El Archivo, la memoria, los derechos humanos y el ¿nuevo? paradigma

Es gravísima la intervención - no es el desplazamiento de alguien en este caso, de Horacio Pietragalla, de un cargo simplemente- del Archivo Nacional de la Memoria.
La conducción del mismo, desde su inicio, por voluntad política de Néstor Kirchner y durante toda la política de derechos humanos  que transformó el centro clandestino en un Espacio de Memoria y Derechos Humanos vivo y diverso albergando distintas pertenencias y expresiones, tuvo el consenso de los organismos defensores de los derechos humanos.

El ANM es un tesoro de pruebas documentales para los juicios de lesa humanidad y un acervo precioso acerca de nuestro pasado reciente.

Allí están, por ejemplo, y lo recordó Pietragalla en el acto del 9 de enero pasado, las sandalias rotas de Olga Marquez de Aredez, quien resistió sola en Libertador Gral. San Martín (Jujuy) dando la vuelta a la plaza denunciando los crímenes del Ingenio Ledesma. 

 Como las Madres, las Abuelas,como  todas estas luchadoras, el pueblo que no se olvida, demandamos, al gobierno y a su "nuevo paradigma", pero también a una sociedad que no puede mirar, nunca más, para otro lado, No a la intervención.









No al ¿nuevo? paradigma en derechos humanos.

Se supo ahora que además, quieren desalojar,  y en sintonía con la criminalización de la protesta social - la detención de Milagro Sala- al Mov Memoria y Organización, expresión artística que está realizando el monumento a la mujer originaria en el Espacio Memoria y Derechos Humanos. El MMO será donado a la CABA; no tiene subsidio alguno, mientras de la mano de Andrés Zerneri, convierte el bronce donado desde todas las provincias argentinas en ese homenaje y símbolo largamente esperado, las primeras víctimas del ejército argentino.

No al olvido. 
Por más verdad y justicia.
No, no y no  a la intervención de la memoria que mantiene presentes los crímenes de lesa humanidad y permite que no se repitan nunca más, protegiéndonos a todxs de cualquier atropello de los derechos inalienables inherentes a todo ser humano, y que no puede ningún gobierno puede vulnerar.
 

Libertad a MIlagro, presa política

Milagro hoy, cualquiera, mañana. Todo aquel y toda aquella que resista lo indignante y lo injusto, puede ser como lo han sido tantxs otrxs, perseguidx y calumniadx por luchar. Es inaceptable el procedimiento, tramposo y mentiroso, que dió lugar a la detención de Milagro y es inaceptable, con tantas masacres frescas, con el recuerdo de Pocho Lepratti en 2001 y tantxs como él, la criminalización de la protesta social.
La vulneración de derechos irrenunciables, intolerable, la vulneración de los derechos de cualquiera.
Milagro Sala, dirigente de la Túpac Amaru, no es solamente una líder social, mujer y colla. Es además objeto de un odio muy profundo y viejo, reciclado y persistente, que ahora se agrava dada la intención del gobierno - no solamente de un ejecutivo provincial y su tribunal superior ampliado a piacere- de demonizar toda acción colectiva y organizada que intente resistirlo.
Ante la irregularidad de la detención de Sala, organizaciones como el Cels, Amnistía Internacional y colectivos de mujeres presentaron sendos habeas corpus exigiendo la liberación inmediata de la dirigente. Solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los colectivos Ni Una Menos, Red de Mujeres, Mujeres Alerta y Acción Emergente lo hicieron en el Juzgado de Instrucción N° 14 del Palacio de Justicia de la CABA, a cargo del Dr. Ricardo Luis Farías, exigendo además el respeto a su integridad física. 

