El INADI interviene ante la lesión de derechos

Tomando cartas en el asunto, como debe ser.
Reproduzco comunicado de prensa de la delegación entrerriana del INADI a cargo de Lucy Grimalt.
Porque no se debe tolerar, se trate de quien se trate y más allá de vergonzosas operaciones que se toman el tema de la violencia simbólica contra mujeres y niñxs en chiste.
Ni tampoco pueden horrorizarse hipócritamente quienes tienen demandas por la misma actitud. Defendiendo y haciendo respetar las leyes vigentes, es como podemos ampliar la democracia y dejar de habilitar los hechos que después aparecen en los diarios como casos policiales. Todxs somos responsables a la hora de construir un mundo sin violencias.
Dice el texto:

El diputado Provincial y conductor radial Ruben Almara frente a los derechos humanos de niñas, niños adolescentes y la violencia de género.

La Delegación en Entre Ríos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo cuando tomó conocimiento de la entrevista que realizó el diputado Provincial y conductor radial Ruben Almara, a una joven con un fuerte tono sexual, dado que hasta ese momento no se había recepcionado denuncia ciudadana alguna, procedió a poner en conocimiento a INADI Central quien dio intervención al Observatorio de la Discriminación en radio y televisión.
Esta delegación advierte que el audio al que tuvo acceso de la entrevista entra en contradicción con la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, que contempla el derecho de los mismos a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen; y prohíbe exponer, difundir o divulgar información o imágenes que lesionen su dignidad o la reputación o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar (art. 10 y 22).
También la Ley 26.485 de Protección Integral contra la violencia de Género se pronuncia sobre el ejercicio de la violencia mediática contra las mujeres cuando son expuestas a situaciones de vulnerabilidad como en el caso de la oyente entrevistada.
La Delegada Lucy Grimalt manifiesta que “se denigra a las mujeres toda vez que se la presenta como el estereotipo de superflua, banal tonta, como objeto sexual que sirve únicamente a estos efectos, y también cuando se la define como a la caza de un hombre, todas situaciones que se observan en la entrevista que realizara el Diputado provincial Ruben Almará”
Asimismo Grimalt señala “a los efectos de proteger los derechos de la joven, se informa que a la fecha hay tres instancias formales en relación a este caso: 1) el análisis por parte del Observatorio de la Discriminación en radio y televisión;
2) la intervención de oficio de INADI Central;
3) el día viernes 25 de abril se recepcionó una denuncia en esta delegación de Entre Ríos”.
Por ultimo desde la Delegación INADI en Entre Ríos se destaca que el cumplimiento de los derechos de las mujeres niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad todas y todos: Estado y Sociedad civil para desnaturalizar situaciones discriminatorias y de violencia de genero y que todo funcionario publico elegido por el voto popular, tiene una responsabilidad mayor con el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Paraná, 26 de abril de 2014

Lucia Grimalt

Delegada de Entre Ríos



INADI / Entre Ríos: 25 de Mayo 114 - Teléfono 0343- 4232034 - e mail

Todo funcionario y toda funcionaria tiene una responsabilidad mayor con el respeto irrestricto de los derechos humanos.
No se trata de estilos, no es un tema menor. Esto es muy serio,
El cumplimiento de las leyes y la prevención de estos actos es una responsabilidad de todxs y cada unx.

Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas...

En aquel tiempo Jesús habló diciendo:¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe! Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello! hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia! ¡Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura!
Mateo 23, 23,26

El pasado viernes 11 de abril, el Papa argentino pidió perdón por los abusos sexuales a niños cometidos por sacerdotes, y dijo que la Iglesia no dará ningún "paso atrás" al abordar esta cuestión. Francisco interrumpió un discurso que tenía preparado para improvisar algunas palabras en las que pidió perdón por el mal perpetrado por sacerdotes a niños.
"Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad (han hecho). (Quiero) hacerme cargo de pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños", afirmó el papa en español.

