El Fiscal Delgado pide indagatoria por delitos sexuales durante la dictadura: ni errores, ni excesos

El Fiscal Federal Federico Delgado solicitó la declaración indagatoria a seis militares y policías en calidad de autores mediatos por violaciones y abusos sexuales; un reconocimiento fotográfico, y en base a los resultados, se realice la indagatoria a otros cinco imputados como autores directos de los hechos cometidos en los centros clandestinos de detención "Protobanco" y en la Comisaría de Monte Grande, dependientes del Primer Cuerpo de Ejército. La solicitud al Juez de la causa Daniel Rafecas constituye un avance fundamental en el logro de justicia por delitos de lesa humanidad concernientes a la violencia sexual y de género perpetrados por 11 imputados contra 12 víctimas detenidas ilegalmente entre 1974 y 1978 algunas de las cuales, continúan desaparecidas.En noviembre de 2014 Delgado había solicitado una indagatoria similar por crímenes de índole sexual cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético,Banco y Olimpo, desestimando la consideración tradicional de este tipo de delitos como “de propia mano”, es decir, delitos que requerían para su comisión “la realización corporal directa por parte del autor”. El fiscal considera, por el contrario, que se extiende la responsabilidad a autores mediatos, quienes impartían las órdenes sobre todo aquello que ocurría en los CCD y “todo aquél que de algún modo fue un eslabón en la cadena de vejámenes”.


Desde hace años, sobrevivientes, militantes, investigadorxs, abogadxs, sociólogxs, fiscales, cineastas algunxs periodistas y bloggerxs insistimos en la necesidad de visibilizar y juzgar la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado y analizar sus objetivos y efectos. Violaciones, abusos, humillaciones, actos degradantes, lo que hoy se denominan delitos contra la integridad sexual constituyeron una práctica sistemática en el plan siniestro del terrorismo de Estado. Ha sido necesario el paso del tiempo y la costosa pero constante permeabilización de la perspectiva de género en los estudios, en las teorizaciones, en los abordajes y también en las normas y las interpretaciones legales para que hoy comiencen a condenarse como delitos específicos estos ataques sufridos por las personas detenidas ilegalmente y sometidas a las más espantosas condiciones de cautiverio, muchas de las cuales permanecen desaparecidas.

Algunos juristas sostienen que estos delitos "no pueden probarse" y sin embargo, hay testimonios de la violencia sexual desde los tiempos de la CONADEP. La cuestión a discutir es, ¿porqué no se cree en la palabra de la víctima cuando se trata de la violencia sexual y sí se cree en el relato de la tortura? ¿Qué sucede entonces con quienes ya no están para contar su violación?Es importante señalar que hasta el momento se han obtenido escasas condenas por los delitos de violación y abuso sexual en los juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo. En muchas oportunidades en que tras años de silencio y venciendo el pudor, la vergüenza o el presunto daño que la revelación de la violación haría a sus seres queridos, las mujeres logran testimoniar, han sido hostigadas o maltratadas en los tribunales. Algunos jueces sensibles al tema de los derechos humanos y que se han desempeñado con celeridad, descreen todavía que la violencia sexual haya sido otro dispositivo planificado para doblegar la subjetividad de las personas detenidas y no investigan ni condenan estos hechos.

Otro de los obstáculos para la obtención de justicia en relación a la violencia sexual es que estos delitos son considerados "de acción privada", por lo cual depende de la voluntad de la víctima la denuncia y el eventual juzgamiento. Pero si otrxs sobrevivientes pueden testimoniar la violación de compañerxs de cautiverio, si alguien que continúa desaparecidx le contó el abuso a otrx prisionerx que hoy puede atestiguar en un juicio, ¿cómo no juzgar esos delitos también teniendo imputados a los represores que actuaban y a quienes daban las órdenes en esos campos?

Las protagonistas del documental "Lesa Humanidad" (2011), sobrevivientes de Córdoba que narran la violencia sexual que padecieron en distintos sitios de detención. Ellas demandan en la declaración pública con la que se cierra el film, el reconocimiento de estos delitos de manera específica, como delitos de lesa humanidad. Sostienen que al ser cometidos en el marco de un ataque generalizado contra la población civil las violaciones, los abusos, la reducción a la servidumbre, el embarazo forzoso, son delitos de lesa humanidad no reductibles a la tortura o los tormentos agravados. En octubre de 2011, el entonces Coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado Pablo Parenti y el Fiscal General Jorge Auat habían elaborado un informe en el cual sostenían que "los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado aún no reciben el tratamiento jurídico adecuado en la práctica judicial" y que debían ser considerados "crímenes contra la humanidad".

