Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso : la hora del coraje o de la hipocresía

Vuelve uno de los debates más urgentes y demorados al ámbito donde debe darse: el Congreso Nacional.
Se presenta esta semana otro proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo(IVE),encabezado por la Diputada del FPV Adela Segarra y que lleva las firmas de Manuel Garrido, Juan Carlos Zabalza, Laura Alonso, Margarita Stolbizer, Victoria Donda, Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Carlos Heller, Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Ramona Pucheta, Carla Carrizo, Gladys Soto, Juliana Di Tullio, Diana Conti, Adriana Puiggrós, Araceli Ferreyra, Andrea García, Virginia Linares, Alicia Ciciliani, Mara Brawer, Miguel Bazze, Víctor De Gennaro, Carlos Raimundi, Ricardo Cuccovillo, Horacio Pietragalla Corti, Mónica Gutiérrez y Fabián Peralta. Además de Héctor Recalde, Roy Cortina, Jorge Rivas, Elida Rasino, Eduardo Santín, Gloria Bidegain, María del Carmen Bianchi, Edgardo Depetri, Omar Barchetta, Antonio Riestra, Gabriela Troiano, Silvia Scotto, Fabián Rogel, Leonardo Grosso, Mario Oporto, Gastón Harispe, Remo Carlotto, Enrique Vaquié, Herman Avoscán, Juan Carlos Junio, Pablo López, Liliana Ríos, Verónica Magario, Ana Gaillard, María Eugenia Zamarreño, Josué Gagliardi, Jorge Barreto y Liliana Mazure.
Son treinta y cuatro las firmas oficialistas en este quinto intento desde 2007.

En septiembre pasado, en este blog señalábamos esta inquietud: ¿porqué parece más fácil debilitar la heterosexualidad obligatoria en Argentina mediante la sanción del matrimonio igualitario, que lograr un debate parlamentario del proyecto de despenalización y legalización del aborto? Se referia a una situación de subordinación oculta y perpetuada, silenciada y aparentemente no relevante para las cuestiones políticas. Quisiera ahora desplegar otros argumentos y platear otros interrogantes. O tal vez los mismos pero desde otro ángulo.

Cuando en 2011 y tras ser cajoneado en repetidas oportunidades, el primer debate pudo darse, éste duró muy poco y tuvo un desenlace lamentable. Si se logra esta vez, contrariamente a lo ocurrido en la Comisión de Legislación Penal donde el tratamiento de un proyecto ampliamente respaldado por diputadxs de todas las bancadas se perdió en una jugarreta formal de firmas evitando el dictamen, y se discute de manera responsable, habremos avanzado sustancialmente como democracia.

Recientemente y por distintos motivos, el tema quedó afuera de las reformas del Código Civil y del Código Penal, mientras por otra parte, dirigentes importantes del kirchnerismo como Jorge Taiana insistían en la necesidad de discutir un proyecto y de perder el miedo a dar el debate. Se está reconociendo la demanda social que lo impulsa y el drama que se multiplica como producto de la situación en la que permanecemos, a pesar de tanto avance cultural y normativo logrado en estos diez años. Dirigentes de otras fuerzas políticas han impulsado, han firmado y han desafiado presiones e inercias para impulsar los proyectos presentados hasta ahora,y han demostrado un compromiso con el tema que los honra y le da espesor al reclamo social por la IVE.

Hay que responder a la demanda ciudadana, a las movilizaciones no solamente de organizaciones feministas, a la articulación federal que logró al Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sino también a la de muchos sectores que se hacen cargo, más allá de sus posiciones individuales y personales, de un problema colectivo que arrastramos como sociedad y que no se puede esconder con declaraciones de índole moral en abstracto que siempre se desentienden de las víctimas.

Hay una demanda porque hay una necesidad de dar respuesta al problema del aborto.

Porque el aborto en Argentina existe: más de 500.000 mujeres abortan anualmente exponiéndose a la penalización o a perder la vida. Sin una ley que regule, que permita la práctica en el hospital, somos cómplices de esas muertes invisibles, que pareciera que no impactan, que pareciera que no nos duelen de la misma manera que otras muertes. Y que son evitables. Estéril situación la vigente para impedir la práctica, el penalizar, mientras se sigue obstaculizando el derecho al aborto en los casos no punibles.

En tanto solamente se cuente con respuestas represivas, las mujeres no serán disuadidas de tomar una decisión, - y habría que pensar qué tipo de elecciones pueden hacer muchas que no acceden ni a la salud sexual y reproductiva, ni a poder evitar ser violentadas – y este panorama desafía la respuesta desde los poderes del estado. Porque aunque no se comparta una mirada equitativa en cuanto a los derechos de mujeres y varones, desde el punto de vista de la eficiencia en el combate de este “delito”, el fracaso es contundente. Y para quienes sí tenemos esa mirada, dramático, además.
Si preocupa la pérdida de la vida, de alguna vida, penalizar no es la respuesta al problema.

Además, las mismas muertes que se producen por los abortos clandestinos y habilitadas desde la hipocresía que convenientemente rehúsa y obstaculiza el debate, son la expresión de la falta de autonomía y de la imposibilidad del disfrute del derecho a la vida y a la salud que la mitad de las personas que habitamos este país padecemos.
Las relaciones sociales y culturales injustas no pueden ser ignoradas al abordar este tema.
El aborto clandestino es el efecto de una secuencia de padecimientos e injusticias que no pueden dejarse a un lado.

No hay que dejarse espantar por los lobbies poderosos. Lxs representantes del pueblo tienen una opinión pública con espaldas para que las distintas miradas jueguen sus argumentos, abiertamente. Las encuestas muestran que se está de acuerdo en que las políticas públicas no deben ceñirse a dogmas por más poderosa que sea la entidad religiosa que los proclame a viva voz o que los cuele entre gallos y medianoche en los pasillos y los despachos de representantes susceptibles a la pérdida de fuerza en territorios conservadores. Ocurrió con otras medidas que parecían inalcanzables, y sin embargo obtuvimos desde la ley de divorcio hasta el matrimonio igualitario, pasando por el derecho a la identidad de género. Y haber dado el debate aumentó el capital político para esa dirigencia que estuvo a la altura de las circunstancias.

Tenemos un estado laico, cuyo rol es garantizar la libertad de cultos para quienes profesan distintas religiones y la libertad de no tener ninguna y asegurar los derechos para todxs.
Una ley que legalice la IVE no obliga, sino que deja de perseguir a las mujeres, muchas de ellas ya excluidas y despojadas de derechos, que tantas veces se encuentran en una situación donde la continuación o no de un embarazo es determinante de su futuro o su presente, donde se están jugando la salud en sentido integral, sin la cual no hay proyecto de vida posible.

Legalizar el aborto no obliga a abortar a quien no lo considere una opción por razones religiosas o morales.

Legalizar el aborto deja de habilitar una práctica perversa que revictimiza y mata, y garantiza un negocio a los hipócritas.

Legalizar el aborto es una demanda que debe ser satisfecha por la democracia que estamos construyendo precisamente por dejar atrás los miedos y los prejuicios que siempre siembran injusticias, persecuciones y muerte.

Bienvenido el coraje de quienes impulsan el proyecto y honran el mandato popular recibido abriendo las puertas a una de las discusiones más importantes y demoradas en Argentina.