Como el encubrimiento ha sido una política sistemática de la institución, es difícil saber si las declaraciones de Bergoglio significarán un cambio de conducta y un aporte a la justicia y la reparación de estos crímenes. No sabemos tampoco, cuántos abusadores permanecen protegidos sin denuncias en su contra.
Desde la sanción de la que se conoce como “Ley Piazza”, se ampliaron los plazos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual de menores de edad, los cuales comienzan a regir recién cuando quien ha sido víctima ha cumplido 18 años.

La denuncia de la ONU

El 7 de febrero de este año, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño denunció al Vaticano por no haber reconocido nunca “la amplitud de los crímenes” de abuso sexual contra niños y niñas por parte de sacerdotes y de llevar a cabo “políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos y a la impunidad de los responsables”.
Pedro Paradiso Sottile, Coordinador del Área Jurídica de la CHA destacó en ese momento la importancia de la condena de Naciones Unidas al Vaticano y el impacto de la misma para el mundo y para las víctimas, porque “ no basta con aumentar las sanciones a los sacerdotes y monjas que cometieron el delito de abuso sexual, hay que terminar con el encubrimiento y el silencio de la Iglesia, con los traslados cómplices, con la falta de denuncias y de las acciones que históricamente han llevado a la impunidad de estos/as abusadores/as.”
En 2013, la ONU había solicitado al Vaticano un informe “detallado” sobre todos los casos de abusos sexuales a menores “cometidos por miembros del clero, hermanos y monjas o que hayan sido presentados ante la Santa Sede”.

Como ha sido denunciado desde la CHA tanto como desde otros movimientos sociales,la política vaticana y la conducta de los obispos ha consistido en la complicidad y el ocultamiento de los abusos de menores realizados por sacerdotes. Los acusados fueron, en el peor de los casos, trasladados a otros lugares donde continuaron con sus abusos. El caso de Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por pedofilia, es un ejemplo: el cura no fue sancionado por la Iglesia. Es más: el Obispado de Morón solicitó a los jueces del tribunal que lo condenaron su trasladado a la quinta ”La Blanquita” de Hurlingham lo que le permitió seguir ejerciendo su ministerio dando misa.

¿Cuáles son las medidas concretas a tono con las declaraciones papales en relación al abuso de niñas y niños perpetrado por sacerdotes? ¿Cuántos recursos y poder residen del lado de los denunciados y del lado de las víctimas y denunciantes?

En noviembre de 2013, el Obispo de Goya, Ricardo Faifer, confirmó que pagó la fianza que dejó en libertad al sacerdote Domingo Pacheco, que estaba preso desde el año 2011 aportando el título de propiedad de una camioneta perteneciente al obispado para cubrir la caución de 50.000 pesos (8.300 dólares) reclamada por la justicia. Pacheco había sido acusado de abusar de Osvaldo Ramírez, quien lo denunció por el hecho perpetrado hace 8 años en la ciudad de Esquina. Posteriormente, en diciembre de 2013 el Tribunal Oral absolvió al cura por unanimidad. La monja Martha Pelloni declaró públicamente sentir “vergüenza” por este fallo.

El caso Illaraz

En septiembre de 2012, la primera de las víctimas del cura Justo José Illaraz, quien abusó de más de 50 niños en el Seminario Menor de Paraná mientras estuvo allí entre 1984 y 1992, prestó declaración ante el Fiscal de Cámara Rafael Cotorruelo, durante más de dos horas> La investigación fue abierta por el Procurador General de Entre Ríos Jorge Amílcar García. Con reserva de identidad, este testigo reconoció que “entre los años 2012 y 2013, después de tanta angustia, dolor, miedos, inseguridades e incomprensiones, comienza a correr en mí una esperanza de armonía, equilibrio, coherencia y paz interior.” Agradeció a todxs aquellxs que "de alguna manera están haciendo lo posible para traer un poco de paz a mi vida y la de mis compañeros, sometidos también a estos hechos”.
Realizada en el juzgado de Paraná, la declaración pertenece a un hombre que dbe recurrir al anonimato. Pero en el momento de los hechos, era uno de los tantos chicos que estuvo en el Seminario Menor, un colegio secundario desde donde se tiene la opción de seguir el sacerdocio. Uno de tantos chicos frágiles, atropellados en su inocencia, puestos por la confianza de los padres en manos de una institución que supuestamente debía orientarlos en la fe, “con alguna esperanza en una vocación sacerdotal” – según el declarante- y que se encontraron “con el peor de los hechos: abusos a niños, corrupción descontrolada.”

