Cantos y silencios

Hay consignas en los cantitos que se escuchan en las marchas que las mujeres realizamos en los Encuentros Nacionales, y en cada movilización cuando se trata de reclamar la aprobación de medidas que garanticen el ejercicio de nuestros derechos. Los cantitos populares transmiten cuestiones que están instaladas en el imaginario colectivo, que están en disputa, que expresan lo políticamente incorrecto también, lo que está “en el aire”… con la gracia, la creatividad y la ironía que trae al primer plano, sin que se lo espere, lo inconveniente.

“Sí, señores, sí señores,
Prohíben el aborto/
Los curas abusadores/
De menores…”

Mientras por un lado se demonizan los Encuentros Nacionales de Mujeres y desde el poder eclesiástico y sectores máspapistasqueelpapa se dedican a enviar a mujeres a la discusión, o a romper la discusión, o a impedirla, recurriendo a campañas de prensa para desprestigiar la movilización de tantas mujeres desde distintos puntos del país que van entusiasmadas, - realizando todo tipo de esfuerzos para congregarse una vez al año- a cada sede, los hombres de las sotanas callan otras cosas. Y sus cómplices hipócritas también.
Mujeres organizadas venimos luchando desde hace mucho tiempo por neutralizar una injerencia nociva de la Iglesia Católica en las políticas públicas de un Estado que es el de todxs, creyentes y no creyentes. Mujeres de distintos colores partidarios sabemos cuánto hay que desmontar de hipocresía y de silencio mientras padecemos todo el tiempo injusticias derivadas de una cultura que nos considera propiedad del varón, que no nos reconoce el ejercicio de nuestro derecho a la salud, a la igualdad de oportunidades para decidir sobre nuestra vida en cuestiones personalísimas. Cuando esa cultura se expresa en las acciones violentas que sufrimos, como los ataques a nuestra integridad sexual, institucionalmente se nos revictimiza negándonos la palabra, la contención, la decisión de lo que hacer a partir del daño que no merecimos y se nos inflingió. Las resistencias al cumplimiento de lo dispuesto, por las leyes y hasta por la Corte Suprema de Justicia!, en relación al aborto no punible es un ejemplo claro de todo lo que tenemos que vivir y que se ha naturalizado, que pasa desapercibido en su violencia, se ve como “normal”.

Hay siglos de trabajo de un discurso legitimador de nuestra subordinación. La Iglesia instaló en la cultura occidental judeocristiana la asimilación de la mujer al pecado, el repudio a lo corporal como lo degradado – reformulando el legado platónico de los dos mundos, el inteligible y el sensible que es mera apariencia –, considerando la sexualidad como ese mal necesario que sirve solamente a los fines de la reproducción.
Mujeres y varones vamos denunciando y logrando, cada vez más, develar una trama de poder que como pocas circula por nuestras instituciones, por nuestras instancias legislativas, por nuestros espacios cotidianos, por nuestros lugares comunes no cuestionados, por nuestros cuerpos.

Las influencia de la Iglesia en la perpetuación de las desigualdades entre varones y mujeres, en el reforzamiento de los roles estereotipados, en la concepción binaria heterosexual frente a la cual todo lo demás es aberrante, ha subsistido no tanto por la fe practicante de la grey como por el poder de lobby de la corporación que es la Iglesia, tan parecida y tan diferente hoy día al que detenta una multinacional.
Quemando “brujas” hace algunos siglos, persiguiendo toda anomalía con respecto a la unión de hombre y mujer por el contrato matrimonial, la Iglesia ha ocultado, como toda corporación que se precie de tal, las conductas de sus miembros que desmienten lo que su discurso y prédica proclaman.

La Iglesia continúa, en pleno siglo XXI, abusando no solamente de las mentes en formación a las que les inculcan este sexismo y odio al cuerpo y a la libertad, sino que atropellan la inocencia, se burlan de la confianza y de la fe de ellos mimos inculcaron. Las víctimas, arrasadas por esos mayores a los que se les cree y se los considera guías, “padres”. Y pocxs se atreven a levantar la voz en contra de estas cosas, en defensa de lxs chicxs abusadxs, por tantas chicas a las que embarazan – y lo digo así, en clave machista, “embarazan” para marcar la perversión de ese abuso cuando al mismo tiempo les niegan el derecho a la salud, las consideran las culpables de tentar, les prohíben las relaciones y el uso de preservativo, y las violentan en los confesionarios –, curas que luego son trasladados por la Iglesia misma. Para preservarlos y que continúen en otra diócesis o parroquia…impunes, y probablemente, reincidiendo.

Pero los obispos no denuncian ante la justicia, arreglan las cosas “desde adentro”.
Mientras impiden que se cumplan las leyes de la democracia que garantizan desde la letra la educación sexual en las escuelas, los servicios de salud reproductiva en hospitales y salitas, presionando gobernadores y colocando cuadros católicos y pro-vida en los servicios de ginecología, en ministerios, etc., los dignatarios de la Iglesia se dedican a participar de campañas mediáticas hablando de la corrupción de la política. Los clérigos se indignan presuntamente frente al hambre, mientras sus propiedades están exentas de impuestos.

