Perversiones: el caso de Dindart y de Lagos

Caso I

Julian Dindart designado al frente a la Comisión Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia en la Cámara de Diputados de la Nación.
Dindart se desempeñó como Ministro de Salud de la Provincia de Corrientes cuando obstaculizó el acceso al aborto legal a tres niñas de 10, 11 y 12 años, víctimas de violación. Ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso F.A.L.,Dindart - hoy Diputado Nacional- realizó declaraciones discriminatorias  asegurando que las niñas pobres "quedaban embarazadas para conseguir el recurso económico de la AUH" y explicitando su oposición a la histórica decisión del máximo tribunal que puso punto final al conflicto de interpretación violatorio de los derechos humanos de niñas y mujeres.
En enero de 2012,  otro ministro de salud, el entrerriano Hugo Cettour - quien ante otro caso donde se obstaculizó la interrupción del embarazo a una niña de 11 años que había sido violada se opuso a cumplir con la ley -  justificó su actitud porque para la niña no era para él un ser humano sino un par de ovarios que estaban listos para dar a luz. Entonces

el rechazo tomó la forma del escrache y se dió un debate intenso que  sin lugar a dudas, hoy debemos retomar al recrudecer la avanzada conservadora.
Cabe recordar que el fallo de la CSJ establece la correcta interpretación del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que ampara con la ley el aborto realizado a demanda de la mujer cuando el embarazo que se interrumpe es resultado de una violación. A la interpretación restrictiva de ese inciso, según la cual la violación debe haber sido cometida contra una discapacitada mental, el fallo opone la insensatez de esa distinción. El artículo 86 distingue entre la violación de una mujer sana y el “atentado al pudor” contra una persona discapacitada mental, en cuyo caso se sobrentiende que no está en cuestión el consentimiento, y se precisa la autorización de su tutor legal para abortar. Pero habitualmente se fuerza la puntuación del artículo para circunscribir la legalidad de aborto al caso de la violación de una discapacitada.
Las resistencias al cumplimiento de este derecho y a lo establecido por la Corte es conocido y recurre a diversas maniobras, por lo que el Estado argentino ya fue encontrado responsable internacionalmente por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por no garantizar el acceso efectivo al aborto no punible. Porque de no sortear los obstáculos fácticos que persisten para los casos de interrupción legal del embarazo, el Estado está violando los derechos humanos de las mujeres e incumple los acuerdos internacionales que ha asumido exponiendo su responsabilidad ante la comunidad internacional.
Por todo esto, la designación de Dindart es inequívoca, evidenciando el recrudecimiento de la perspectiva sexista y violenta que vulnera los derechos que asisten a las mujeres y a las niñas. Diversas organizaciones están reuniendo firmas para rechazar a este personaje en un lugar tan importante como la Comisión de Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia de la Cámara baja. Por otra parte, es necesario repensar los compromisos que conlleva la denominación de la comisión, que asimilan de un modo que merece alguna revisión crítica a "la mujer" con "la familia", "la niñez" y "la adolescencia". Pero esa es otra discusión...
Entre los fundamentos al repudio, estas organizaciones expresan: "La designación frente a esta comisión de un diputado que carece de la idoneidad suficiente para realizar su trabajo nos convoca a todas las organizaciones sociales que bregamos por la mejora real de las condiciones de vida que transitan mujeres y niñas en nuestro país. No podemos dejar pasar esta designación sin manifestar nuestro rechazo y preocupación por la poca importancia que se le dan a los derechos de las mujeres en la agenda parlamentaria nacional. No se puede garantizar una vida libre de violencia si se pone en lugares clave de decisión política a personas reconocidas por violar derechos y que han públicamente manifestado su negativa a aplicar las leyes y tratados de derechos humanos que protegen a mujeres, niñas y adolescentes."

Las adhesiones se envían a la siguiente dirección de correo electrónico:
programareddemujeres@gmail.com
 
Caso II
Francisco Lagos fue nombrado al frente del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación.  Como subteniente de Caballería del Ejército tuvo a cargo la seguridad del hotel Hyatt y de la misión de Naciones Unidas en Argentina. Su perfil se relaciona a la seguridad policial. Lo que no se dice es que es el hijo del coronel retirado Luis Hilario Lagos, ex profesor de la Escuela de las Américas desde donde los Estados Unidos formaron a los ejercitos latinoamericanos en la doctrina de seguridad nacional en los años 70. Si bien, como lo señala Alejandra Dandan hoy en Página/12, el antecedente del padre no recae en el hijo, es significativo que el gobierno nacional decida colocar al frente a un Programa que hasta el pasado diciembre estaba enfocado particularmente en el sostenimiento de la política de memoria verdad y justicia en relación a los crímenes de lesa humanidad, clave para la prosecución de los juicios, a una persona como Francisco Lagos.