En su extenso testimonio, este joven declaró que Ilarraz siempre utilizaba el mismo mecanismo para su esquema perverso, observando las personalidades de cada uno de los chicos, sus angustias y ansiedades, para ir acercándose y darles ‘su amor’. Cada noche, cuando se apagaban las luces del pabellón del Seminario, el cura esperaba unos minutos y comenzaba a caminar por entre las camas. Cuando escuchaba algún lloriqueo silencioso se aproximaba, se sentaba a su lado, le acariciaba la cabeza y la mayoría de las veces terminaba ingresando a su cama para consolarlo. "Ese consuelo significaba mimarlo, tocarlo y besarlo en la boca. Y casi todas las noches se llevaba a su habitación al chico más angustiado, para que se quedara a dormir con él y al otro día lo devolvía a su actividad normal”

Según este testimonio, los abusos también tuvieron lugar en campamentos que se hacían en zonas cercanas al establecimiento o en Córdoba, cuando entre mediados de enero y febrero, se instalaban en el Hogar Preventorio de las Hermanas de San Camilo de Lellis, en Molinari, en pleno Valle de Punilla. El cura los obligaba a disponer de una libretita, para "anotar los pecados" y tenían la obligación de mostrárselo semanalmente, para una especie de monitoreo. Tras ello, había premios y castigos. "El estímulo mayor era partir con él rumbo a Europa. Chicos de su estrecha confianza, tras ser elegidos y abusados, conocieron Italia, Rumania, España o Grecia de la mano del cura Justo José Ilarraz".
La declaración completa fue publicada por el semanario Análisis Digital.

El abogado querellante Milton Urrutia, quien también pasó por el Seminario, relató que las celebraciones que daba en la capilla apensas duraban 15 minutos y que nunca daba un sermón. En su oficina, durante los años 80, en plena hiperinflación, había un stock de chacinados, quesos, golosinas y chocolates, para convidar a los chicos, algunos de los cuales tenían la llave de su habitación.

Las víctimas de Illaraz y de la cadena de encubrimiento de la jerarquía eclesiástica desafían el manto de silencio, las caras coberturas, los traslados para evitar escándalos. Mientras los abusadores y pedófilos cuentan con una estructura capaz de pagar caros estudios de abogados y fianzas y además, manejan los mecanismos más sutiles para difamar a denunciantes y amedrentar con sospechas hacia las víctimas, las personas agredidas se presentan ante la justicia después de casi treinta años a relatar un infierno. Este caso comenzó a ser visualizado e investigado para la opinión pública recientemente gracias a denuncias periodísticas, pero en el medio paranaense y entrerriano, al menos, se sabía.

Quien escribe mantuvo una charla con un ex seminarista que durante aquellos años estaba en el Seminario Mayor y me habló de otras torturas y del peso de personajes vinculados con la legitimación del terrorismo de estado. Volviendo al caso de Illaraz, debe destacarse que existió una investigación diocesana - porque el sacerdote fue denunciado por seminaristas en su momento - pero los resultados fueron mantenidos por la curia en secreto hasta que el escándalo estalló en los medios de comunicación. La denuncia y posterior investigación diocesana a cargo del ex arzobispo de Paraná Estalislao Karlic, debió haber sido girada a las autoridades judiciales. Karlic, cuya carrera en el Episcopado argentino iba en ascenso, sucedió en su cargo a Monseñor Tortolo, el confesor de Videla y apologista de las desapariciones.