El viernes 27 de marzo se publicó en el portal Fiscales.gob.ar la solicitud de Federico Delgado, titular de la Fiscalía Federal Nro. 6, quien solicita la indagatoria a los imputados en la megacausa contra el Primer Cuerpo de Ejército por la comisión de estos delitos de índole sexual. Los hechos, denunciados por sobrevivientes, tuvieron lugar en los centros clandestinos "Protobanco" ("Cuatrerismo" o Brigada Güemes) que funcionó como CCD entre noviembre de 1974 y febrero de 1977 en Camino de Cintura y Ricchieri,Prov. de Buenos Aires, y en la Comisaría de Monte Grande, ubicada en la calle Santamarina 474 de esa localidad, que también operó como CCD desde julio de 1976 hasta octubre de 1978.

Delgado argumenta en sus solicitudes lo que establece la Corte Penal Internacional: los delitos sexuales son conductas delictivas independientes de la aplicación de tormentos. Es decir : si bien existe una raíz común entre los delitos sexuales y la aplicación de tormentos porque ambos implican una afectación a la dignidad humana, el Estatuto de Roma de la CPI las entiende como conductas delictivas independientes y por eso deben ser visibilizados como delitos autónomos que "violan derechos humanos - en particular de las mujeres- por estar "dirigidos a ellas, en su condición de tales”. Agrega Delgado que “seguir colocándolos dentro del rótulo genérico de tormentos implica continuar velando una parte de la historia que de ese modo se deja de contar”.

Otro aspecto relevante es que el Fiscal Delgado toma en consideración los dichos de dos víctimas que continúan desaparecidas pero que llegaron a narrar lo sucedido a otrxs sobrevivientes cuando coincidieron en los centros. Así se asumen los crímenes que de otra forma quedarían impunes, puesto que esas personas que no pueden hoy denunciar ni declarar porque están desaparecidas, pueden recibir la reparación simbólica al reconocerse el delito y juzgarse a los culpables. La violencia sexual, afirma Delgado "fue una modalidad sistemática, uniforme, continua, reiterada y masiva establecida verticalmente, y que formaba parte del conjunto de prácticas criminales que integraron el dispositivo represivo".

Los delitos sexuales no fueron errores, ni deslices, ni excesos, ni casos aislados."El sometimiento sexual de las detenidas se tradujo en un modo de instrumentar el miedo, la degradación, el castigo y el aniquilamiento predispuesto para las mujeres en particular" sostiene Delgado, quien además agrega: "Entendemos que no existe margen de error al afirmar que la que nos convoca constituye una práctica habitual que formó parte del ataque generalizado contra la población civil diseñado por el gobierno de facto que usurpó el poder en 1976 y estableció un plan sistemático de represión estatal."

Las presentaciones del Fiscal Delgado constituyen una contribución valiosísima en la tarea de justicia y el imprescindible proceso colectivo de memoria que aún resiste considerar y reflexionar acerca del hecho de que la violencia sexual fue un eje de la represión, una forma extrema de discriminación y odio de género. Este tema trasciende las épocas puesto que si la justicia se hace cargo de esta deuda y se profundiza el debate acerca de los motivos de su empleo sistemático, situaciones de violencia actuales serán abordadas con otros elementos. La impunidad habilita nuevas violencias y horrores. Los prejuicios de género latentes tienen efectos devastadores si no son desnaturalizados y desarmados. Entre todxs.

Delgado recoge lo que se viene planteando desde las voces casi inaudibles de sobrevivientes, hace lugar a los testimonios de quienes hoy permanecen desaparecidas y desaparecidos, en un acto reparatorio. Persistir en este reclamo legal y alentarlo socialmente surge de la convicción de que hasta que no se atienda a esta parte dolorosa de la historia, no terminaremos de erradicar mucho de aquello que habilita violencias contemporáneas.

Preguntémonos de nuevo,¿porqué la violencia de género en el marco de la represión ilegal más atroz aún permanece silenciada o acallada, pese a la proliferación de testimonios y a las nuevas coyunturas para denunciarla? Asimilarla la manifestación de la violencia de género en los delitos sexuales a la figura de tormentos la desdibuja. Entonces pierde su entidad con lo que se la vuelve a habilitar y se la deja impune. Admitirla y juzgarla, en cambio, permite pensar en uno de los efectos más profundos y perdurables del accionar de la dictadura sobre la sociedad.

Insistir en hablar de violencia de género como parte del disciplinamiento de las personas de acuerdo a roles fijos, invocando valores de la civilización occidental y cristiana que los represores desmentían con su carnicería clandestina es además hablar del intento de borrar las huellas de las mujeres de los 70. Esas mujeres que salieron de los marcos restrictivos del género y masivamente protagonizaron un período crucial de la historia. Ellas desmintieron los límites de lo privado y lo público jugándose la vida por un proyecto colectivo de emancipación social. Ocuparon puestos claves de liderazgo en otganizaciones políticas, sociales, y fueron madres y esposas a la par que compañeras y dirigentes. Los represores pretendieron borrarlas tras castigarlas, arrasarlas, humillarlas. Quisieron no solamente exterminarlas sino condenarlas al olvido de su rebelión y su osadía.

Y por último, hacer justicia por la violencia sexual permite allanar el camino hacia algo aún pendiente en relación a los crímenes del terrorismo de Estado: el hacer justicia a las desaparecidas.