Persecución a Mariana Vargas

El 16 de agosto pasado, Mariana Vargas y sus abogadas patrocinantes plantearon ante el Colegio de Abogados jujeño la nulidad de las resoluciones del Consejo Directivo de la entidad por las que se elevaron al Tribunal de Ética dos denuncias en su contra. El presidente del Colegio, Mario Mallagray, no se apartó de la deliberación ni de la votación de tal decisión, cuando era abogado de la firma en la que se realizó el escrache a uno de los denunciantes, Antonio Sanchez,quien trabajaba allí, situación tras la cual la empresa lo “sacó de circulación”, según trascendió, para no dañar su imagen. Además, no se notificó a Vargas del contenido de la segunda denuncia, violando así el derecho a la defensa. Mariana Vargas declara y con razón, que detrás de las denuncias en su contra hay “una persecución ideológica y no una cuestión de ética profesional”.
Antonio Sanchez, acusado de abuso en perjuicio de su sobrina durante 7 años que trabaja en una concesionaria de autos -cuyo representante legal es Mallagaray - pide una sanción disciplinaria contra la abogada Mariana Vargas alegando en su acusación que la letrada, defensora de casos de abuso y violación de niñas y mujeres, subió al Facebook un afiche con su foto, en el que se exigía su detención por abusador. El mismo había sido utilizado durante un escrache realizado por la organización Mujeres en Lucha frente a la concesionaria de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ahora bien, Vargas no participó del escrache; no se encontraba en la ciudad. Otra denuncia parte de un médico acusado de obligar a una paciente a hacerle sexo oral cuando le sacó los puntos luego de una intervención quirúrgica y que fue sobreseído en primera instancia por el Juzgado de Causas Residual de la ciudad de San Pedro, de Jujuy, fallo actualmente en apelación. VArgas que patrocina a la víctima, detalló que “en un fallo escandaloso, los jueces le exigieron a la víctima del abuso sexual la prueba de resistencia física ante el ataque sexual, para tener por existente el mismo, lo que no exige nuestra ley.”

Mariana Vargas no es solamente una abogada.Quien representara a Romina Tejerina, recibió el apoyo de numerosas organizaciones de mujeres, legisladoras, comunicadorxs, y personas comprometidas con esta problemática como León Gieco, quien dijo que la abogada “está siendo hostigada mediante denuncias por personas que fueron denunciadas por abuso sexual a una joven y a una niña jujeñas”. En declaraciones a Página /12 advirtió que las denuncias “no cuestionan la falta de ética de Mariana Vargas, sino su acompañamiento profesional y social a las víctimas de semejante flagelo. Este proceso sancionatorio contra ella es un proceso sancionatorio contra todo el movimiento de mujeres”.

Los escraches públicos son y han sido una herramienta legítima, a la que tenemos derecho. En tiempos de impunidad de lxs represorxs de la dictadura cívico militar, buscaron mantener la conciencia y la memoria. No es casual un discurso satanizador de los escraches, de las tomas de colegios por parte de lxs estudiantes, de la partitipación política de la juventud que es vista como peligrosa o como maleable por el gobierno, haya inundado en estos años los medios cómplices de la dictadura cívico militar.

Nada se dice de la línea implementada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, amparado-protegido de manera escandalosa por la corporación mediática hegemónica, para denunciar “actividades políticas”, y que sucede a otros intentos de solicitar legajos de estudiantes por parte del ministerio de educación a cargo de Bullrich.

En cuanto a las demandas de las mujeres y varones en relación al derecho al aborto, a la concientización acerca de la violencia de género, a combatir la trata de mujeres y niñas, a la denuncia de funcionarixs imbuidos de ideología patriarcal que no cumplen con las leyes vigentes y siguen protegiendo a victimarios, en todo el país se siguen registrando demasiadas situaciones frente a las cuales, solamente la movilización y la protesta pueden motorizar los cambios. Y se trata de un derecho constitucional.

Las organizaciones de mujeres, sorteando el sexismo y la complicidad de los poderes judiciales y políticos, recurren a esta forma de visibilizar la injusticia que victimiza, mata, viola, y refuerza la desigualdad con cada hecho que queda sin condena. Si no hay justicia, hay escrache, y si la acción de los tribunales es demasiado lenta, se muestra en las calles, se grita o se levanta una imagen, con la contundencia del silencio. Para que no haya distraídos, para que no se pueda apelar al “no sabía”.

El Colectivo Feminista La Revuelta, de Neuquén,ha sido uno de los más activos y creativos en la lucha, que apunta con los escraches y actividades callejeras a apoyar y a apuntalar a quienes no se atreven a denunciar porque, además de la revictimización que supone que su testimonio sea puesto en duda, saben de las protecciones a los abusadores.

Romina Tejerina, la joven que fue condenada por matar a su beba recién nacida y a quien la Justicia nunca le creyó que había sido violada, fue defendida por Mariana Vargas.La versión del hombre a quien ella señalaba como su victimario –que la duplicaba en edad–, que la relación sexual entre ambos había sido consentida, se impuso. Hasta el día de hoy, cuando, al haber cumplido el tiempo establecido de la condena para salir en libertad, Romina sufre su estigmatización en la calle y ha manifestado, a poco de salir, que prefería retornar al penal. Del hombre en cuestión, nadie se acuerda.

Por estas y tantas situaciones donde se reflejan las múltiples desigualdades en el acceso a la justicia, a ser escuchadx, a ser debidamente protegidx en sus garantías constitucionales, es que el activismo de la Dra. Vargas, de colectivos de mujeres, de profesionales críticxs y conocedorxs de la violencia institucional, de muchxs personas que están hartas de muertes y vidas tronchadas, es objeto de persecución.
Dice la abogada: “ Aprendimos de H.I.J.O.S., cuando hacían los escraches a los genocidas en medio de la impunidad, y ayudaron con ese accionar concreto a la anulación de las leyes (..) Nosotras entendemos que en relación con las violaciones ocurre algo similar: se exige a las víctimas que prueben la resistencia al ataque, y ello garantiza impunidad, y que sólo denuncien el diez por ciento de las víctimas. Hasta a una nena de 11 años, embarazada por su padrastro, con una prueba de ADN positiva, es decir, lo que podríamos pensar que es un caso cerrado, se le pregunta: ‘¿Por qué no hablaste?’. Es terrible. Entonces ¿qué le queda a una adolescente que no se resistió porque pensaba que las consecuencias serían peores? Los escraches hacen lo que la Justicia aún no hace y que pretendemos que haga.”

Estas denuncias ante el Tribunal de Ética ponen en riesgo su matrícula profesional.
Apoyemos a Mariana Vargas, a todas y todos quienes desde su lugar luchan, cada dia, para que la igualdad sea un punto de partida y no una utopía: porque si es un punto de llegada inalcanzable, mientras se logra, se va cobrando demasiadas lágrimas, demasiados sueños, demasiadas vidas despreciadas.