Todos sabían

En septiembre de 2010, ocho sacerdotes firmaron una carta dirigida al entonces Arzobispo de Paraná, Mario Maulión, exigiendo a la jerarquía eclesiástica que hiciera la denuncia ante la justicia entrerriana por los hechos de corrupción de menores en el establecimiento.No fueron escuchados. Maullón se jubiló a los pocos meses y fue reemplazado por monseñor Juan Puíggari quien fuera prefecto del Seminario Mayor entre 1984 y 1993 y que no desconocía los hechos: fue él ante quien se presentó la primera denuncia por abuso de menores en el establecimiento. Entre otras cosas, decían los sacerdotes:
"Nuestra preocupación es doble. Por un lado, el hecho de que el padre Ilarraz continúe ejerciendo el ministerio sacerdotal, sin que se le haya aplicado ninguna sanción canónica ni haya sido convenientemente investigado y juzgado por la autoridad civil. Es un hecho que quien padece pedofilia puede cambiar solo con mucha dificultad. En todo caso -se agregaba- es una imprudencia y así lo confirma la praxis actual de la Iglesia, que siga ejerciendo el ministerio y estando en contacto con fieles, con los cuales puede volver a ocurrir lo mismo que aquí en Paraná". Los sacerdotes recordaron "las rotundas afirmaciones de Benedicto XVI en su viaje a los Estados Unidos, al decir que no hay lugar en el sacerdocio ni en la vida religiosa, para quienes dañan a los jóvenes".Expresaron su preocupación por "el hecho de que el silencio de las autoridades eclesiásticas sea interpretado por nuestra feligresía como un acto de encubrimiento o complicidad. Creemos que tarde o temprano el caso va a salir a la luz y tememos por el impacto negativo que pudiera tener para la fe de nuestros creyentes y la confianza que depositan en nosotros. Nos parece que prolongar el silencio, a la larga, pueda dañar mucho más la imagen de la Iglesia en Paraná, que reconocer los sucesos y nuestra parte de responsabilidades en los mismos".

Uno de los firmantes, el sacerdote Juan Carlos Wendler, dejó por un año el sacerdocio, a días de la publicación de la condena mediática del mismísimo Illaraz a la pedofilia, en diciembre pasado.

Cuando la verdad comienzó a conocerse a pesar de todo, Illaraz se encontraba en la provincia de Tucumán, en el barrio Ñunorco de Monteros.El Centro Judicial local inició una investigación sobre el sacerdote pero no se registraron denuncias allí y no se lo pudo llamar a declarar. Según el fiscal, la gente “se había llamado a silencio, por miedo”.
A fines de noviembre del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia anuló la resolución que declaraba la prescripción (según el voto de los vocales Hugo Daniel Perotti y Miguel Ángel Giorgio, al hacer lugar al planteo del procurador general Jorge Amílcar García, quien demostró que fueron siete las denuncias que se le imputaron al sacerdote. La Sala I de la Cámara Penal solo emitió opinión sobre dos y evitó abrir juicio sobre las cinco restantes. La procuración y la querella sostuvieron que resultaba injusto que se cierre la causa Ilarraz por dos hechos sin investigar los cincos restantes y la Sala Penal hizo lugar al planteo, desestimándose así los argumentos de los abogados de Ilarraz, Juan Angel Fornerón y Jorge Muñoz quienes habían atacado la decisión del juez de Instrucción Alejandro Grippo de rechazar la prescripción -en abril del 2013- del delito de Promoción a la corrupción de menores agravada. Los camaristas fueron favorables a los abogados de Illaraz, su decisión conmocionó a Entre Ríos y motivó otra carta, de las víctimas al Papa. Luego el STJ entrerriano anuló la resolución. Además de las 7 víctimas que ya declararon y denunciaron al cura, otros 40 ex seminaristas que están esperando que el expediente siga su curso para realizar sus propias denuncias.

La justicia negó permiso para salir del país al cura Illaraz. Pero fuera de eso no parece tener muchos miedos ni problemas para hacer declaraciones. El 8 de diciembre pasado, el periódico Perfil publicó una entrevista vía mail donde el cura, que sigue en Tucumán, respondió preguntas aunque no se arreglo que no se le repreguntara nada. Dice su abogado que se protege del "acoso periodístico". Como se ha señalado, la justicia prosigue la investigación gracias a lo establecido por la Ley Piazza, que toma en cuenta justamente la edad y la situación de las víctimas, habilitando las denuncias cuando son adultas; estos delitos no han prescripto. De todas maneras, los pasos adelante dependen de vairas instancias, la Cámara, el Superior Tribunal de Justicia, pero también de la difusión de estos mecanismos de compicidad y silencio en la sociedad, además de gestos de los cuadros políticos, empezando por el más alto de ellos, de la mismísima iglesia católica. El Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, con jurisdicción sobre la diócesis de Paraná, está llevando adelante una investigación, a modo de instrucción, sobre una víctima que declaró en la Justicia de Entre Ríos por el caso de abuso perpetrado por Illaraz y la documentación que se reúna será enviada a Roma, a pedido de Bergolio.

