Nuevo intento por el reclamo justo por el aborto legal

Historia de una causa justa

Este proyecto, a diferencia de los anteriores que fueron sistemáticamente obstruidos en comisiones, con artimañas reglamentarias que disfrazaban la cobardía y pactos ajenos al problema de fondo, vuelve a presentarse con novedades en su articulado y el respaldo de varixs legisladorxs de diversos partidos incluyendo entre las 34 firmas, las de representantes de Cambiemos.
Haciendo un poco de memoria, la última iniciativa que llegó a ser acompañada por más de cincuenta firmas logró  tratarse en comisión pero una operatoria que motivó un escándalo impidió el dictamen necesario y perdió finalmente estado parlamentario.En noviembre de 2014 en la Comisión de Legislación Penal, la entonces Diputada Nacional Patricia Bullrich, a cargo de la presidencia de esa comisión,  se valió de una maniobra para alegar no hubo quórum para poder emitir dictamen sobre el proyecto entonces presentado. Ella misma alguna vez supo presentar un proyecto a favor de la IVE junto a Graciela Fernández Meijide. Pero en 2014 hizo gala de una bajeza repudiable. El día previsto llamó a la reunión de comisión en dos tandas, una a las 15 horas para tratar otro tema en una sala, y la otra a las 17.30 horas para discutir el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en otro salón. Para la primera convocatoria no hubo quórum y Bullrich entonces sostuvo que tampoco lo tuvo la reunión que durante casi cuatro horas, discutió la propuesta con más de una treintena de oradores.

Mientras tanto, y según datos oficiales, la realidad sigue golpeandonos: 
 
Un tercio de las muertes maternas obedecen a consecuencias de abortos.
En Argentina se  realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año.
En 2014, murieron como consecuencia de un aborto inseguro 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012.

Entre las idas y vueltas, el consenso social a favor de la despenalización del aborto en nuestro país crece. Los textos presentados fueron ganando también firmas de modo progresivo. Un precandidato presidencial se declaró abiertamente a favor de la despenalización y el último Ministro de Salud del kirchnerismo, Daniel Golián, ni bien asumió se manifestó por al cumplimiento de la ley de abortos no punibles y destacó la experiencia uruguaya en la materia. El país hermano despenalizó el aborto y articuló en su sistema sanitario una red de consejerías.

Mañana, jueves 20 de junio, se presentará un texto modificado para saldar esta deuda que la democracia argentina mantiene con las mujeres y niñas, deuda por la cual se reiteran las violaciones a sus derechos humanos, se vulnera el derecho a la salud, perpetuando la clandestinidad que mata. Este proyecto que vuelve a la carga incorpora en su articulado aspectos novedosos derivados del contexto presente a partir de derechos conquistados y heredados por la etapa kirchnerista. El texto está en sintonía con las reformas del Código Civil y Comercial y la Ley de Identidad de Género, la ley 26.061 de protección integral de la niñez y adolescencia, la ley 26.485 de protección integral contra las violencias hacia las mujeres, y otras normativas de derechos humamos a las que el Estado argentino debe ajustarse.


De Dindartes y Lopérfidos

El nuevo contexto a partir del cambio de gobierno supone un fuerte acento antiderechos, ejemplificado en el desguace de áreas claves del estado en la atención y promoción de la salud de las mujeres, o en la marcha regresiva en la agenda pendiente para las mujeres con emblemática figura de Julián Dindart en la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Congreso. Pero la justicia del reclamo y la solidez de la constitucionalidad del derecho que reconoce, como lo afirma siempre de modo magistral Nelly Minyersky, impulsa un nuevo intento para despenalizar el aborto que vuelve al ruedo, una vez más.
No será fácil sortear las maniobras de personajes claves en la selva legislativa, como el aludido Presidente de la Comisión de Familia Niñez y Adolescencia, el diputado de Cambiemos Julián Dindart; cuando era ministro de Salud de Corrientes había dicho que algunas jóvenes “se embarazan porque tienen un recurso económico como premio”.
Recordemos que Dindart se opuso al cumplimiento de lo establecido por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual sentó jurisprudencia sobre el cumplimiento del aborto no punible  avalando la interrupción del embarazo de una joven abusada por su padrastro. El Diputado de Cambiemos dijo luego que había sido víctima de una “operación de prensa”, pero, con notable incontinencia verbal,  volvió a decir que “las madres adolescentes que reciben una asignación por hijo buscan tener algún otro (hijo) para tener un poco más de dinero”. Pese al rechazo que provoca que alguien con estas credenciales ocupe esa comisión, que desde su denominación ya muestra el matiz conservador - asociando Familia-Mujer-Niñez- , igual se lo sostiene, como se sostiene a Darío Lopérfido en la gestión de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, avalando su discurso negacionista con respecto a los desaparecidxs por el Terrorismo de Estado (expresión prohibida en la Radio Nacional).
En el Congreso y desde varias fuerzas políticas, se intentó avanzar con pedido de impugnación a Dindart como titular de la Comisión que preside, pero fue rechazada en la primera reunión llevada a cabo después de seis meses, multitudinaria marcha Ni Un Menos incluída. Los argumentos para impugnarlo obedecen a que  los antecedentes de Dindart lo invalidan para tratar temas relacionados con los reclamos de las mujeres, y su participación en casos tan escandalosos como los de la nena wichí a la que se le negó acceso al aborto” afirmó la Diputada Nacional Soledad Sosa (Frente de Izquierda). La comisión ha demorado el tratamiento de temas tan urgentes como la declaración de emergencia en violencia de género. La Dipurada.del FPV Cristibna Älvarez Rodriguez manifestó a Página/12  que esta primera reunión de la Comisión fue "trágica" no sólo por esta demora sino por la actitud de lxs diputados de Cambiemos de retirarse y no tratar la declaración que venía del Senado aprobada por unanimidad.

