
Almada descubrió los “Archivos del Terror”, consistentes en documentación – fotografías, registros, fichas, listados de infiltrados de inteligencia elaborados por la policía política paraguaya- elementos claves que prueban además la coordinación represiva que involucró a las fuerzas de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay en la década del 70. Secuestros, detenciones ilegales, torturas, asesinatos, que dejó más de 100.000 víctimas fatales.

Convencidos tal vez de su impunidad, a diferencia de otras dictaduras, los uniformados paraguayos no destruyeron ese material que reviste fundamental importancia probatoria para el juicio y castigo y para ahondar en la coordinación represiva de padecimos estos países que hoy intentan una integración diferente y en el respeto a los derechos humanos, no sin tropiezos (pensemos en el "conveniente" traslado de la Jueza Mota en Uruguay y la actitud regresiva de la Suprema Corte de Justicia cuando se avanzaba en el juzgamiento de represores en más de 50 causas por secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos políticos).

“¿Quiénes fueron las víctimas de la Operación Cóndor? Dirigentes sindicales, el 50 %, estudiantes, periodistas que hacían investigación, religiosos y religiosas, referentes de la Teología de la Liberación, intelectuales, artistas, intelectuales, la clase pensante fue víctima entre el 75 y el 85. Esto es lo que prueba la documentación que hemos encontrado en Paraguay el 22 de diciembre de 1992.”
Pasaron 20 años, y poco se ha logrado desde ese momento en el sentido de juicios y castigos, a pesar de la sucesión de gobiernos democráticos. Se creó la Comisión de la Verdad y la Justicia, se confeccionaron siete tomos de recomendaciones y de conclusiones sin que los gobiernos que se sucedieron la consideraran para actuar contra la impunidad.
“Procesaron a los policías torturadores, pero la Operación Cóndor no fue una conspiración de policías, fue una conspiración de militares. Entonces aquí se castigó a quienes hicieron el trabajo sucio, a la policía, pero los responsables, a los militares, nada. Nada se ha logrado. Sigue la impunidad y siguen muriendo en la impunidad.”
“Sí ha tenido una significación, este Archivo del Terror y el informe subsiguiente, para que víctimas cobren indemnizaciones, que no son suficientes”, afirma Almada; al menos,se inició la campaña para resarcir económicamente a las víctimas o a sus hijxs que se está aplicando. Lo grave es lo pendiente, que es el efectivo juzgamiento y condena de los responsables políticos.

Martín Almada padeció en carne propia el secuestro y tortura durante los años 1974 y 1977 a manos de la policía política de Stroessner. Su esposa Celestina Pérez, con quien había fundado un instituto educativo en San Lorenzo que constituyó un centro de animación cultural, fue asesinada. Ambos eran educadores y se dedicaron a promover los derechos en particular de mujeres maestras mediante la Economía solidaria: su delito era la construcción de viviendas y la promoción social. Gracias a una beca, Almada obtuvo en Universidad Nacional de La Plata, Argentina, el título de Doctor en Ciencias de la Educación, siendo el primer paraguayo con ese diploma. Pero su tesis doctoral, “Paraguay: Educación y Dependencia”, fue enviada por la policía argentina a la policía paraguaya en el marco del Operativo para el intercambio de información y de prisioneros políticos en el Cono Sur. El régimen militar paraguayo clasificó la obra como “subversiva” y a su autor como “terrorista intelectual”. La presión de distintos organismos al régimen obtuvo su liberación y Almada partió al exilio en 1978 con sus hijos, trabajando para la UNESCO y la defensa de los derechos humanos desde entonces.
El próximo 10 de mayo, Almada estará en Buenos Aires disertando sobre el Plan Cóndor en el Centro Cultural de la Cooperación. Vale la pena escucharlo, es directo y pedagógico. Así, sin eufemismos, caracterizó las recientes elecciones en su tierra, donde solamente el proceso de alianzas políticas que llevó a Fernando Lugo a la presidencia en 2008 -truncado por un golpe institucional que desacreditó al gobierno internacionalmente, debilitando a los liberales que habían volteado a su aliado-, interrumpió la hegemonía colorada desde que en 1989 el dictador Alfredo Stroessner fuera derrocado por Andrés Rodriguez.

Admite que la centroizquierda está haciendo su autocrítica dada la actual relación de fuerzas: una derecha que se unió y una izquierda atomizada “por la avidez de ocupar un cargo en el Congreso”, y agrega: “lo lamentamos mucho, porque hubiéramos hecho un trabajo mucho más productivo para la causa de la gente que clama justicia”.

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