Momentos
Con motivo de la aceptación de
mi renuncia, al cargo de Juez de Cámara Federal, por parte del Sr. Presidente
de la Nación, se imponen algunas breves líneas a modo de cierre de una etapa
personal y profesional. A lo largo de 25 años ejercí la magistratura como juez
de Cámara por concurso -10 en San Carlos de Bariloche y 15 en La Plata-.
Durante ese cuarto de siglo, jamás sentí presión alguna de parte del Estado
Provincial o Nacional, debiendo tenerse en cuenta que diversos gobiernos con distintas
orientaciones políticas han regido esos años los destinos del país. Las
presiones, amenazas y agresiones, personales, familiares y de colaboradores,
han sido siempre desde los mismos sectores violentos que llevaron adelante el
proyecto económico que en los años 70 utilizaron el Terrorismo de Estado para
imponer dicho designio. Con ese objetivo, necesitaron disciplinar a la
sociedad, para lo cual, como quedó probado en la justicia, secuestraron,
torturaron, robaron identidades de niños, se apropiaron de empresas
millonarias, asesinaron y desaparecieron a decenas de miles de personas en una
orgía de sangre que no tiene otro nombre que genocidio.
Luego de 20 años de impunidad,
una luz encendida desde el propio Estado comenzó a iluminar el camino de la reparación,
y por primera vez en el mundo, tribunales del propio país en el que se cometió
el genocidio, comenzaron a juzgar y condenar a los responsables materiales. En
una progresión incontenible, se llegó a trascender a los asesinos y
torturadores de mano propia y se avanzó sobre los cómplices civiles. Ese
avance, que avizoraba la suerte de diversos sectores responsables desde el
inicio del proceso asesino, encendió una alerta mucho más fuerte que el
juzgamiento de miembros de fuerzas de seguridad. Los procesos sociales de
justicia “real” respecto de crímenes de masas, no se detienen en los
ejecutores, sino que llevan naturalmente a investigar y eventualmente a
castigar a sus verdaderos jefes, economistas, abogados, sacerdotes, jueces y
empresarios, sin los que jamás se podría haber llevado a cabo el proceso
genocida. Claro está que los sectores mencionados no incluyen a aquellos
sacerdotes, políticos, empresarios y jueces, que se opusieron horrorizados a la
barbarie asesina de ese proceso. Por supuesto también que quienes, integrando
cualquier categoría social de las mencionadas, se enfrentaron a los mercaderes
de la muerte, corrieron la misma suerte que los miles de obreros, estudiantes,
docentes y dirigentes que pagaron con su vida o el exilio enfrentar con
dignidad la violencia de los tiranos.
Hoy con dolor, debo hacer
público, que por primera vez en más de tres décadas de vigencia institucional,
se percibe que el Estado avanza sobre jueces y fiscales de la nación.
Valiéndose de los mismos medios
de comunicación que llevan a cabo sus operaciones en papel manchado de sangre,
anuncian a través de algunos periodistas, en no menos ensangrentados canales de
televisión, la suerte de los magistrados seleccionados. Luego, sin que la
verdad tenga importancia alguna, con burdas mentiras y difamaciones bizarras,
se ponen en marcha los mecanismos legales para llegar -con métodos ilegales-, a
los fines propuestos. Todo ello, a fin de evitar que el proceso actual continúe
mostrando a la sociedad las complicidades civiles que excedan a los uniformados
y expongan legal, ética y materialmente, a quienes gozaron durante décadas no
sólo de la impunidad que la tradición les garantizó, sino además, de las
inmensas fortunas obtenidas tanto con el proyecto económico que sostuvieron,
como con la rapiña de las empresas y bienes de los que se apropiaron bajo
tortura y que les permitió disponer de los ríos de papel en los que volcaron y
vuelcan hoy sus operaciones de prensa.
Se podrán deshacer de algunos jueces y fiscales,
pero jamás podrán manchar 33 años de democracia, de desenmascaramiento de
asesinos y cómplices, de repudio al terrorismo de Estado y del irreversible
camino hacia la verdad, la justicia y la memoria que la inmensa mayoría del
pueblo argentino decidió transitar.
Carlos Rozanski
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