Es en la justicia civil donde se establece el delito, la pena y lo que hace posible algún tipo de reparación, en el sentido de esa paz de la que hablan las víctimas, pero a nivel de la institución religiosa, las medidas a tomar y los gestos, permanentemente ambiguos, se corresponden con las marchas y contramarchas de aquellos tribunales en los que la influencia clerical incide en en demasía en las interpretaciones de normas vigentes más allá de que seamos o no católicxs.

Ay de vosotros!dijo Jesús de Nazareth...En el reportaje, Illaraz sostuvo su inocencia de los cargos y además, aseguró que “cualquier tipo de abuso es una aberración. Pero mucho más cuando hablamos de menores y más aún cuando nos referimos a un educador o a un religioso. Ninguno, en sus cabales normales, podrá decir una cosa contraria. Es un delito aberrante.”

Un proyecto constitucional

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara baja al presentarse nuevamente el Proyecto de Interrupción del Embarazo. Con la presencia de impulsorxs y diputadxs firmantes además de representantes de la Campaña Nacional por el Derecho Legal, Seguro y Gratuito - el espacio plural y federal de más de 300 organizaciones y miles de personas a lo largo y a lo ancho del país - que ha sido la persistente autora de los proyectos que perdieron estado parlamentario al no llegar a un dictamen de comisión, se desarrollaron distintas exposiciones de gran nivel fundamentando la necesidad de tratamiento del aborto en el recinto.