Hasta el momento, el Consejo Nacional de las Mujeres tanto como otros colectivos en defensa de los derechos de niñxs y adolescentes, que claman contra la violencia de género parecen  mostrar reticencias a la hora de contextualizar el ataque o vulneración de derechos que presenta este caso. Milagro Sala, colla, negra, india, líder, diputada electa al Parlasur, presa política, presa por hacer lo que deberían tal vez estar haciendo más de un sindicalista ante la ola indiscriminada y aleccionadora de despidos por motivos ideológicos. En esta situación hay violencia de género y esta violencia es una violencia disciplinadora. Toda violencia de género obedece a un problema social y sistémico, más allá de la persona agredida y su agresor. La reducción a lo individual en estos casos es una visión recortada y parcializada, que no permite comprender ni mucho menos entonces combatir las causas de la violencia de género. Algunos silencios elocuentes parecieran demostrar que para algunas feministas y luchadoras, esta violencia contra la cual en junio se manifestaron miles de personas, se limita a una imagen estereotipada, o se desdibuja de acuerdo a la pertenencia ideológica, social o étnica de quien se trate. Reducir la violencia de género a un "caso" personal disculpa a la larga a lxs responsables indirectos, deja en pie los valores sexistas que la alimentan, y conceden a la domesticación de las mujeres que se organizan y luchan por su dignidad, su trabajo, siendo grandes líderes. 

Alojada en una celda mínima, Sala sigue respaldada por el acampe de la Tupac, referentes de varias fuerzas políticas, y quienes saben muy bien de qué se trata esta medida por demás arbitraria y disciplinadora.  Hoy, diputadxs nacionales que viajaron a Jujuy a entrevistarse con la fiscal que lleva adelante la causa, casi no fueron recibidos, se registraron maltratos por parte de la policía adentro de la oficina. Tras una breve entrevista Leo Grosso, Diputado FPV del parlamento Unasur - colega de Sala, elegida al Parlasur en las pasados comicios-, manifestó sin ambagues : "Quedó claro que esta fiscalía es una delegación del gobierno de la provincia". 

Una lógica perversa

En la columna que publica la Agencia Paco Urondo, Mauro Benente analiza los motivos profundos y las inconsistencias de forma de la orden de detención de la dirigente Milagro Sala, quien ni siquiera había sido procesada y sin embargo fue detenida en una causa en la que se la acusa de instigar a cometer delitos y tumultos.


El texto de la orden de detención "parece indicar que si convocar a una protesta implica instigar a cometer delitos, todas y todos que alguna vez hayan organizado una convocatoria pública deberían ser investigados y eventualmente condenados. Y en esta lista deberían encontrarse no solamente los referentes de movimientos sociales, sino también –y sólo a modo de ejemplo- los fiscales que hace un año organizaron un corte de calles para repudiar la muerte del fiscal Alberto Nisman."

La orden se funda, sigue Benente, "en las obstrucciones al proceso desarrolladas por Milagro Sala, y en la flagrancia de sus acciones". Los argumentos son insuficientes para una privación de libertad y de criminalización de la protesta : "(...)se afirma que no haber levantado el campamento indica que Sala no se ajusta a la ley y está entorpeciendo la investigación, argumento que es problemático porque si se la acusa de organizar el acampe, mantenerlo no impide que se siga investigando cómo se lo organizó". Continuar con el campamento constituye una flagrancia que habilita la detención; pero Sala ni siquiera se encontraba en el acampe al ser detenida. Más allá de que la pésima fundamentación de la orden desde lo jurídico, lo interesante del análisis de Benente apunta a otros aspectos que explican lo que esta situación entraña.
El mamarracho judicial jujeño ni siquiera menciona la protesta ni tampoco la describe en la orden de detención."De la lectura del relato surge que el 14 de diciembre de 2015 Milagros Sala organizó un campamento en una plaza pública y en las calles aledañas, pero de la narración no surge si se trata de un campamento en protesta de nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Morales o se trata de un campamento de una colonia de vacaciones. No se menciona ninguna dimensión política de estas acciones colectivas, excepto que con ellas se busca “lograr un efecto intimidante y desestabilizador.” 
Lo más importante es el proceder para la criminalización de la protesta, cuyo primer paso "parece haber sido, directamente, borrar toda huella de protesta y presentar las acciones como simples delitos."

Benente se enfoca en dos aspectos del proceso judicial y de la orden de arresto que se inscriben en "la construcción política, estética y discursiva de Cambiemos"; además de lo alarmante que resulta que el propio Gobernador Morales promueva la denuncia, se actúa en sintonía perfecta con el gobierno nacional que "no dialoga sino que envía las fuerzas de seguridad" sin abandonar su "estética publicitaria del diálogo"."Es una lógica de "ocultar mostrando", dice Benente.

