Justicia Legítima ha emitido el siguiente comunicado:
"Asistimos con estupor a las declaraciones
del recién electo presidente de la Nación que reclaman la renuncia de
la Procuradora General de la Nación.
El pedido no es más que una intervención
en un poder autónomo, según designio constitucional, para el que la Dra.
Gils Carbó fue designada con acuerdo del Senado.
La remoción de un funcionario de ese
nivel sólo se puede producir, como en el caso de los miembros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía de juicio político.
Pretender que un cambio de gobierno
autoriza la remoción de la Procuradora General de la Nación sólo puede
enmarcarse en una lógica inconstitucional y antirrepublicana."
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