Reina

Reina Maraz, acusada del crimen de su victimario, llegó al juicio que la condenó sin poder entender ni ser entendida correctamente hasta pasados tres años de prisión preventiva. Presa, embarazada, no contaba con intérprete reconocida por la justicia. La obtuvo tras un año y medio de presentaciones y reclamos por parte de la Comisión Provincial por la Memoria que la descubrió cuando realizaba una visita al penal de mujeres, por casualidad.
¿Entendemos nosotrxs qué clase de abismo separan las declaraciones grandilocuentes sobre las personas migrantes, sobre lxs extranjerxs, sobre quienes están privadas de libertad, y las experiencias que se viven tras las rejas, en absoluta desolación e indefensión? ¿Qué pasa si sos mujer, pobre, india, boliviana, madre, en un país que no es el tuyo, que te explota, te desprecia, te brinda muestras de rechazo?
Reina tiene 26 años y sólo dice algunas palabras en español. Había seguido a su marido a la Argentina con su primer hijo muy pequeño para deslomarse apilando ladrillos junto a él. Pero ahí no terminaba la faena. Cuando pudo hacerse entender, relató que era entregada por su esposo a Tito Vilcar, para que se cobrara sexualmente deudas de juego. Reina era tratada como una cosa. Era la proletaria del proletario, como dijo hace más de 150 años la peruana Flora Tristán.
Revictimizaciones
Cuando en noviembre de 2010, Santos y ese vecino tuvieron una pelea fuera del horno de ladrillos. Vilcar le dijo a Reina que su marido se había ido. Como pasaban los días y no regresaba, el 16 de noviembre Reina denunció la desaparición en la comisaría de Florencio Varela. El cadaver de Santos apareció enterrado dentro del campito donde se emplaza el horno. El comisario que había intervenido declaró en el juicio que Reina hablaba español. La esposa del dueño del horno de ladrillos lo desmintió. Lo comprobaron quienes la encontraron en el penal, con prisión preventiva acusada de haber asesinado a su marido y tuvieron que luchar denodadamente para proveerle una intérprete. Escribe Cecchi con razón, que “la versión policial sobre los conocimientos de las mujeres suele ser tan errónea como el trato que le dispensan como culpables de género.”
Como el poder judicial de la provincia de Buenos Aires no tiene intérpretes en lenguas originarias, desde el momento de su detención, ella estuvo sin saber por qué estaba detenida, Esperaba su tercer hijo. No sabía de qué se la acusaba ni qué sucedería con ella. Hasta el séptimo mes de embarazo estuvo en una comisaría hasta su traslado a la Unidad 33 de Los Hornos, Intergrantes del equipo de la Comisión Provincial por la Memoria se toparon con ella y el aislamiento de no comprender la lengua.
Pocas veces es tan claro que las mujeres, mucho más si son pobres e indias, son privadas de voz. No sería correcto decir que “no tienen voz”… la tuvo Reina cuando se dirigió al jurado, en quechua. Su declaración, en primera persona le permitió transmitir a los jueces la situación que vivió. Poder realizarlo en su propia lengua le dio firmeza y tranquilidad. Pudo tener lo que Ricoeur llama coherencia narrativa, fundamental para que su relato pudiera ser confrontado con los otros, para su afirmación de identidad personal sin la cual no puede haber asunción ni atribución de responsabilidad por las acciones. Por eso justamente, es que somos imputables y podemos ser condenadxs por un tribunal o moralmente sancionadxs.
Contar con la intérprete le permitió a Reina entender los pasos tanto de la defensa como de la fiscalía que tenían en sus manos la decisión sobre su culpabilidad o su inocencia, sobre su libertad o su reclusión en primera instancia. El defensor José María Mastronardi había solicitado su absolución alegando la inexistencia de pruebas que permitieran imputarla como autora del crimen. El tribunal de Quilmes, integrado por Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butiérrez, dictó ayer la sentencia, Se condenó a Reina a reclusión perpetua en acuerdo con el pedido del fiscal Fernando Celesia, que se basó en una cámara Gesell realizada a uno de sus hijos cuando había pasado un año de su detención, y el chiquito de entonces 6 años estaba viviendo con la familia de la víctima, Santos. Esa prueba fue criticada por tres peritos. El propio fiscal había interrogado al niño como se interroga a un adulto, sin ninguna técnica psicológica como las que se emplean para estos casos.
Indiferencia judicial. Atropello y revictimización además, del hijo de Reina. Si no hubo contemplaciones acerca de los tres años sin comunicación violando las garantías y derechos de cualquier acusada, no es extraño que se ignoraran los cuestionamientos al elemento probatorio de la fiscalía.
Reina era víctima de violencia por parte de su marido, Limber Santos, que la golpeaba. Era además, entregada por él como si fuera un objeto de su propiedad, al acreedor violador que así nomás se las cobraba. El mismo tratamiento de cosa y no de sujeto de derechos le dieron la mayoría de lxs funcionarixs con los que se topó en el camino. La excepción: quienes intercedieron por ella desde la CPM, algunxs defensoras de las mujeres, algunxs especialistas, algunxs periodistas que difundieron su caso, que no hicieron otra cosa que considerarla un ser humano discriminado por género, nacionalidad, clase, raza, cultura. Que tuvieron en cuenta las irregularidades del proceso y su situación redoblada de exclusión mientras era acusada y procesada por un asesinato.
Es impactante pensar que en medio de tantos avances que dicen, tenemos las mujeres, las Reinas – seguro habrá otras, privadas de voz, abogados, testigos a favor, carentes de empatía de lxs semejantes- persistan aisladas y revictimizadas por el silencio y la indiferencia que revictimiza y permite todsa las violencias. Indolencia de otras mujeres además, las juezas del; tribunal que la condenó a perpetua ayer.
No hay empatía por el mero hecho de ocupar la posición subordinada en el orden de género. Las opresiones y diferencias se multiplican entre nosotras, reproduciendo los mecanismos de exclusión que nos hacen parte del mismo. No tiene que suponerse solidaridad por ser mujeres como tampoco desconocer la violencia sexista de las culturas como las nuestras o las de comunidades como la que abandonó Reina en Avichuca en el Altiplano boliviano.
¿Qué hacer? Creo que para la próxima instancia de Casación no solamente hace falta desplegar las estrategias legales y apelar a las normativas ecistentes relativas a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres. La movilización y la sensibilización social, aguzar la mirada y la sensibilidad, la perpepción de todas las situaciones que permanecen naturalizadas es lo urgente, para verlas y para oírlas y para no hablar por ellas, sino para escuchar a las tantas otras Reinas. Porque este caso que no es un dato ni una cifra, sino una situación que involucra a una vida humana singular y tan valiosa como la tuya y la mía. Que sea una causa colectiva, decir y actuar para la dignidad y la justicia para todas. Por todas, por Reina.