Y además, el neoliberalismo antes en el poder y ahora, en el gobierno y en el poder, podemos agregar, se apoya en el egoísmo constitutivo de los sujetos políticos a los que se dirige Cambiemos. Benente apunta al individualismo de una subjetividad para la cual es inconcebible lo colectivo, y por eso la interpelación individualista de la campaña electoral, se continúa en el estilo presidencial; ni actos masivos, ni apelaciones a ningun sujeto colectivo. No extraña entonces, que la organización de una protesta sea criminalizada. Llevar adelante cualquier acción colectiva, pensar desde lo común "parece atentar contra las premisas políticas y discursivas del individualismo pregonado por Cambiemos. Frente a la organización política, la solución brindada se ajusta incluso a la gramática de las fuerzas de seguridad: dispersar." concluye Benente.

Milagro Sala es una presa política.
La acción represiva y disciplinadora  es indisimulable. La revancha ante el poder de convocatoria y la fuerza de una organización como la Tupac es tan evidente, que hasta han cortado el agua de las piletas que en los barrios supieron construir, las cuales, son especialmente significativas, como Milagro lo explicó tantas veces: por el racismo y la soberbia clasista ellxs, lxs originarixs, lxs negrxs, no podían entrar, ni siquiera a las municipales. Y construyeron esa dignidad y esa alegría, como las casas y los barrios.

Como dice Benente, solamente los oídos individualistas egoístas aislados de todo contexto, que recortan la situación personal del modelo económico en cuestión, que rehúyen el conflicto que toda administración de los recursos públicos y los objetivos de una gestión entrañan para evitarse el planteo concreto de las pujas del poder real, pueden sostener esta farsa.

Háganse cargo

Háganse cargo quienes votaron al macrismo que no votaron políticos, votaron a brazos ejecutores de los designios del verdadero poder en la Argentina, el multimedio. Que se hagan cargo del avasallamiento de la libertad de expresión, la persecución ideológica y el disciplinamiento de todas las voces independientes. Durante los doce años de kirchnerismo no se acalló a nadie, se votó en el Congreso Nacional una ley consensuada y preparada durante años previos, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual se frenó con la judicialización del artículo que establecía la desconcentración del monopolio del Grupo Clarín. El kirchnerismo se bancó todas las operaciones y cadenas de cable en contra hasta el último día. Ahora, que echaron a Víctor Hugo Morales de Radio Continental, que controlan los medios públicos, ¿ni siquiera se tolerarán, como para disimular, algunas voces opositoras a Clarín? Esto es muy grave. Haganse cargo.

Multitudinaria manifestación por la reapertura del Congreso

Manifestantes, autoconvocadxs por las redes sociales y diputadxs del Frente para la Victoria reclamaron ayer en el Congreso de la Nación la reapertura del Congreso y sesiones extraordinarias, en una movilización multitudinaria ignorada por la mayoría de los medios de comunicación.

Mediante un Comunicado, el bloque del FPV PJ exigió al Presidente  Macri la convocatoria del Congreso Nacional a Sesiones Extraordinarias, expresando además su solidaridad y acompañamiento al reclamo generado a través de las redes sociales en ese sentido.
"Nuestro bloque viene reiterando el pedido para que se convoque a extraordinarias desde hace más de 20 días luego de que el presidente Macri, en una decisión abiertamente inconstitucional, intentó nombrar a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, sin el insoslayable aval del Senado de la Nación. De hecho continuamos en el análisis del modo de poder realizar la autoconvocatoria y en busca del apoyo del resto de los bloques que compartan nuestra opinión para su concreción. Queremos además que sea respetada la libertad ciudadana."
El texto apuntó además a otros decretos ilegales y violatorios de la Constitución Nacional y las instituciones de la República "que incluyen la reforma y hasta la derogación de leyes sancionadas democráticamente por este Congreso, la remoción de funcionarios también designados democráticamente por el Parlamento, y el intento de legislar por decreto en cuestiones penales –otra cuestión expresamente prohibida por la Constitución en su artículo 99-. Todo esto sumado a que muchas disposiciones se aplicaron de facto, antes incluso de su publicación en el Boletín Oficial y desoyendo medidas judiciales."

