Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

En el Día de la  Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, este blog que ha argumentado tantas veces acerca del derecho a la vida de las mujeres victimizadas por la penalización del aborto y las violencias sexistas, comparte recursos existentes en el país para asistir a las mujeres.

Ni una menos...por los abortos clandestinos.

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia.

Sucesivos proyectos de ley presentados en el Congreso nacional no han logrado tratamiento en comisión - los obstáculos han sido puestos por diferentes partidos políticos tanto como los apoyos han sido otorgados con las firmas crecientes de diputadxs de las diferentes fuerzas-, lo que constituye una grave claudicación ante el lobby de la Iglesia Católica y los factores de poder provinciales, tan misóginos y recalcitrantes como en tiempos de la colonia.

Esta deuda es reclamada a lxs representantes del pueblo por un creciente sector de la sociedad que excede a las mujeres. La afirmación del  Estado laico y su deber ineludible de honrar las declaraciones internacionales que consagran los derechos humanos, fundamentan de sobra la necesidad de terminar con la victimización constante y la criminalización sacrificial de las mujeres, en particular las más pobres, que ponen las cifras mortales junto a las cifras del negocio del aborto clandestino. A este negocio no se lo menciona nunca en las proclamas cínicas antiderechos.

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia porque es una negación de la humanidad de las mujeres y niñas.

Mientras se logre, con la militancia sostenida, la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo a quienes se les niega el derecho a decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida, a quienes se les niega la educación sexual, la información pertinente y los métodos apropiados de anticoncepción pese a las leyes vigentes y que supimos conseguir con organización y lucha, las redes de solidaridad cumplen un rol fundamental.
 
En todas las provincias:

 “Línea aborto: más información menos riesgos” de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (011)-1566647070. Facebook: https://www.facebook.com/abortoconpastillas?fref=ts

En la provincia de Buenos Aires:  “Consejería aborto pre y post oeste” (011)-1536089036  Zona Oeste-La Matanza (Línea Movistar)/ Viernes de 18 a 20 hs en Franklin 228 – La Tablada.“Consejería Decidimos” (0221)-155361279 (La Plata, Berisso y Ensenada) (Línea Claro)/"Mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste” (011)-1568004560/ Consejería Pre y Post aborto de la “Campaña Nacional x el derecho al aborto legal, seguro y gratuito Zona Sur” 1126701491 (Línea Claro)/"Las Ran Cheras" (011)-1523280411 (Zona Norte)/ (0223)-153029614 (Mar del Plata) (Línea Movistar)/ socorristasbahia@yahoo.com.ar (Bahía Blanca)/ Necochea-Quequén (02262)-15503311 (línea Claro)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  “La Mestiza en Seamos libres” (011)-1561876023 (Línea Movistar). Consejería pre y post aborto sábados de 14 a 17 hs en Remedios 4985 (Mataderos)
 Consejería pre y post aborto de Nuevo Encuentro. Lunes de 18:30 a 21 hs en Sanchez de Loria 1149 (Boedo) y Scalabrini Ortiz 1276 (Palermo), los Martes de 18.30 a 21 hs en Tinogasta 3627 (Villa del Parque), los Jueves de 18.30 a 21 hs en Pichincha 694 (Balvanera) y los Viernes de 18.30 a 21 hs en Donato Alvarez 567 (Caballito)/Consejería de salud sexual y reproductiva para adolescentes en el Hospital Argerich, Py y Margall 750 (La Boca)/Consejería Pre y Post Aborto de la Asamblea de Villa Urquiza. FB:https://www.facebook.com/AsambleaDeVillaUrquiza  Mail: consejeria@riseup.net

En Chubut: Comarca Andina del Paralelo 42° (0294)-154311412 (Línea Movistar)

En Córdoba: “Socorro Rosa Córdoba” (0351)-155288977 (Línea Personal)

En Entre Ríos: “Línea aborto seguro Entre Ríos” (0343)-154724949 (Línea Personal)

En Jujuy: "Línea Rosa" (0388) 155841757 (Línea Claro)

En La Pampa: socorrismosantarosalpam@hotmail.com (Santa Rosa) (02954)-15239537

En Mendoza: “Malona Rosa” (0261)-152166007 (Zona Centro) (Línea Movistar)/"Malona Rosa” (0263)-154715307 (Zona Este)

En Neuquén:  “La Revuelta colectiva feminista”  (0299)-154722618 y también (0299)-4722618 (Líneas Movistar)/“Chos Malal” (02942)-15636997 (Zona Norte) (Línea Movistar)/(0299)- 154722618 (Junín de los Andes)

Rio Negro: Comarca Andina del Paralelo 42° (0294)-154311412 (Línea Movistar)  /El Bolsón (0294)-154-230615

En Salta: “Socorro Rosa Salta” (0387)-154864085 (Línea Claro)/"Géneros Patria Grande Salta" (0387)-155847800 (Línea Claro). Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, dirección San Juan 143.