Nuevas chances para viejas insistencias

Revisando, esperemos, errores tácticos y fragmentaciones funcionales a los Dindart que pululan agazapados y ahora están en lugares estratégicos, el movimiento feminista y la articulación transpartidaria,  puede conseguir que este proyecto llegue al recinto y a la discusión que obedece al mecanismo de la representación institucional de la voluntad popular.
Lo merece un texto que recoge y reajusta un reclamo legítimo.
Como se ha dado en oportunidades anteriores, juristas, activistas, profesionales y ciudadanxs de a pie han aportado argumentos de sobra. El año pasado, foros de discusión realizados en varias ciudades a lo largo de 2015 aportaron a la redacción de este nuevo proyecto de ley aprobado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en reunión plenaria en Paraná el 5 y 6 de marzo pasados. La comisión redactora estuvo integrada por Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Soledad Deza, Silvia Augsburger, Mabel Gabarra, Stella Maris Manzano, Nina Brugo, Alicia Cacopardo, Mónica Menini, Silvia Juliá, Carolina Comaleras y Cristina Zurutuza, especialistas reconocidas y militantes incansables de este derecho.

Algunos de esos cambios en el nuevo proyecto  son:
- Se contempla la situación de las personas trans con capacidad de gestar. 
- Amplía de 12 a 14 semanas el plazo para garantizar el derecho a la IVE, en línea con legislaciones de países europeos como España. Se establece en el artículo primero que: “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”.
- En casos de personas con “capacidad restringida”, el artículo 9no. establece que: “si la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley podrá prestar su consentimiento informado requiriendo si lo deseare la asistencia del sistema de apoyos previsto en el artículos 32 Código Civil y Comercial de la Nación. Si se tratare de una persona declarada incapaz judicialmente deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o a falta o ausencia de este, la de un allegado en los términos art. 59 Código Civil y Comercial de la Nación”.

Chances

Quién sabe si, pese al contexto regresivo que se cierne sobre el país desde diciembre pasado, se encuentren fisuras y espacios impensados para negociar algunos destellos de justicia. Quizás suceda, como sostuvo Dora Barrancos en su libro "Inclusión/Exclusión. Historias con Mujeres", se den chances inesperadas, paradójicas. En tiempos del memenismo cuando Argentina ante las Conferencias Internacionales de El Cairo y Beijing, se alineaba con el Vaticano en posturas contrarias al aborto y a la contracepción, el entonces Presidente otorgó el apoyo a la ley de cupo femenino para contener la demanda de legisladoras de diversos partidos "como una especie de permuta (..) profundizando derechos políticos versos la inopia en materia de nuevos derechos civiles y sociales".

Un pasito pa'delante y dos o tres pasitos para atrás, y quizás sea así, los cálculos que corresponden a las arenas de la correlación de fuerzas no pueden extenderse de modo matemático ni mecánico al funcionamiento de la otra política, la de la movilización callejera, la de las nuevas formas habilitadas por redes alternativas. Quizás se logre un avance desde un nuevo punto de partida complejo y difícil en el que los derechos deben ser defendidos con uñas y dientes porque no están asegurados de una vez por todas. De ahí la importancia de seguir adelante, y seguir reclamando con justicia más derechos, articulando desde las diferencias pero reconociendo claramente dónde se asientan, quiénes sostienen y cómo se vinculan entre sí los ejes antiderechos y negadores de la dignidad y libertad que se suponen y se declaman como inherentes a todo ser humano.