Es necesario y urgente, agrega el comunicado, "que el Congreso se reúna para validar o rechazar esta batería de decretos", tal como lo dispone la CN y "para legislar en toda cuestión que el Ejecutivo considere pertinente". Pero para reunir a las Cámaras no basta con la voluntad de lxs diputadxs, ya que fuera del periodo ordinario de sesiones –como nos encontramos hasta marzo-, el art. 63 de la CN establece que “pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación"  y esto no se ha producido.
Mientras tanto, como las autoridades de ambas Cámaras se niegan a firmar actos administrativos, se asiste a "una virtual disolución del Parlamento" . Citan como casos la designación del titular de la AGN inexplicablemente demorada hasta el 5 de enero o la firma pendiente para el segundo miembro del Consejo de la Magistratura que por ley le corresponde al bloque FPV PJ;  en lugar de esto,se intentó colocar a un integrante de un bloque minoritario - que varias medidas cautelares impidieron y que motivaron una denuncia penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó- en otro atropello gravísimo.
El comunicado señala además que así como Macri fue elegido para conducir el Poder Ejecutivo de la Nación, en octubre, fueron además elegidxs lxs representantes del pueblo en el Congreso, a quienes, desde el 10 de diciembre, no se los deja trabajar.

Lxs firmantes apelan además a lxs diputadxs de todos los bloques políticos "a que se sumen a este reclamo para que se nos permita cumplir con los derechos y las obligaciones que nos confiere la Constitución Nacional. A los dirigentes que se rasgaron las vestiduras en nombre de las instituciones y la República, los invitamos a abandonar el silencio cómplice y acompañarnos en la defensa de las instituciones y la República. A los legisladores de la alianza gobernante les pedimos que se saquen la careta y recuerden que fueron ellos quienes presentaron un proyecto para que el Congreso quede automáticamente convocado cuando se dicte un DNU. Al presidente de la Nación le exigimos que ponga fin al avasallamiento de las instituciones y convoque inmediatamente a sesiones extraordinarias."

Mientras vivimos esta situación de gravedad institucional digna de los tiempos de ruptura del orden constitucional, se registran miles de despidos de empleadxs estatales, la devaluación impacta en la canasta familiar,  aumentan los combustibles y  con la quita de subsidios a la electricidad y al gas se disparará el costo de vida. Si la esperanza es resolverlo en paritarias,  el titular de Hacienda ha advertido que conviene cuidar el trabajo antes que reclamar aumentos.

Los DNUs no se detienen, como tampoco las medidas que cesantean trabajadorxs, como los 600 del Centro Cultural Kirchner confirmadas ayer por Lombardi y resistidas por movilizaciones en el día de hoy, mientras también pararon los metrodelegados. Pero el circo de la fuga de las estrellas de la operación mediática contra Aníbal Fernández - candidato a Gobernador de la Prov. de Buenos Aires- se cierne como telón encubridor en las pantallas de los medios.

Y para ponerle más condimentos a la situación, un increíble fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que ha sido restablecido, nos obliga a volver a llevar documentos al salir de casa. Como en los otros tiempos de represión y censura.

Ante la denuncia de intervención del Archivo Nacional de la Memoria confirmada a los organismos de derechos humanos por Avruj, y que su legítimo titular, Horacio Pietragalla ha calificado como una medida que pone en riesgo las pruebas documentales que allí se resguardan acerca del terrorismo de Estado, se convoca a  otro abrazo que  se llevará a cabo este sábado 9 de enero a las 17 hs. en el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, ex ESMA.