En San Juan: “Las Hilarias” (0264)-155847481 (Línea Movistar)

En San Luis:  (0266) 154343794 (Línea Claro)

En Santa Fe: “Enredaderas” (03492)-15517734 (Rafaela) (Línea Movistar)/(0341)-156146625 (Rosario)/ (0342)-156309252 (Capital) (Línea Personal) forosantafecontralatrata@gmail.com

En Tucumán: “Tucumán-Socorro Rosa” (0381)-155889042 (Línea Claro)

El siguiente listado puede estar sujeto a rectificaciones.

Además, algunas páginas útiles:

Línea aborto: más información, menos riesgos (manual para descargar) https://www.facebook.com/abortoconpastillas?fref=ts


Acerca del correcto uso del misoprostol: http://nebula.wsimg.com/f7467bb21a591c137c8202a4691e0087



Y en casos de obstaculización del derecho al ANP la línea del Ministerio de Salud de la Nación : 
0800 222 3444 , línea nacional, gratuita y confidencial sobre derechos sexuales y reproductivos.
 

La democracia se construye con verdad y con justicia

Comparto para su difusión y para adherir a sus expresiones, el siguiente  comunicado del Colectivo de Trabajo sobre Historia Reciente:

La democracia se construye con verdad y con justicia
 
En nuestra condición de investigadores de la historia reciente de la Argentina, que desarrollamos nuestra labor en el CONICET y en diversas universidades nacionales y extranjeras, queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de intervenciones producidas en diversos ámbitos académicos – la Universidad Católica Argentina, la Universidad de San Andrés- y la prensa gráfica –el diario La Nación- que relativizaron la magnitud y cualidad de los crímenes y la represión estatal durante los años setenta en la Argentina, cuestionaron los juicios penales en curso contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos y propusieron a los procesados y condenados por estos abusos como víctimas de un poder arbitrario. En paralelo, han demandado la reconciliación y el perdón como fruto de una negociación entre verdad e impunidad. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia argentina, cuando la impunidad reina la verdad no aflora.
 
Consideramos que en la Argentina se ha establecido fehacientemente, como resultado de la lucha del movimiento de derechos humanos y de las políticas públicas de distintos gobiernos constitucionales, la trágica singularidad de los crímenes cometidos por la última dictadura militar que procuró eliminar la disidencia política con el orden social establecido.

Pensamos que las políticas públicas para procesar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos han abarcado esfuerzos reconocidos en el país y a escala internacional. La CONADEP constituyó la primera comisión de la verdad exitosa a escala global, el Juicio a las Juntas estableció la existencia de un plan represivo, sistemático e ilegal, restauró la dignidad de las víctimas al reconocer su condición de sujeto de derecho y repuso a escala internacional a la justicia penal como herramienta para procesar las violaciones a los derechos humanos; se otorgaron reparaciones económicas y simbólicas, diversos lugares emblemáticos de la represión fueron instituidos como sitios de memoria y este pasado forma parte del currículo educativo. En ese marco se inscriben los juicios actuales en los que algunos de nosotros hemos intervenido en calidad de peritos, testigos o mediante otras maneras a requerimiento del poder judicial. Los juicios en curso, en los cuales los acusados gozan de todas las garantías legales, comenzaron a poner fin a una situación de impunidad contraria al derecho nacional e internacional y reconocieron nuevamente la dignidad de los afectados. Su efecto no ha sido sólo punitivo. Pusieron en evidencia la materialidad de la represión en provincias que se imaginaban al margen de los crímenes de Estado, iluminaron complicidades corporativas e identificaron la sistematicidad de las violencias sexuales padecidas por las/os cautivas/os en los centros clandestinos. En síntesis, consideramos que los juicios forman parte de un conjunto de políticas públicas que deben y merecen ser continuadas.

Como investigadores de la historia reciente sabemos que la elaboración de la verdad no se agota en la que producen los tribunales. Asimismo, entendemos que corresponde que la voluntad y la acción del Estado en esta materia se mantengan al margen de todo uso partidario, sectario o clientelar. El acceso a los archivos públicos de la represión, reconocido en las disposiciones que los constituyeron, no puede ser arbitrario o discrecional. La configuración de los sitios de memoria, su uso, y los relatos que guían a sus visitantes deben comprometer amplios procesos de deliberación colectiva y excluir toda banalización o faccionalismo para así evitar que la elaboración de la historia y el ejercicio de la memoria queden presas de tutelas o monopolios.

