El atentado a la sede de la Embajada de Israel, del cual se cumplen 23 años de impunidad, fue un atentado a todxs lxs argentinxs.Comprender cómo se inscribe este acto, así como el atentado a la AMIA, en el tablero de la política interbacional, es la condición necesaria para poder abordar responsablemente el reclamo por la verdad y la justicia.
El 17 de marzo de 1992 fallecieron 22 personas y otras 242 resultaron heridas. Al tratarse de una sede diplomática, la Corte Suprema de Justicia fue la encargada de la investigación. No solamente no logró resultados, sino que, en palabras de quien fuera el primer magistrado resposanble de investigar, el camarista Alfredo Bisordi, "Hasta que yo estuve a cargo de la investigación nunca pude determinar, por otros medios que no fuera ése, la existencia del coche-bomba" - una de las hipótesis- que además "no hubo ningún testigo que viera pasar la camioneta momentos antes del hecho". Y llamativamente, cuando que se le pregunto a Israel si podían enviar los videos de las 17 cámaras de seguridad alrededor del edificio, "dijeron que no porque no grababan sino que registraban imágenes".
Unas semanas atrás, durante una charla realizada en el Café de los Patriotas, el Embajador argentino ante la Alianza Internacional para la Rememoración de la Shoá, Jorge Elbaum recordó que Bisordi reconoció en su momento "bastantes influencias" - ¿presiones?- durante su desempeño en esa etapa crucial de la investigación del atentado. Para Elbaum este ataque, como el posterior a la sede de la AMIA, contaron con complicidad local mafiosa directamente relacionada con la SIDE y parte del Poder Judicial que cínicamente convocó al 18 F. En efecto, en 2006 Bisordi había señalado que "vino mucho personal de inteligencia israelí. No sé si eran del Mossad (la inteligencia israelí), decían que eran coroneles e incluso participaron en allanamientos" y que además "Israel siempre dijo que no tenia ninguna información que aportar y nunca hicieron ningún aporte (como tampoco) "los del FBI que estuvieron en el lugar de los hechos, recogieron evidencias y las mandaron a analizar a Washington". Bisordi admitió que hubo serias dificultades para determinar cómo ocurrió el atentado y se arriesgó a pronosticar que "nunca se va a saber como fue el atentado, la Corte ha recogido una verdad formal que yo dudo que sea la verdad real de lo ocurrido".
En 2010 el Embajador israelí declaró que "Israel se había encargado" de los responsables del atentado.¿Qué quiso decir el funcionario?
En su último discurso en la Apertura de Sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa la Presidenta de la Nación fue contundente respecto de estos claroscuros de la demanda de justicia: “Yo quiero sumarle a los 85 muertos de la AMIA, los 29 muertos de la Embajada de Israel. Todos muertos en una contienda internacional, de la cual no tenemos nada que ver”. Es significativo el silencio de Israel sobre el atentado a su embajada mientras sí los hace por la AMIA. “La utilización política de la causa AMIA, donde hay 85 víctimas que piden justicia, me asquea, porque la utilizaron y la siguen utilizando desde afuera y desde adentro para hacer geopolítica"señaló la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Días después asistimos al oprobioso papel jugado por el actual Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que tuvo que rectificarse tras haber dicho que el atentado era "cosa juzgada" : la CSJ no pudo determinar con pruebas nada hasta el momento.
La discordancia de las demandas de justiica y esclarecimiento en relación a uno y otro atentado dan cuenta de los intereses en encubrir y usar esta tragedia por la que no se reclama con la misma fuerza qeu el atentado de la mutual judía. Todas las marchas y contramarchas del simulacro de investigación alrededor del atentado producido en Arroyo y Suipacha revelan un entramado nefasto de servicios de inteligencia menemistas, mano de obra desocupada de la Policía Federal - grupos de tareas-, vendedores de armas - Monser Al Kassar ha sido mencionado por otras hipótesis como presunto instigador de los ataques atribuidos a Hezbollah- y las presiones de Washington o Tel Aviv en función de la situación y las conveniencias de las potencias en Medio Oriente. Con mirada argentina de entonces, el objetivo de culpar a quien conviniera a los amos constituye un desprecio absoluto por la soberanía nacional, las instituciones democráticas y los derechos más elementales. Supone jugar con el respeto a la vida humana, actuando como si no hubiera habido víctimas en aquel ataque.
