LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD EN URUGUAY

“Se ha luchado mucho contra la impunidad a fuerza de muchos juicios y muchos castigos en Argentina. En Uruguay está instalada la cultura de la impunidad”
(Roger Rodriguez,periodista de Caras y Caretas de Montevideo, en entrevista radial con REMOLINOS.TIEMPO DE MUJERES, Radio Gráfica, 18/2/2013)

En el Uruguay, una jueza valiente intervino en más de cincuenta causas de violaciones a los derechos humanos como subrogante de Graciela Gatti, jueza que había procesado con prisión al dictador Juan María Bordaberry. Mariana Mota, había investigado anteriormente durante su desempeño en la Ciudad de la Costa, casos de envío de remesas provenientes de Paraguay con origen no reconocido y enviadas a Estados Unidos, que terminaron archivados por falta de pruebas. Cuando la trasladan a Montevideo como subrogante de Graciela Gatti, quien había procesado al ex presidente por homicidios, Mota cambió la carátula tipificando atentado a la constitución y delitos de desaparición forzada y homicidios políticos, como el de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, entre otros. Bordaberry murió en 2011 condenado por delitos de lesa humanidad, preso, inhabilitado y sin jubilación de ex presidente.
Desde el Juzgado en lo penal Nro. 7 del cual fue trasladada sin explicaciones el viernes 15 de febrero pasado – lo que conmovió a la sociedad uruguaya que resiste y mantiene el reclamo por la memoria- la Jueza Mota enfrentó otros crímenes de lesa humanidad que se produjeron durante el mandato de Bordaberry. Entre otros, la desaparición de Carlos Santana y Nelson Insaurralde, militantes uruguayos detenidos en Paraguay en marzo de 1977,- documentado en los “archivos del terror” encontrados en ese país- ,entregados al Coronel Carlos Calcagno Gorlero y que habrían sido trasladados posteriormente a la Argentina en un avión de la armada.Con el procesamiento y encarcelamiento de Calcagno, Mota comenzó a recibir todo tipo de presiones extrajudiciales. Calcagno, por su parte, siguió siendo un hombre fuerte en las fuerzas armadas uruguayas y fue ardorosamente defendido por figuras como el ex presidente colorado Jorge Batlle y hasta por el ministro de Defensa de Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro.
A la jueza se la atacó desde los medios, desde intentos de iniciar un sumario administrativo en la Corte Suprema, pero sobre todo, tras la Marcha del Silencio de 2011 convocada bajo la consigna “Verdad y Justicia”. La marcha en apoyo a la Jueza Mota del viernes pasado en Montevideo y el cuestionamiento a la Corte Suprema uruguaya presagiaba el otro coletazo de la impunidad acerca del cual leemos en los diarios de ayer:

“Ayer, el máximo tribunal de justicia uruguaya declaró inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento en el que coincidieron los ministros es en que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de centroizquierda FA, aunque con alguna disidencia interna. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares –en 1986 y 2009– en favor de una ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.”(Página/12, 23/2/2013)




Roger Rodriguez recordó en la entrevista que le hizo el programa REMOLINOS.TIEMPODEMUJERES por Radio Gráfica el pasado lunes, que el poder judicial desde 1972 ha estado condicionado mediante una ley que habilitó que la justicia militar pudiera actuar sobre civiles; que, además, a partir de la Ley de Caducidad los jueces tuvieron que consultar al Poder Ejecutivo si podían actuar, caso por caso. Una situación reñida con la independencia de poderes que hace a nuestros sistemas republicanos y que ha sostenido esa cultura de la impunidad aún en democracia.

Concluida la dictadura, y cuando se habría podido juzgar, se sancionó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado, ley que en los hechos ha seguido vigente hasta el 27 de octubre de 2011 cuando el parlamento aprueba una ley que devolvía al estado la pretensión punitiva y por lo tanto suprimía “esa forma de amnistía rara y muy a la uruguaya”, como la calificó Rodriguez. Para ese entonces el problema para avanzar con causas judiciales era que, con los años transcurridos, y al no considerarlos el Estado uruguayo crímenes de lesa humanidad, los delitos prescribían. La norma anulaba la ley de caducidad, suprimiendo la prescripción ; pero, al mismo tiempo, “ se armaron muchas causas judiciales contra esa ley que interrogaban a la Corte Suprema acerca de su constitucionalidad. Los cinco ministros de la Corte Suprema callaron un año y están a punto de declarar la inconstitucionalidad de la ley” señaló Rodríguez el pasado lunes y por eso lamentaba: “Nuestro sistema judicial ha ignorado los compromisos con el derecho internacional. Sigue sumergida en la cultura de la impunidad”


