Hugo Cañón falleció ayer en un accidente de tránsito cerca de Olavarria. Su pérdida se siente de manera muy especial en este contexto oscuro. Para aquellxs funcionarixs dignos del Poder Judicial - que los hay- así como para sobrevivientes del terrorismo de Estado, para luchadorxs por los derechos humanos, y lxs ciudadanxs que valoramos el piso democrático clave de memoria, verdad y justicia, esta muerte duele y deja un sabor muy amargo. De alguna forma ahonda de manera muy particular el pesar que provocan los gestos contundentes de la impunidad del verdadero poder en la Argentina, ahora en el gobierno. Resuena con los decretos que avasallan la ley de Medios, la gran afrenta a los mandamases que ganaron las elecciones pasadas.
Su partida cobra particular relevancia con la cirugía que se cierne sobre el sector indómito del poder judicial, las maniobras para reeditar la Corte adicta -como si no hubiera sido suficiente lo hecho hasta ahora-, la suspensión del Código Procesal Penal, mientras se vuelve a endeudar al país, a rifar YPF, a transferir la riqueza a los sectores más concentrados cuyos gerentes están sentados en los escritorios de ese Estado que detestan si no se sirven de él para enriquecerse aún más todavía.
Hugo Cañón era un insustituible. Cabe recordar, para quien no lo sepa, que se recibió de abogado en la Universidad de La Plata y en 1986 fue designado Fiscal General Federal de Bahía Blanca, puesto que honró con su investigación de
los crímenes de lesa humanidad de la jurisdicción del 5º Cuerpo del
Ejército y de la Armada en la zona de Puerto Belgrano. Su trabajo posibilitó que
la Cámara Federal de Bahía Blanca indagara y dictara prisiones preventivas
a jefes del Cuerpo V de Ejército en 1987.
Planteó entonces la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final argumentando que: "Es una norma vulnerable
porque importa una excepción al principio de igualdad ante la ley, e
importa resolver por decreto una suerte de amnistía. Es absolutamente
contraria al ordenamiento jurídico"
En 1989
sostuvo la inconstitucionalidad de los indultos de Carlos Menem.
Afrontó, además de la permanente campaña de los colaboradores de la dictadura del diario La Nueva Provincia, un sumario y un pedido de cesantía por parte del Ejecutivo a cargo del riojano. Lejos de aflojar y ya durante el gobierno de la Alianza, volvió a impulsar las investigaciones por crímenes de lesa
humanidad en el marco de los Juicios por la Verdad.
"Los juicios por la verdad
surgieron como una obligación del Estado argentino frente a organismos
internacionales, que establece que debe darse respuesta al destino de
los desaparecidos, por ser crímenes de lesa humanidad e
imprescriptibles. El espacio de investigación quedó acotado por las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos. Pero pese a
ello, existe la obligación de averiguar cuál fue el destino de los
desaparecidos, dónde están sus cuerpos, para que las familias puedan
elaborar sus duelos como corresponde, de acuerdo a los rituales de cada
una. El proceso penal no se agota en la punición y la condena, sino que
se busca establecer cómo sucedieron los hechos desde el momento del
secuestro, el traslado a los centros clandestinos de detención y la
eliminación física de los desparecidos" sostuvo en una entrevista concedida a La Voz del Pueblo.
Prestó testimonio ante la Audiencia Nacional de España cuando
Baltasar Garzón, invocando el principio de justicia universal, juzgó en ese país lo que no podía juzgarse en Argentina, justamente porque los crímenes de lesa humanidad son una afrenta tan grave que atraviesa fronteras si la justicia no se aplica en una jurisdicción nacional.
Formó parte de la Comisión de
Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal y trabajó con fiscales
italianos en el marco del Plan Cóndor. Recibió el premio
Justicia Universal otorgado por la Asociación Argentina Pro-Derechos
Humanos de Madrid (2000).
Se desempeñó como docente y tras retirarse del Poder Judicial, participó en política en las filas de Nuevo Encuentro.
La Universidad Nacional de La
Plata le otorgó un reconocimiento a la trayectoria y el compromiso con la defensa
de los derechos humanos (2006) y la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires lo distinguió como Personalidad Destacada de los Derechos
Humanos (2007) por ser el único fiscal del país que 20 años antes había
impugnado la ley de obediencia debida.
Lo que puede un hombre, una convicción, un compromiso, no pueden los mercenarios.
Hemos perdido a un insustituible. Muchxs festejarán, muchxs lo lloramos en estos tiempos duros y difíciles donde habrá que aguantar y más que resistir, organizar(nos) de nuevo.
Que su legado, el de una vida pero, el de ese gesto solitario cuando impugnó la indecencia cobarde de la impunidad, contra todo, sea siempre para todxs un mojón en el camino.
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