Estas ideas forman parte de nuestro compromiso como investigadores de la historia reciente del país pero, también, como ciudadanos que entendemos que el conocimiento de la historia argentina reciente continúa siendo una empresa necesaria para iluminar este pasado que, por sus cualidades, nos sigue interpelando como sociedad y porque comprendemos que, en ello, se expresa nuestra voluntad para con la vigencia presente y futura de los derechos humanos.

Colectivo de trabajo sobre Historia reciente
 
Gabriela Aguila (CONICET-UNR); Luciano Alonso (CESIL – UNL); Ana Barletta (IDIHCS/UNLP); Ernesto Bohoslavsky (CONICET -UNGS); Vera Carnovale (CONICET- CeDinCI/UNSAM); Jorge Cernadas (UBA-UNGS) - Crenzel, Emilio (CONICET-UBA); Patricia Flier (IDIHCS/UNLP); Marina Franco (CONICET-IDAES-UNSAM); Patricia Funes (CONICET-UBA); Garaño, Santiago (CONICET- UBA-UNTREF); María Paula González (CONICET-UNGS); Jensen, Silvina (CONICET-UNS); Emmanuel Kahan (CONICET-IDIHCS/UNLP); Laura Lenci (IDIHCS/UNLP); Florencia Levín (CONICET-UNGS); Laura Luciani (CLIHOS-UNR); Daniel Lvovich (CONICET-UNGS); César Mónaco (UNGS); Alejandra Oberti (UBA); Alberto Pérez (IDIHCS/UNLP); Roberto Pittaluga (UBA/UNLPam); Luciana Seminara (CLIHOS/UNR); Hernán Sorgentini (IDIHCS/UNLP); Cristina Viano (CLIHOS/UNR)

Para adhesiones: colectivohistoriareciente@gmail.com

Del tucumanazo al golpe judicial en Tucumán: lo inadmisible para todxs lxs argentinxs

No es Tucumán, es el país, es la región. El intento destituyente no es contra un partido, es contra la democracia por la cual tanto tuvimos que luchar. Que ningún ingenuo se alegre.  Ellos, los golpistas, vienen “por todo” lo que hemos construido desde 1983, y por el futuro de nuestrxs hijxs.

La movilización del lunes 16 congregó a 70.000 personas, y constituyó la más grande desde 1983, festejando los resultados del escrutinio final que otorgó a Manzur más del 11 por ciento de los votos sobre la formula de Acuerdo por el Bicentenario.

Anoche, la decision de la Cámara tucumana que anuló las elecciones impactó por su burdo y grosero desprecio a las más elementales reglas de juego democrático. En un comunicado el Gobierno de tucumano anunció que no dejará firme la sentencia de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa que dictaminó la anulación de las realizadas y el llamado a nuevas elecciones. “El Estado interpondrá recurso de casación, considerando que el fallo atenta contra el sistema democrático de gobierno, ignora la voluntad del pueblo y genera un estado de incertidumbre y anarquía. Un verdadero golpe de estado judicial” afirmó el ejecutivo provincial.

Una Cámara a la cual no corresponde ni le compete ni dictaminar acerca de elecciones, se convierte en sediciosa. Tras el recuento definitivo – ya se había judicializado el proceso por las denuncias de la oposición que había perdido-  el cual determinó la clara victoria del candidato del FPV, este acto  golpista e ilegítimo es no solo para lxs tucumanxs sino para todxs lxs argentinxs, inadmisible.

¡Esta Cámara quemó las urnas! 

¿El desenlace dependerá de una Corte Suprema cuya situación es por demás irregular gracias a la negativa de la oposición a considerar el nombramiento de lxs vacantes lo cual se agrava con la salida de Fayt a partir del 11 de diciembre? Ahora mismo, coinciden el ex integrante de la CSJ Raúl Zaffaroni y el constitucionalista Eduardo Barcesat, la situación de la Suprema Corte  reviste “gravedad institucional”. La irrespondabilidad de la oposición en este sentido, es también escandalosa e inadmissible.

Ricardo Tasquer señala en su blog “Los Huevos y las Ideas” que Tucumán es la plataforma desde la cual se intenta instalar la idea de fraude a nivel nacional. Y que:  "Lo que acaba de hacer la mencionada Cámara no puede calificarse sino como un golpe institucional. Sienta, además, un precedente peligrosísimo para nuestra democracia: basta denunciar fraude antes de los comicios, tener medios que lo repliquen, políticos kamikazes que hagan luego presentaciones judiciales y algún sector del Poder Judicial que las avale para cargarse el sistema. El mensaje de la oposición toda es “una persona un voto" vale únicamente si esa persona me vota a mí."

Es evidente que la lucha por la democratización del Poder Judicial no era una lucha más, sino tal vez, la más estratégica en este contexto en el cual a las derechas y a los troskogorilismos que le hacen el juego, se han entrenado en los golpes blandos porque pierden en las urnas.

