto de que, de tener que hacer cesar los efectos de alguna de sus propias sentencias, el tribunal internacional obraría como  una cuarta instancia. Un verdadero mamarracho jurídico.
En su artículo publicado hoy en  la Agencia Paco Urondo,
Zaffaroni  explica que una resolución de la Corte Interamericana no revoca fallos de la CSJ ni de ningún tribunal nacional. No puede hacerlo. Lo que hace un fallo de estos órganos judiciales - no son solamente sentencias además sus intervenciones, por cierto- internacionales es acarrear sanciones al Estado argentino.
Según la Constitución Nacional en el Estado los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son independientes, pero no lo son del Estado, quien es el único sujeto que puede ser denunciado y sancionado como violador de los derechos humanos. Por eso, el modo en que la Corte haga perder eficacia a una sentencia porque de no hacerlo el Estado, del cual es parte el Poder Judicial, es quien paga las consecuencias, no es algo que le importe al organismo internacional.
Observa Zaffaroni que cuando hay una decisión del tribunal internacional, la que sea,contra el Estado argentino, por violación a los derechos humanos u otra, puede tratarse o no de una sentencia. Lo que se debe hacer como Estado es hacer cesar los efectos de la decisión que ha sido objeto de denuncia ante la Corte internacional. Nada que se le parezca a una instancia de apelación o de nulidad como sostiene la fundamentación de la CSJ.

La Corte no es independiente del Estado, de modo que si por una violación de derechos el Estado es denunciado y el caso, de acuerdo a tratados que ese mismo Estado ha revalidado y reconocido con rango constitucional, evidencia una actuación violatoria de esos derechos, debe arreglar la situación sin que la manera de hacerlo sea asunto de la CIDH, la Corte Penal Internacional, etc.
El fallo además de tramposo, implica un grave retroceso de nuestro país que ha sido ejemplo en el mundo en materia de juzgamiento de culpables de delitos de lesa humanidad, los cuales son precisamente delitos imprescriptibles, por ser la resultante del accionar delictivo del Estado.
Claramente, de mal en peor, nosotrxs, lxs ciudadanxs, asistimos a una sistemática destrucción de la organización de la vida política. La Corte Suprema se independiza así del Estado, dice Zaffaroni.
Se echa de menos a este jurista ejemplar, un docente y comunicador clave que supo señalar como pocas veces en alguien de su investidura, el carácter antidemocrático de la corporación judicial y de la Corte misma como poder por sobre los poderes que sí son sometidos al escrutinio popular, como el legislativo o el ejecutivo, cuando votamos periódicamente.
Zaffaroni se fue del cargo tal cual lo había prometido, y dijo en aquel acto multitudinario de reconocimiento en la Universidad de San Martín, que quería seguir trabajando para que jóvenes de las barriadas populares de América Latina pudieran ser jueces. Aseguró que seguiría trabajando desde otro lugar, abriendo caminos a otrxs para democratizar cada vez más la interpretación y la aplicación de las leyes que, lo sabemos nosotrxs y lo sufrimos cada vez más, las élites antimayorías saben manipular a su antojo.