Lxs sobrevivientes expresaron su inquietud: "Que una persona que estuvo en el Ejército sea el responsable de las políticas de Protección al Testigo es para nosotros una medida de in-seguridad” (Enrique Fukman, sobreviviente de la Escuela Mecánica de la Armada).
“Las víctimas necesitan tener una garantía sobre su seguridad porque estamos expuestos permanentemente.  Durante estos años, el caso de Julio López nos cambió la vida porque se trató de un sobreviviente desaparecido en democracia. Eso dio origen a las políticas de protección que este nombramiento pone en duda porque sobre todas las cosas tiene un efecto simbólico: el nombramiento de un militar en el área de protección de testigos lo que te genera es mayor inseguridad, es más genera un sentimiento de inseguridad plena” (Carlos Loza, sobreviviente del la ESMA).
Algunas personas comenzaron a retirarse del Programa.Señala Adriana Taboada, psicóloga y perito en los juicios de lesa humanidad, que : "específicamente en el Programa de Protección a testigos, la situación empeora con esta designación dado que quien solicita entrar al Programa es una víctima o familiar que por distintas razones siente su vida amenazada. Hablamos también del trauma social. ¿Cómo es posible pensar que las víctimas-testigos, protagonistas esenciales del proceso de justicia, puedan pedir protección si quien debe cuidarlos representa a aquellos que lo dañaron y aún hoy mantienen el pacto de silencio? ¿Cómo sentirse confiado con quién representa a una fuerza golpista? Sabemos que durante la gestión anterior, el Ministerio de Defensa llevó adelante la modificación de los planes de estudio en las tres Fuerzas Armadas, pero también sabemos que los cambios culturales e ideológicos son lentos, mucho más cuando no existe en esas fuerzas una motivación para el cambio.”
 Es evidente que no hay preocupación alguna por el impacto que tiene esta designación para el conjunto de testigos, sus efectos simbólicos en las víctimas, lo que merece el repudio social. No puede deberse a un descuido. Las prioridades en términos de agenda estatal comienzan a ser otras, la "corrupción" y la “guerra contra el narcotráfico”, por lo que podemos acordar que esta designación constituye un nuevo paso en el desplazamiento estatal respecto de las políticas de lesa humanidad. Como señala Dandan en su artículo, este nombramiento parece asociarse a otros, de personal retirado de las fuerzas armadas para ocupar cargos de dirección claves del Ministerio de Defensa.
¿Se está reconfigurando el pacto democrático que destina hace treinta años a las fuerzas armadas a la conducción civil?

Estas víctimas del terrorismo de Estado - así, una y otra vez, terrorismo de estado, plan sistemático implementado por las fuerzas armadas policiales y de seguridad- no son cualquier víctima, y en este sentido, recomiendo la lectura de varios artículos de, por ejemplo, Fabiana Rousseaux. Un nuevo vínculo con lo estatal implica un proceso complejo cuando ha sido el Estado quien no solamente no protegió a unx ciudadanx ante la tortura, el secuestro, la desaparición, la violación, sino que fue el principal responsable, amparado en la clandestinidad y auxiliado por complicidades mediáticas y la parálisis social. Ya en democracia, lo sabemos, el camino no fue fácil, desde el Juicio a las Juntas hasta la derogación de las leyes del perdón inconstitucionales pasaron años duros en los que se intentó en vano la desmemoria, la indiferencia y la apelación cómplice de "mirar hacia adelante" desconociendo lo que nos había acontecido, y sus causas.
Desde la vuelta de página impulsada desde 2004, y con los juicios y políticas estatales de memoria y democratización, la recuperación y señalización de sitios claves como la ex ESMA, por ejemplo, el impulso a la identificación de restos, la producción cultural y simbólica, el feriado instituido como Dïa de la Memoria del 24 de marzo, fue transformando decisivamente la democracia y la convivencia social porque repuso y sigue reponiendo el contexto del terrorismo de Estado, sus motivaciones y su impacto perdurable en el tejido social. La acción estatal desde el paradigma de los derechos humanos permitió la emergencia y visibilidad de otros delitos cometidos como formas de disciplinamiento - como los crímenes de orden sexual - que permiten significar hoy otras temáticas, entre ellas, la violencia de género. Una nueva sensibilidad y rechazo generalizado ante lo injustificable sienta los cimientos democráticos y estructura además la experiencia de quienes nacieron con posterioridad a los 70. Y de eso no se vuelve.

Por eso, lo que resulta perverso e indisumulable, es no solamente el retiro del Estado en áreas dedicadas al trabajo de esclarecimeitno y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad - aún en curso-, sino la brutalidad del ataque simbólico a una construcción colectiva en relación a los derechos humanos en la Argentina, movilizada por los organismos pero sin lugar a dudas dinamizada de modo crucial por los años de gestión kirchnerista.
"Uno de los logros de estos años fue justamente que el ingreso de las víctimas a los Programas también hablaron de una recuperación de la confianza en las estructuras del Estado. Todo esto es lo que está puesto en cuestión en este momento"  dice Dandan, y la histórica marcha del pasado 24 de marzo dió cuenta de la apropiación social de la memoria del terrorismo de Estado como una forma de distinguir la ilegitimidad de su funcionamiento durante las dictaduras y el rol que le cabe para asegurar la defensa de la dignidad humana, la prosecución de la justicia y su obligación de respetar la Constitución, sea cual sea el partido gobernante.
El discurso oficialista abandona la denominación "terrorismo de Estado" por ejemplo, prohibe el uso de tal expresión en la radio estatal y apela a una siniestra metodología:  rodear con personal policial o aún peor, hacer ingresar a policías de civil a las dependencias en conflicto, enviarlos a expulsar a trabajadorxs, o utilizarlos como barrera que  impida el acceso a su lugar de trabajo a quienes están siendo despedidxs.
Todas estas escenas que se han vuelto corrientes desde la asunción de Macri tocan una fibra sensible
del imaginario colectivo. La Marcha del pasado 24 también articuló la problemática de los despidos, la censura, el arreglo financiero con los buitres, con la persecución ideológica y el intento de reimplantar un discurso que banaliza lo ocurrido en el pasado reciente, en el momento en el que deben avanzarse en las complicidades civiles en el terrorismo de Estado. Desde intervenciones o alusiones directas en pancartas y discursos, los móviles económicos de la dictadura cívico militar trazan vínculos entre quienes se beneficiaron con el exterminio y el disciplinamiento social a través del terror y los sectores que hoy se benefician ocn la feroz transferencia de recursos que el macrismo ha facilitado en estos poco más de 100 días de gobierno.