Comparto para su difusión y para adherir a sus expresiones, el siguiente comunicado del Colectivo de Trabajo sobre Historia Reciente:
La democracia se construye con verdad y con justicia
En
nuestra condición de investigadores de la historia reciente de la
Argentina, que desarrollamos nuestra labor en el CONICET y en diversas
universidades nacionales y extranjeras, queremos manifestar nuestra
preocupación por una serie de intervenciones producidas en diversos
ámbitos académicos – la Universidad Católica Argentina, la Universidad
de San Andrés- y la prensa gráfica –el diario La Nación- que
relativizaron la magnitud y cualidad de los crímenes y la represión
estatal durante los años setenta en la Argentina, cuestionaron los
juicios penales en curso contra perpetradores de violaciones a los
derechos humanos y propusieron a los procesados y condenados por estos
abusos como víctimas de un poder arbitrario. En paralelo, han demandado
la reconciliación y el perdón como fruto de una negociación entre verdad
e impunidad. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia argentina,
cuando la impunidad reina la verdad no aflora.
Consideramos que en
la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la
lucha del movimiento de derechos humanos y de las políticas públicas de
distintos gobiernos constitucionales, la trágica singularidad de los
crímenes cometidos por la última dictadura militar que procuró eliminar
la disidencia política con el orden social establecido.
Pensamos que
las políticas públicas para procesar las violaciones masivas y
sistemáticas a los derechos humanos han abarcado esfuerzos reconocidos
en el país y a escala internacional. La CONADEP constituyó la primera
comisión de la verdad exitosa a escala global, el Juicio a las Juntas
estableció la existencia de un plan represivo, sistemático e ilegal,
restauró la dignidad de las víctimas al reconocer su condición de sujeto
de derecho y repuso a escala internacional a la justicia penal como
herramienta para procesar las violaciones a los derechos humanos; se
otorgaron reparaciones económicas y simbólicas, diversos lugares
emblemáticos de la represión fueron instituidos como sitios de memoria y
este pasado forma parte del currículo educativo. En ese marco se
inscriben los juicios actuales en los que algunos de nosotros hemos
intervenido en calidad de peritos, testigos o mediante otras maneras a
requerimiento del poder judicial. Los juicios en curso, en los cuales
los acusados gozan de todas las garantías legales, comenzaron a poner
fin a una situación de impunidad contraria al derecho nacional e
internacional y reconocieron nuevamente la dignidad de los afectados. Su
efecto no ha sido sólo punitivo. Pusieron en evidencia la materialidad
de la represión en provincias que se imaginaban al margen de los
crímenes de Estado, iluminaron complicidades corporativas e
identificaron la sistematicidad de las violencias sexuales padecidas por
las/os cautivas/os en los centros clandestinos. En síntesis,
consideramos que los juicios forman parte de un conjunto de políticas
públicas que deben y merecen ser continuadas.

Como investigadores de
la historia reciente sabemos que la elaboración de la verdad no se
agota en la que producen los tribunales. Asimismo, entendemos que
corresponde que la voluntad y la acción del Estado en esta materia se
mantengan al margen de todo uso partidario, sectario o clientelar. El
acceso a los archivos públicos de la represión, reconocido en las
disposiciones que los constituyeron, no puede ser arbitrario o
discrecional. La configuración de los sitios de memoria, su uso, y los
relatos que guían a sus visitantes deben comprometer amplios procesos de
deliberación colectiva y excluir toda banalización o faccionalismo para
así evitar que la elaboración de la historia y el ejercicio de la
memoria queden presas de tutelas o monopolios.
Estas ideas forman
parte de nuestro compromiso como investigadores de la historia reciente
del país pero, también, como ciudadanos que entendemos que el
conocimiento de la historia argentina reciente continúa siendo una
empresa necesaria para iluminar este pasado que, por sus cualidades, nos
sigue interpelando como sociedad y porque comprendemos que, en ello, se
expresa nuestra voluntad para con la vigencia presente y futura de los
derechos humanos.
Colectivo de trabajo sobre Historia reciente
Gabriela Aguila (CONICET-UNR); Luciano Alonso (CESIL – UNL); Ana
Barletta (IDIHCS/UNLP); Ernesto Bohoslavsky (CONICET -UNGS); Vera
Carnovale (CONICET- CeDinCI/UNSAM); Jorge Cernadas (UBA-UNGS) - Crenzel,
Emilio (CONICET-UBA); Patricia Flier (IDIHCS/UNLP); Marina Franco
(CONICET-IDAES-UNSAM); Patricia Funes (CONICET-UBA); Garaño, Santiago
(CONICET- UBA-UNTREF); María Paula González (CONICET-UNGS); Jensen,
Silvina (CONICET-UNS); Emmanuel Kahan (CONICET-IDIHCS/UNLP); Laura Lenci
(IDIHCS/UNLP); Florencia Levín (CONICET-UNGS); Laura Luciani
(CLIHOS-UNR); Daniel Lvovich (CONICET-UNGS); César Mónaco (UNGS);
Alejandra Oberti (UBA); Alberto Pérez (IDIHCS/UNLP); Roberto Pittaluga
(UBA/UNLPam); Luciana Seminara (CLIHOS/UNR); Hernán Sorgentini
(IDIHCS/UNLP); Cristina Viano (CLIHOS/UNR)
Para adhesiones: colectivohistoriareciente@gmail.com
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