Que los dirigentes y vocerxs corporativos no hablen más de institucionalidad, ni de república – un fuero contencioso administrativo no puede dictaminar acerca de las elecciones como tampoco un amparo en un juzgado provincial podia, con legitimidad, paralizar una ley nacional aprobada en el Congreso por amplia mayoría, como sucedió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- ni tampoco de corrupción!!!

El cinismo más descarado solo puede ser enfrentado con una firme movilización de todxs, kirchneristas o no, todxs lxs que recordemos cuánta muerte, cuánta infamia, cuánta miseria y dolor hemos sufrido con la pérdida de la democracia y la sujeción de los gobernantes a los que nunca dan la cara, a los que no se someten a elecciones, a los que nunca dan cuenta de sus fortunas y del origen de las mismas,  como tampoco de sus vínculos con la Embajada de EEUU.

Esos poderes capaces de seguir operando a como de lugar, pretenden en última instancia, derribar la experiencia política más novedosa en el mundo, la integración de la región. Porque desde hace poco más de diez años se emprendió un camino disidente respecto del capitalismo globalizado que victimiza a la mayor parte de la humanidad. Y no hay que ser muy experto para analizar cómo, ahora mismo, los países centrales sienten el tembladeral de su falsa institucionalidad democrática. Hemos visto a griegxs y españolxs experimentar nuestras crisis y movilizaciones qque aquí eran parte de un paisaje habitual, hasta la confluencia de líderes como Chavez, Lula, Evo Morales y Néstor Kirchner y ese NO al ALCA que torció los  pasos. Y cuyos legados han sido refrendados con el voto popular pese a las continuas campañás desestabilizadoras de los medios de comunicación y aliados del mundo financiero, las nuevas “botas” opresivas que conocimos desde siempre. 

Por otra parte, resulta que ahora, en ese “mundo” que se autopresenta como el modelo para nosotros, las vidas que valen son cada vez más escasas y las matanzas - a distancia y televisadas en Medio Oriente o por goteo en el Mediterráneo – son un espectáculo más para consumir.

Que nadie se engañe: pierden las elecciones y se aprestan a terminar con la democracia en Argentina, en la región, y en el mundo entero. 

Coronación de una lucha argentina: histórica resolución de la ONU sobre deudas soberanas

A partir de una lucha que lideró nuestro país y enmarcada en la crisis financiera mundial, se ha logrado un triunfo contra el mecanismo por el cual los pueblos y los estados han sido revctimizados por juzgados y conglomerados de entidades sin bandera pero más poderosas que los gobiernos.

Hoy, en medio de las tragedias de la inmigración, el desempleo, los desalojos y la desestabilización de gobiernos no sumisos europeos, la novedad política surge de la integración en América Latina, liderada por la decisión tozuda de la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner.

La integración regional que liderada por Hugo Chavez, Néstor Kirchner y Lula Da Silva supo decirle NO al ALCA en 2005, inició un camino que tuvo infinidad de obstáculos tanto afuera como adentro de cada país. La estrategia diplomática decidida e inteligente, logró el apoyo obtenido de organismos como el G 20 y de economistas como Stiglitz, Premio Nobel de Ecnonomía, o Picketty.

“Vale la pena luchar” acaba de decir la Presidenta de la Nación.

Una resolución histórica que establece justicia solidaria para el tratamiento de las deudas soberanas de los países y que limita a partir del caso de Argentina, el abuso de los fondos buitres y las arbitrariedades de jueves como Griesa.

A meses de las elecciones presidenciales, y en medio de todo tipo de campañas sucias mediáticas, intromisión de sectores del poder judicial que desconocen resultados electorales adversos a la oposición, hoy el mundo asiste a un triunfo de la política que prioriza a los pueblos sobre los bancos y élites económicas que no se someten a elecciones y se permite todo tipo de prácticas mafiosas.

Hoy la ONU sanciona principios elementales, principios éticos que constituyen una conquista de la política que no se rinde ante lo dado, denuncia la hipocresía y la imposibilidad de vivir de millones de personas y propone marcos de acuerdo basados en una justicia solidaria: del caso propio, de la victimización sufrida, una propuesta global acompañada por la mayoría de las naciones del mundo.

Nueve principios contiene la resolución : soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.

1. Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores.

2. El principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe implica su participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca de las condiciones de la reestructuración.

3. El principio de la transparencia debe promoverse para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana.

4. El principio de la imparcialidad exige que todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción o ambos.

5. El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de reestructuración de la deuda soberana.

6. El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva.

7. El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se deben respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración.

8. El principio de la sostenibilidad significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos.

9. La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones de deuda soberana.