Mariano y la justicia

Llegamos al final del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra.

El 20 de octubre de 2010 una protesta de trabajadorxs tercerizadxs de la línea Roca fue atacada por una patota. Explotados por los sindicalistas, lxs tercerizadxs cortaban las vías. Allí, un joven fue asesinado a balazos. Otrxs tres manifestantes resultaron gravemente heridxs. Una mujer quedó paralizada de por vida.

Esperamos que no solamente este juicio condene al ex Secretario General de los ferroviarios, lo que representa un hito frente a una práctica violenta y patoteril para la cual no hay más lugar en este contexto democrático, sino a todo atropello similar que involucre a estos personajes. Esos sindicalistas que detentan un poder por ser presuntamente defensores de lxs intereses de trabajadorxs mientras se manejan como corporaciones. Es vieja la historia de la violencia sindical, y de la violencia política y de los negocios inconfesables.

El impacto que generó el ataque del 20 de octubre y la condena social hablan de lo que hemos desarrollado como anticuerpos después de tanta violencia sufrida, después de lo vivido en el 2002 con las muertes de Maxi y de Darío, con la recuperación de la justicia en relación a los crímenes de lesa humanidad y la complicidad civil, eclesiástica, empresarial, y también judicial.

Dirigentes entregaron trabajadorxs en el pasado mientras pactaban con la patronal golpista. O utilizaban violencia para imponer la representatividad a fuerza de fierros. Muchos terminaron transformándose en empresarios durante el menemismo, gestionando negocios y explotando trabajadorxs como Mariano.

Lenta y trabajosamente, vamos allanando camino hacia otro sindicalismo. La condena de hoy, el crimen de Mariano ha contribuido a poner en la mira prácticas que no podemos tolerar más.

Así como necesitamos transparentar el Poder Judicial, que accedamos a la información como en los demás poderes, a las declaraciones juradas de jueces, a saber cuánto y entonces poder pensar porqué algunxs tienen más celeridad que otros en la tramitación de sus causas, así como hay quienes no tienen acceso igualitario a una defensa debida, a que se tramite con celeridad su expediente, en el caso de Mariano, el rol de los tribunales ha sido singular.

En ccho meses, 75 audiencias integraron el debate oral por la muerte del militante Mariano Ferreyra y las heridas de Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre. Las dos querellas, la Fiscalía y los defensores de los acusados –diez ferroviarios señalados como instigadores o integrantes de la patota responsable de los delitos y siete policías federales imputados por dejar liberada la zona y no actuar para prevenir los hechos– buscaron sostener o desmentir la prueba generada durante la instrucción y aportaron nuevos elementos.En la causa se ha estableció que el acusado José Pedraza intentó sobornar a la Cámara de Casación Penal. El Tribunal Oral 21 tomó en consideración las grabaciones telefónicas obtenidas en la investigación. Y dos meses después de iniciada la instrucción, siete de los diez ferroviarios ya estaban procesados: Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Salvador Pipito, Jorge González, Juan Carlos Pérez, Guillermo Uño y Pablo Díaz. Maximiliano Medina,abogado del CELS que representa a la familia Ferreyra, consideró la instrucción “sumamente positiva” y destacó que: “Al cabo de pocos meses no solo se habían procesado a varios atacantes sino que también se había determinado la estructura del ataque y cómo se había conformado el plan” que derivó en la muerte de Mariano.

Cuatro meses después del fatídico 20 de octubre de 2010 Pedraza y a Fernández su número dos, fueron detenidos y en marzo, procesados junto al delegado Claudio Alcorcel. En mayo se elevó el expediente a juicio: Pedraza y Fernández, acusados de ser instigadores del crimen; Díaz, como quien dirigió la patota del ataque en el territorio; Alcorcel como enlace entre Favale, los ferroviarios y el lugar de los hechos; Favale y Sánchez, acusados de disparar y Uño y Pérez, como responsables de esconder las armas homicidas. A Pipito y a González, por amedrentar a un equipo periodístico de C5N.

La tercera etapa de la instrucción investigó la actuación de la Policía Federal en Barracas, por lo cual fueron procesados Hugo Lompizano, Luis Echavarría, Jorge Ferreyra, Luis Mansilla, Gastón Conti, Rolando Garay y David Villalba. Tanto la querella del CELS como la de los heridos (abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional –Correpi– y de la Asociación de Profesionales en Lucha –APEL–) solicitaron unificar ambos procesos en un mismo juicio oral y lo lograron. Los policías fueron partícipes necesarios.

En agosto de 2012 comenzó el juicio oral y público. Para la querella de los militantes de izquierda heridos, desde el primer momento, la actitud de la fiscal y del juzgado actuantes en la instrucción consistió en proteger a los policías y en desvincular de la situación a funcionarios del gobierno nacional y a directivos de Ugofe (empresa gestionadora de la ex línea Roca). Acusan al Estado, a la empresa y al sindicato de estar vinculados en el plan criminal destinado a amedrentar a lxs trabajadorxs. La abogada de CORREPI Ma. del Carmen Verdú y Diego Rojas, autor de la investigación "Quién mató a Mariano Ferreyra", denuncian la connivencia del gobierno nacional y apuntan contra funcionarios del Ministerio de Trabajo y de Transporte, tanto como al CELS, que representa a la familia Ferreyra. Sostienen que de no haber mediado la movilización popular repudiando el asesinato y el accionar patoteril sindical, no se hubiera llegado a esta investigación.

La apropiación del caso, es decir, la batalla por el significado de este episodio es parte de un proceso que se desarrolla con un juicio que hoy concluirá, con una condena social explícita, con una movilización en la que no solamente estará la militancia del Partido Obrero sino todxs quienes apoyamos y trabajamos por la libertad sindical, por el trabajo registrado, por una justicia democrática.

El gobierno nacional, que gestiona y avanza en concreto en medio de feroces intereses congregando voluntades y desafiando límites, jamás ha reprimido una protesta. El Ministerio de Seguridad está desarrollando una tarea dificilísima donde la formación en derechos humanos, el recambio de los agentes, la articulación con poderes provinciales y municipales resulta tortuoso. Crea planes y programas para desarticular redes delictivas donde hay que horadar justamente, las connivencias entre fuerzas policiales, juzgados y políticos. La corporación sindical es uno de las fuerzas más resistentes y reactivas a este proceso iniciado hace diez años. No hace falta ahondar en las alianzas deshechas y el viraje de la conducción de la CGT, las amenazas de dirigentes de las centrales que fueron combativas de hacer la situación insostenible para el gobierno de Cristina Fernández junto con los terratenientes que se resisten a pagar impuestos y propietarios de medios monopólicos.

Seguramente comprenderemos, aunque sea trabajosamente, que ésta es una sentencia histórica y que avanzar en la democratización de los gremios y las fuerzas de seguridad necesita unidad y militancia, así como de diagnósticos que no reduzcan la complejidad de los resortes implicados.

Será la primera vez que un dirigente sindical sea declarado culpable en la justicia, condenado, y además -esperamos quienes apostamos a la labor de los tribunales-, encarcelado en celdas comunes, sin privilegios.

Habrá un antes y un después de la sentencia que conoceremos esta tarde y que será escuchada por una multitud que excede a la militancia del Partido Obrero que ha buscado responsabilizar al gobierno nacional de proteger a los acusados del crimen mientras se sustanciaba con una celeridad poco común, la causa, es decir, la justicia.