Un insustituible

Hugo Cañón falleció ayer en un accidente de tránsito cerca de Olavarria. Su pérdida se siente de manera muy especial en este contexto oscuro. Para aquellxs funcionarixs dignos del Poder Judicial - que los hay- así como para sobrevivientes del terrorismo de Estado, para luchadorxs por los derechos humanos, y lxs ciudadanxs que valoramos el piso democrático clave de memoria, verdad y justicia, esta muerte duele y deja un sabor muy amargo. De alguna forma ahonda de manera muy particular el pesar que provocan los gestos contundentes de la impunidad del verdadero poder en la Argentina, ahora en el gobierno. Resuena con los decretos que avasallan la ley de Medios, la gran afrenta a los mandamases que ganaron las elecciones pasadas.

Su partida cobra particular relevancia con la cirugía que se cierne sobre el sector indómito del poder judicial, las maniobras para reeditar la Corte adicta -como si no hubiera sido suficiente lo hecho hasta ahora-, la suspensión del Código Procesal Penal, mientras se vuelve a endeudar al país, a rifar YPF, a transferir la riqueza a los sectores más concentrados cuyos gerentes están sentados en los escritorios de ese Estado que detestan si no se sirven de él para enriquecerse aún más todavía.

Hugo Cañón era un insustituible. Cabe recordar, para quien no lo sepa, que se recibió de abogado en la Universidad de La Plata y en 1986 fue designado Fiscal General Federal de Bahía Blanca,  puesto que honró con su investigación de los crímenes de lesa humanidad de la jurisdicción del 5º Cuerpo del Ejército y de la Armada en la zona de Puerto Belgrano. Su trabajo posibilitó que la Cámara Federal de Bahía Blanca indagara y dictara prisiones preventivas a jefes del Cuerpo V de Ejército en 1987.
Planteó entonces la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final argumentando que:  "Es una norma vulnerable porque importa una excepción al principio de igualdad ante la ley, e importa resolver por decreto una suerte de amnistía. Es absolutamente contraria al ordenamiento jurídico"

En 1989 sostuvo la inconstitucionalidad de los indultos de Carlos Menem.

Afrontó, además de  la permanente campaña de los colaboradores de la dictadura del diario La Nueva Provincia, un sumario y un pedido de cesantía por parte del Ejecutivo a cargo del riojano.  Lejos de aflojar y ya durante el gobierno de la Alianza, volvió a impulsar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en el marco de los Juicios por la Verdad.

"Los juicios por la verdad surgieron como una obligación del Estado argentino frente a organismos internacionales, que establece que debe darse respuesta al destino de los desaparecidos, por ser crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles. El espacio de investigación quedó acotado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos. Pero pese a ello, existe la obligación de averiguar cuál fue el destino de los desaparecidos, dónde están sus cuerpos, para que las familias puedan elaborar sus duelos como corresponde, de acuerdo a los rituales de cada una. El proceso penal no se agota en la punición y la condena, sino que se busca establecer cómo sucedieron los hechos desde el momento del secuestro, el traslado a los centros clandestinos de detención y la eliminación física de los desparecidos"  sostuvo en una entrevista concedida a La Voz del Pueblo.

Prestó testimonio ante la Audiencia Nacional de España cuando Baltasar Garzón, invocando el principio de justicia universal, juzgó en ese país lo que no podía juzgarse en Argentina, justamente porque los crímenes de lesa humanidad son una afrenta tan grave que atraviesa fronteras si la justicia no se aplica en una jurisdicción nacional.

Formó parte de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal y trabajó con fiscales italianos en el marco del Plan Cóndor. Recibió el premio Justicia Universal otorgado por la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos de Madrid (2000).

Se desempeñó como docente y tras retirarse del Poder Judicial, participó en política en las filas de Nuevo Encuentro.

La Universidad Nacional de La Plata le otorgó un reconocimiento a la trayectoria y el compromiso con la defensa de los derechos humanos (2006) y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos (2007) por ser el único fiscal del país que 20 años antes había impugnado la ley de obediencia debida.

Lo que puede un hombre, una convicción, un compromiso, no pueden los mercenarios.

Hemos perdido a un insustituible. Muchxs festejarán, muchxs lo lloramos en estos tiempos duros y difíciles donde habrá que aguantar y más que resistir, organizar(nos) de nuevo.
Que su legado, el de una vida pero, el de ese gesto solitario cuando impugnó la indecencia cobarde de la impunidad, contra todo, sea siempre para todxs un mojón en el camino.