La Campaña,con su persistencia y aporte de movimientos sociales pero también académicos y científicos, con el pañuelo verde y una movilización imparable, popularizó la consigna "Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir" que se escuchó tantas veces como los aplausos en la presentación. Creciente el apoyo de diputados y diputadas de diversos partidos, y con la militancia sostenida no solamente de militantes de esta causa sino de comunicadorxs comprometidxs, porque el tema está en la agenda -lo señaló Cristina Zurutuza al abrir las declaraciones-, parece claro que la iniciativa será discutida. Al fin.
Es importante tener en cuenta la deuda pendiente que el tratamiento y sanción de la ley debe saldar.
Y además, la voluntad colectiva de volver a presentar el proyecto otra vez si fuese necesario y los miedos a las corporaciones que representan creencias particulares se impusieran en un ámbito donde no tienen legitimidad sus intromisiones. Se dijo también y es lo que viene sucediendo desde hace muchos años. En el ámbito de la representación de la ciudadanía, es donde se dirime lo que norma y afecta a todxs, más allá de las opciones de cada moral o religión. Estamos viviendo las nefastas consecuencias institucionales y políticas que resultan de impedir esta función indelegable de nuestros representantes. Se vulnera el funcionamiento democrático y se pierde en acceso a la justicia, al goce de los más elementales derechos.
En relación al aborto, una dificultad recurrente son la proliferación de las interpretaciones que enarbolan como certezas cuestiones discutidas - en relación a la protección de la vida- para cerrar la posibilidad de tratar el tema, prolongando la agonía y la muerte de las mujeres más vulnerables. La omisión es acción, porque la problemática existe y es un problema social, responsabilidad del estado.
Para enriquecer la argumentación acerca de la constitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, la Dra. Nelly Minyersky tuvo una intervención contundente.
"Cuánta verdad, cuánta coherencia, cuánta constancia y cuánta voluntad de lucha hay que tener para seguir presentando este proyecto con cada vez más respaldo." Y agregó: "Es un problema de salud pública acerca del cual han llegado a engañarnos de tal forma, que durante años sostuvimos la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo y sin embargo, no nos animábamos a plantearla como podemos hacerlo ahora. Hemos escrito - muchos de nosotros- que a pesar del artículo famoso del Código Civil y del que se proyecte, nosotros teníamos una legislación superior, que permitía - a partir de 1994 con mayor certeza todavía y al contar con un plexo normativo como los tratados internacionales de derechos humanos - afirmar con certeza que cualquier proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se presente, como éste de la Campaña, es constitucional."
Desde hace 20 años la Corte Interamericana señaló la diferencia entre el embrión y las personas humanas corpóreas (el caso Baby Boy) y se creó jurisprudencia.
"Al internarnos en el derecho que no es ni el Código Civil ni el Código Penal, sino que son los tratados de ddhh que deben ser interpretados y que obligan a los estados a adaptar su legislación interna para seguir los principios a los que ese estado ha adherido, tenemos un marco jurídico distinto." Localmente contamos, señala Minyersky, con el fallo del caso F.A.L. "donde la Corte Suprema de Justicia cita el caso Baby Boy y deja abierta una puerta."
La Resolución aludida es la 23/81, Caso 2141 Estados Unidos de América,con motivo de la denuncia formulada en el año 1977 contra los Estados Unidos de América y el Estado de Massachusetts, por violación al derecho a la vida a raíz de una sentencia dictada por la Corte Suprema de EEUU que absolviera al médico que, con consentimiento de la madre, practicara el aborto, y que impidiera la vida de ‘Baby Boy’. En la resolución,al realizar la Comisión un pormenorizado estudio de los trabajos preparatorios tanto del art. 1 de la Declaración Americana y del Pacto de San José en relación con el derecho a la vida y de la inserción de las palabras ‘en general’ en el art. 4.1 de este último, se señaló que dicha expresión tuvo por objeto permitir la subsistencia –por no incompatibilidad– de la preexistencia de aquellas legislaciones nacionales que no son restrictivas de abortos en especiales situaciones. Por ejemplo, cuando sea necesario para salvar la vida de la madre o, para interrumpir la gravidez de una víctima de estupro (como el art. 86 de nuestro Código Penal). Hay, por eso un antecedente de la distinción entre la protección en general y la protección debida a las mujeres.
"Tenemos otro aval muy fuerte que es el caso Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", donde se dice que "respecto a cuándo comienza la vida, es un tema que está en discusión: hay distintas posiciones y entonces, adherir a una posición entre varias sería adherir a una creencia particular que obligaría a todos.Por eso no se pronuncia acerca de cuándo comienza la vida." Precisamente, en reiteradas oportunidades se dice que ninguno de los tratados, ni los artículos, ni siquiera el famoso artículo 4to. de la Convención donde se dice que se es persona desde la concepción en general, pueden ser interpretado como una equiparación."
En el caso Artavilla Murillo, que ha sido comentado en este blog a propósito de una jornada realizada en el Congreso Nacional el año pasado, el articulado de la Declaración es analizado para resaltar la diferencia entre embrión y el ser humano. "Como Velez Sarsfield - autor de nuestro Código Civil- ya afirmaba, el nasciturus (el que) va a nacer) no tiene vida fuera del cuerpo de la mujer."

Cuando hay colisión de derechos, prevalecen los derechos de las mujeres embarazadas.
Minyersky enfatizó que lxs diputados pueden votar con tranquilidad este proyecto porque es constitucional. "Lo inconstitucional es obligar a todas las mujeres y lo inconstitucional grave es este problema de salud pública, que mata a miles de jóvenes mujeres, y que representa una tortura... y una discriminación absoluta contra las mujeres más pobres".
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos de las mujeres.
Al finalizar su intervención y planteando el problema de la hipocresia que sirve como sostén de esta situación en nuestro país, tal como lo había planteado Zurutuza, la prestigiosa jurista y luchadora se preguntó, dirigiéndose a quienes estábamos presentes pero sobre todo a lxs que deben responder al reclamo social, lxs diputadxs: "¿Quiénes quedan atrapadas en el mundo del delito? Las mujeres jóvenes, las vulnerables" y señaló la deuda con centenares de miles de jóvenes que no pueden disfrutar de la vida ni de su cuerpo por el temor a un embarazo no querido. Situaciones donde no hay acceso a la información ni a la atención de su salud. Pero también de todas las mujeres porque vivimos en una permanente amenaza de tener que vernos obligadas a transgredir la ley al no poder decidir.
Distintxs legisladorxs expresaron sus opiniones y el porqué de su apoyo.El Congreso de la Nación tiene en sus manos dar el debate y cumplir su función, mientras la ciudadanía tiene otro compromiso, a su vez, el de luchar, informarse, movilizarse, discutir con argumentos y persuadir, enfrentando el desafío de terminar con una situación de discriminación, tortura, maltrato y hasta la muerte de mujeres, vulneradas en sus más elementales derechos.

Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso : la hora del coraje o de la hipocresía

Vuelve uno de los debates más urgentes y demorados al ámbito donde debe darse: el Congreso Nacional.
Se presenta esta semana otro proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo(IVE),encabezado por la Diputada del FPV Adela Segarra y que lleva las firmas de Manuel Garrido, Juan Carlos Zabalza, Laura Alonso, Margarita Stolbizer, Victoria Donda, Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Carlos Heller, Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Ramona Pucheta, Carla Carrizo, Gladys Soto, Juliana Di Tullio, Diana Conti, Adriana Puiggrós, Araceli Ferreyra, Andrea García, Virginia Linares, Alicia Ciciliani, Mara Brawer, Miguel Bazze, Víctor De Gennaro, Carlos Raimundi, Ricardo Cuccovillo, Horacio Pietragalla Corti, Mónica Gutiérrez y Fabián Peralta. Además de Héctor Recalde, Roy Cortina, Jorge Rivas, Elida Rasino, Eduardo Santín, Gloria Bidegain, María del Carmen Bianchi, Edgardo Depetri, Omar Barchetta, Antonio Riestra, Gabriela Troiano, Silvia Scotto, Fabián Rogel, Leonardo Grosso, Mario Oporto, Gastón Harispe, Remo Carlotto, Enrique Vaquié, Herman Avoscán, Juan Carlos Junio, Pablo López, Liliana Ríos, Verónica Magario, Ana Gaillard, María Eugenia Zamarreño, Josué Gagliardi, Jorge Barreto y Liliana Mazure.
Son treinta y cuatro las firmas oficialistas en este quinto intento desde 2007.

En septiembre pasado, en este blog señalábamos esta inquietud: ¿porqué parece más fácil debilitar la heterosexualidad obligatoria en Argentina mediante la sanción del matrimonio igualitario, que lograr un debate parlamentario del proyecto de despenalización y legalización del aborto? Se referia a una situación de subordinación oculta y perpetuada, silenciada y aparentemente no relevante para las cuestiones políticas. Quisiera ahora desplegar otros argumentos y platear otros interrogantes. O tal vez los mismos pero desde otro ángulo.

Cuando en 2011 y tras ser cajoneado en repetidas oportunidades, el primer debate pudo darse, éste duró muy poco y tuvo un desenlace lamentable. Si se logra esta vez, contrariamente a lo ocurrido en la Comisión de Legislación Penal donde el tratamiento de un proyecto ampliamente respaldado por diputadxs de todas las bancadas se perdió en una jugarreta formal de firmas evitando el dictamen, y se discute de manera responsable, habremos avanzado sustancialmente como democracia.

Recientemente y por distintos motivos, el tema quedó afuera de las reformas del Código Civil y del Código Penal, mientras por otra parte, dirigentes importantes del kirchnerismo como Jorge Taiana insistían en la necesidad de discutir un proyecto y de perder el miedo a dar el debate. Se está reconociendo la demanda social que lo impulsa y el drama que se multiplica como producto de la situación en la que permanecemos, a pesar de tanto avance cultural y normativo logrado en estos diez años. Dirigentes de otras fuerzas políticas han impulsado, han firmado y han desafiado presiones e inercias para impulsar los proyectos presentados hasta ahora,y han demostrado un compromiso con el tema que los honra y le da espesor al reclamo social por la IVE.