A partir de la muerte del fiscal de la causa AMIA se reinstala el tema del atentado a la mutual - a caballo de los ánimos destituyentes de esos factores de poder mafiosos que no solamente acechan a la democracia argentina sino a las del continente - mientras el caso de la Embajada sigue oscurecido. Por eso mismo, pensar el contraste nos lleva a comparaciones imprescindibles entre el menemato y el período que comenzó en 2003. Recogiendo el reclamo de familiares y honrando la dignidad de estado soberano, el gobierno kirchnerista ha exigido y ha contribuido al esclarecimiento de ambos ataques porque los considera ataques a la Argentina. No podemos dejar de asumir entonces las diferencias con respecto a ese período de obscena impunidad de los genocidas del terrorismo de Estado, la fiesta neoliberal que mostraría dramáticamente en 2001 su lado oscuro y negado. No podemos dejar de relacionar los episodios de enero con la inminencia de los juicios por el encubrimiento del atentado a la AMiA que están pendientes. El Fiscal Féliz Crous denominó la movilización del 18 F como "la marcha del encubrimiento del encubrimiento", y no pudo ser más gráfico. Estas complicidades locales remiten a esa estructura infecta que opera incesantemente con sus fierros mediáticos y su capacidad extorsiva. La exigencia de justicia por las personas fallecidas hace 23 años se enmarca en una pelea "entre quienes resisten políticas distribucionistas así como la unidad de la Patria Grande" como dijo Elbaum el pasado 28 de febrero.
Quienes intentan hablar en nombre de valores "republicanos" sin explicitar el sentido que le dan a esos conceptos, ¿porqué no explicitan este narco internacional en le que se inscriben los atentados y cómo piensan debe jugar nuestro país en medio de esos conflictos? ¿porqué quienes se sumaron indignadxs a la marcha del silencio - tan elocuente, por cierto- por el fiscal que corría a corregir sus escritos a la embajada de los EEUU no increpan a esos fiscales por su inacción en otras causas? ¿No chequeamos los apellidos de los convocantes a defender la división de poderes que con cautelares impiden la entrada en plena vigencia de leyes aprobadas en el Congreso nacional? ¿No nos suenan ciertos apellidos y comparamos su acción en otras causas?
En la charla mencionada el pasado 28 de febrero, Elbaum fue desgranando antecedentes y recordando las trayectorias de algunos nombres vinculados al encubrimiento de la causa AMIA, de partícipes de ma movida destituyente del 18 F, amplificada por Clarín y La Nación. A Galeano se lo conoce pero otros apellidos no son tan ubicados. Por ejemplo, José María Soaje Pinto, abogado de La Nación y accionista con Clarín en Papel Prensa, otorgó la personería jurídica al partido del neonazi Alejandro Biondini? Vinculado a Proyecto Sur, Soaje Pinto defendió al criminal de guerra nazi Walter Kutschmann, capturado en noviembre de 1985 en la localidad bonaerense de Florida, en un operativo conjunto de la Policía Federal e Interpol a pedido de la entonces República Federal de Alemania, como detalló el blog Catanpeist en 2010. Este mismo personaje había agredido a trompadas a Guillermo Moreno, ex seretario de Comercio Interior en una asamblea de Papel Prensa al grito de ’a todos los montos me los voy a llevar puesto y vos sos el próximo’. A propósito, la celeridad con la cual el Juez Ercolini frenó la indagatoria a Magnetto, Ernestina de Noble y Bartolomé Mitre en el marco de la Causa por la apropiación vía extorsión, tortura, amenazas de muerte a Lidia Papaleo y familiares de David Graiver, parece no conmover a nadie de los autodenominados "Nisman" en su sensibilidad republicana.
Tenemos la experiencia de los años noventa para comparar, no está nunca de más volver a hacerlo. Por ejemplo, pensar cómo en tiempos de Menem y de orgía privatizadora salpicada por la corrupción más grande y desembozada de funcionarixs del Estado, el desarrollo de los misiles Cóndor tuvo que detenerse y hasta enviar el diseño a los EEUU. Menem jugaba con Bush y salía en Caras. El gobierno argentino estaba envuelto en el tráfico de armas cuando la planta de fabricación militar de Río Tercero explotó el 3 de noviembre de 1995 para ocultar el faltante producto del contrabando. Por cierto, ese siniestro se cobró también vidas humanas. En diciembre pasado fueron condenados por la justicia federal de Córdoba Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Edberto González de la Vega y Marcelo Gatto, autores mediatos del delito de "estrago doloso". Los condenados eran directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares que dependía del ministerio de Defensa,el director de la fábrica de Río Tercero, y el responsable de la División Producción Mecánica. Se probó que la explosión fue un hecho intencional planificado encubridor del faltante de armamento en el marco de la venta ilegal de material bélico a Croacia y Ecuador. Ahora bien: el ex presidente Carlos Menem estuvo imputado en esta causa pero no llegó a juicio oral.
Entre tanta hipocresía, el homenaje, hoy, 17 de marzo a quienes son revictimizadxs por la maraña de encubrimiento, utilizadxs en una lucha feroz y sin reglas por la conservación del poder que no se legitima en las urnas y da cuentas al pueblo. Que tenían nombre y apellido, que eran argentinxs, israelíes, bolivianxs, italianxs, uruguayxs, paraguayxs. Una herida abierta como cada episodio que queda impune y que recuerda la necesidad de asumir responsablemente la demanda de justicia a cada unx de nosotrxs.
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