CONTRASTES

Contrasta la actitud de los supremos orientales en relación al caso Gelman y al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al estado uruguayo, condena a la cual se hace caso omiso, con la polémica liberación de los hermanos Peirano. Los financistas, recordemos, miembros del Opus Dei y vinculados con la logia Propaganda Due, de largos vínculos con el poder político uruguayo, fueron encarcelados por el vaciamiento del Banco de Montevideo, lo que impactó en la crisis de Uruguay y Argentina en 2001: 800 millones de dólares estafados por la familia Peirano en Uruguay, la Argentina (Banco Vélox) y Paraguay no aparecieron nunca más.
En este caso al no haber sido condenados cuando correspondía hicieron su reclamo ante la Suprema Corte de Justicia uruguaya e inmediatamente se ordenó su liberación.

En 2011, en relación al litigio internacional iniciado en 2006 por la familia Gelman, la CIDH emitió una sentencia en la que establece que el Estado uruguayo deberá llevar adelante una investigación efectiva para determinar el paradero de los restos de María Claudia García de Gelman, mediante una investigación penal u otro procedimiento adecuado y efectivo, así como juzgar y sancionar a los responsables de su desaparición y la de su hija Macarena Gelman, "ésta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de su identidad", indica el fallo.
Respecto a la ley de Caducidad, la norma jurídica que prohíbe juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura (1973-1985), la Corte estipuló que es un "obstáculo" y que "carece de efecto por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", al impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".

MARCHA POR VERDAD Y JUSTICIA

Mañana lunes 25 de febrero en Montevideo, se realizará una Marcha en reclamo por la decisión de un tribunal que se ha mostrado demasiado permeable a los procesos políticos, que durante el gobierno del Presidente Julio María Sanguinetti había dicho que la ley de caducidad era constitucional y que durante el gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez sostuvo lo contrario. Que el viernes declaró que es inconstitucional la ley uqe impedía la prescripción de delitos cometidos durante la última dictadura, entendiendo que las causas deben ser archivadas al haber prescripto los mismos. Una estocada más como la del traslado de funcionarixs comprometidos como Mariana Mota.



La jueza, emocionada el doloroso día de la formalización de su traslado a la sede civil del 1er turno, le decía a lxs periodistas que la consultaban que el poder judicial “debería” ser independiente y que no quería apartarse de un puesto de trabajo en el cual había recopilado pruebas y actuaciones en más de cincuenta casos en los cuales, aún cuando su sucesora tuviera su misma convicción, supone una demora crucial. Una concentración indignada la apoyaba y le pedía que no firmara la resolución en medio de fuerte presencia policial.
En Caras y Caretas,ese mismo día, aparecía publicada la entrevista que Roger Rodríguez había realizado a la jueza en la cual se deslizaba esta decisión de la Corte Suprema uruguaya que se conoció a la semana. A la pregunta de rigor: "¿Volverá todo a fojas cero en relación a la investigación de las causas por derechos humanos si se producía la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18831?" ella decía: “Habrá que esperar más tiempo”. Con el tremendo sufrimiento de familiares y víctimas que se prolonga con la impunidad, Mota sostiene que se está frente a la posibilidad de que en lugar de la justicia de los tribunales, solamente podamos escribir libros de historia, “porque todxs lxs protagonistas estarán muertxs”.



Lo que se juega en el país hermano es la consolidación de su democracia y de las nuestras, la de lxs argentinxs también.El Plan Cóndor supuso la coordinación del terrorismo de Estado, sin fronteras entre Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile... y así como estamos buscando nietxs, cuerpos arrojados al mar, enterradxs clandestinamente, pruebas y archivos, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia también aquí llevó muchos años y muchos reveses. Hubo decisión política histórica de un presidente en 2003 que hizo honor a una lucha que nunca fue abandonada desde el inicio de las rondas de los pañuelos blancos.

Se trata de seguir luchando, de seguir resistiendo.