Los obispos y arzobispos no piden disculpas por lo que las sotanas han hecho con las ovejas que tienen a cargo y por las cuales, conserva su situación de privilegio como culto, tanto frente a otros cultos como frente a otras organizaciones religiosas, filosóficas, que son personas jurídicas privadas. Hay que tener presente que la Iglesia Católica, es una persona jurídica de carácter público, situación que atropella nuestra Constitución. Nuestro Estado es laico, y es nuestro: que nos pertenece a todxs, creyentes o no.

Escribía Fortunato Mallimacci, a propósito del status de la Iglesia en nuestro Código Civil, hoy en debate, que en 1871 la idea liberal del Estado equiparaba a la Iglesia con otras entidades. Establecía el art. 33: “Las personas jurídicas, sobre las cuales este Código legisla, son las que, de una existencia necesaria, o de una existencia posible, son creadas con un objeto conveniente al pueblo, y son las siguientes: 1. El Estado; 2. Cada una de las provincias federadas; 3. Cada uno de sus municipios; 4. La Iglesia; 5. Los establecimientos de utilidad pública, religiosos o piadosos, científicos o literarios, las corporaciones, comunidades religiosas, colegios, universidades, sociedades anónimas, bancos, compañías de seguros y cualesquiera otras asociaciones que tengan por principal objeto el bien común, con tal que posean patrimonio propio y sean capaces, por sus estatutos, de adquirir bienes, y no subsistan de asignaciones del Estado”.
Tanto como otros cultos que se ocupan del “bien común”, la iglesia es otra persona jurídica de existencia necesaria o posible sobre las cuales el código legisla. Pero:
“en la época del dictador Onganía se impone –nuevamente en un gobierno no democrático– la Ley Nº 17.711 que en 1968 cambia el Código Civil. El artículo 33 queda redactado ahora de la siguiente forma: “Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Tienen carácter público: 1º) El Estado nacional, las Provincias y los Municipios. 2º) Las entidades autárquicas. 3º) La Iglesia Católica. Tienen carácter privado: 1º) Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan autorización para funcionar. 2º) Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”.
La única institución religiosa que, sin tapujos, es considerada de derecho público es la Iglesia Católica y al mismo tiempo elimina la cláusula 5 del Código de Vélez Sarsfield, donde se nombraban –entre otros– grupos y organizaciones religiosas (no católicas). La única institución religiosa “verdadera” que distribuye el bien común y defiende la “patria” es ahora sólo la Iglesia Católica. La última dictadura cívico-militar-religiosa no sólo siguió en la misma línea sino que agradeció el asesoramiento y complicidad de la institución eclesial, inventando el “Fichero (sic) de Cultos no católicos” y el honorario/sueldo para obispos en actividad y retirados. La democracia tiene una enorme asignatura pendiente en estos temas.”

Actualmente, en el marco de la discusión de la reforma del Código Civil, se cuestiona precisamente que la Iglesia Católica se rija “por leyes y ordenamientos de su constitución” porque esto constituye una situación discriminatoria hacia otras organizaciones que al ser personas jurídicas privadas, se rigen ante todo por el Código Civil y recién luego “por las normas del acto constitutivo”. El Estado, por otra parte, puede subsidiar entidades sin necesidad de que éstas sean de carácter público. El Registro Nacional de Culto, creado por Videla, debe ser derogado para que todas las organizaciones religiosas, ideológicas y filosóficas estén en pie de igualdad y se conviertan en simples asociaciones.

No puede ser que los hombres de sotana entren y salgan como meros testigos de los crímenes de lesa humanidad cuando son repetidamente señalados como partícipes por lo menos del encubrimiento de apropiación de bebés nacidos en campos de concentración y maternidades clandestinas. No puede ser que obispos jubilados a los que pagamos los haberes se burlen de lxs ciudadanxs, creyentes o no, que no tienen la posibilidad de Bergoglio, como arzobispo, de declarar por escrito ante la Justicia Federal en el caso del secuestro de curas jesuitas perseguidos por la dictadura.

En Argentina tenemos un grave problema de doble discurso, doble moral, de hipocresía.
Así como las mujeres seguimos autoconvocándonos por nuestros derechos, y hacemos los ENM, y podemos agredir la sensibilidad de la cultura machista por el mero hecho de irrumpir en cantidad en un paisaje que se sorprende, para cantar ese cantito que apunta a la hipocresía de la Iglesia, las víctimas que hoy son hombres y mujeres están levantando el manto de silencio protector de los curas abusadores y los altos dignatarios cómplices. Alguno que otro es condenado por la justicia civil, y a lo mejor, hasta cumple cárcel efectiva, como Fernando Picciochi, miembro de la Congregación de Hermanos Marianistas, sentenciado a 12 años por el Tribunal Oral Criminal Nro. 8.

Son hitos en el cambio cultural, en el que dejamos pedazos de nosotrxs, en el que nos vamos marcando. Cada testigo debe superar un infierno personal y el miedo a ir contra la corriente. Pero estamos cambiando las cosas, el sentido común no cuestionado, con fuertes disputas y con enfrentamientos, alzando las voces para que otras más también se alcen. Para proponer y para hacer, sin bendiciones. Simplemente es una cuestión de igualdad y de justicia.