Hay que responder a la demanda ciudadana, a las movilizaciones no solamente de organizaciones feministas, a la articulación federal que logró al Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sino también a la de muchos sectores que se hacen cargo, más allá de sus posiciones individuales y personales, de un problema colectivo que arrastramos como sociedad y que no se puede esconder con declaraciones de índole moral en abstracto que siempre se desentienden de las víctimas.

Hay una demanda porque hay una necesidad de dar respuesta al problema del aborto.

Porque el aborto en Argentina existe: más de 500.000 mujeres abortan anualmente exponiéndose a la penalización o a perder la vida. Sin una ley que regule, que permita la práctica en el hospital, somos cómplices de esas muertes invisibles, que pareciera que no impactan, que pareciera que no nos duelen de la misma manera que otras muertes. Y que son evitables. Estéril situación la vigente para impedir la práctica, el penalizar, mientras se sigue obstaculizando el derecho al aborto en los casos no punibles.

En tanto solamente se cuente con respuestas represivas, las mujeres no serán disuadidas de tomar una decisión, - y habría que pensar qué tipo de elecciones pueden hacer muchas que no acceden ni a la salud sexual y reproductiva, ni a poder evitar ser violentadas – y este panorama desafía la respuesta desde los poderes del estado. Porque aunque no se comparta una mirada equitativa en cuanto a los derechos de mujeres y varones, desde el punto de vista de la eficiencia en el combate de este “delito”, el fracaso es contundente. Y para quienes sí tenemos esa mirada, dramático, además.
Si preocupa la pérdida de la vida, de alguna vida, penalizar no es la respuesta al problema.

Además, las mismas muertes que se producen por los abortos clandestinos y habilitadas desde la hipocresía que convenientemente rehúsa y obstaculiza el debate, son la expresión de la falta de autonomía y de la imposibilidad del disfrute del derecho a la vida y a la salud que la mitad de las personas que habitamos este país padecemos.
Las relaciones sociales y culturales injustas no pueden ser ignoradas al abordar este tema.
El aborto clandestino es el efecto de una secuencia de padecimientos e injusticias que no pueden dejarse a un lado.

No hay que dejarse espantar por los lobbies poderosos. Lxs representantes del pueblo tienen una opinión pública con espaldas para que las distintas miradas jueguen sus argumentos, abiertamente. Las encuestas muestran que se está de acuerdo en que las políticas públicas no deben ceñirse a dogmas por más poderosa que sea la entidad religiosa que los proclame a viva voz o que los cuele entre gallos y medianoche en los pasillos y los despachos de representantes susceptibles a la pérdida de fuerza en territorios conservadores. Ocurrió con otras medidas que parecían inalcanzables, y sin embargo obtuvimos desde la ley de divorcio hasta el matrimonio igualitario, pasando por el derecho a la identidad de género. Y haber dado el debate aumentó el capital político para esa dirigencia que estuvo a la altura de las circunstancias.

Tenemos un estado laico, cuyo rol es garantizar la libertad de cultos para quienes profesan distintas religiones y la libertad de no tener ninguna y asegurar los derechos para todxs.
Una ley que legalice la IVE no obliga, sino que deja de perseguir a las mujeres, muchas de ellas ya excluidas y despojadas de derechos, que tantas veces se encuentran en una situación donde la continuación o no de un embarazo es determinante de su futuro o su presente, donde se están jugando la salud en sentido integral, sin la cual no hay proyecto de vida posible.

Legalizar el aborto no obliga a abortar a quien no lo considere una opción por razones religiosas o morales.

Legalizar el aborto deja de habilitar una práctica perversa que revictimiza y mata, y garantiza un negocio a los hipócritas.

Legalizar el aborto es una demanda que debe ser satisfecha por la democracia que estamos construyendo precisamente por dejar atrás los miedos y los prejuicios que siempre siembran injusticias, persecuciones y muerte.

Bienvenido el coraje de quienes impulsan el proyecto y honran el mandato popular recibido abriendo las puertas a una de las discusiones más importantes y demoradas en Argentina.