La Masacre de Trelew y el compromiso con las justicias

En el juicio oral que se está llevando a cabo desde el 7 de mayo de este año, la Justicia tendrá la responsabilidad de establecer que el asesinato de los 16 presos políticos y el intento de homicidio de tres sobrevivientes, cometido por miembros de la Marina en la base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972 es un delito de lesa humanidad.
Algunos de los cinco acusados que exigían la prescripción de los delitos –pasaron 40 años– presentaron diversos recursos y la Cámara de Casación Nacional dictaminó que sea en la etapa del juicio oral donde se dilucide la naturaleza de los fusilamientos. Si se trata de un delito de lesa humanidad, es imprescriptible.
“Cuestión de hecho y prueba que deberá definirse en la etapa oral”, dictaminó la Cámara. El Fiscal de Rawson, Fernando Gelvez, asegura que existen abundantes pruebas documentales y testimoniales. Se han presentado ya testimonios reveladores como la del teniente retirado Agustín Magallanes quien aseguró no creer en la verosimilitud de la versión oficial encubridora, según la cual había habido un intento de fuga que desencadenó la balacera. Magallanes describió los cuerpos “amontonados, hechos un colador de tiros”. Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini, Jorge Bautista y Carlos Marandino, los acusados – el almirante Horacio Mayorga fue eximido por razones de saliud y el Marino Roberto Bravo, que reside en EEUU sólo podría ser traído a juicio si este tribunal lo sentencia vía extradición- se defienden a partir de una reconstrucción falaz y exculpatoria.

Al día siguiente de la masacre acaecida el 22 de agosto, Sosa dirigió una reconstrucción en la cual, posicionado al final del pasillo por el que se enfrentaban los calabozos, habría sido víctima de una toma de karate por parte de los prisioneros. Recordemos que lxs militantes que se entregaron en el aeropuerto tras el fallo en el operativo que preveía que escaparan en avión, fueron trasladados a la base naval y encerrados en calabozos ínfimos, donde fueron asesinados a los pocos días. En la etapa de instrucción de este juicio oral, Sosa se ubicó en otro lugar, en el inicio del pasillo. Hay detalles contradictorios con la versión de aquel momento, y que coinciden con los testimonios que dieron a Paco Urondo los tres únicos sobrevivientes, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar, que dieron origen al libro “La Patria Fusilada”. Liberados de la cárcel de Devoto el 25 de mayo de 1973, los tres fueron luego desaparecidxs, y Paco, asesinado en un operativo en Mendoza.
Las pericias realizadas también desmienten la versión de los marinos, en cuanto a la disposición de los cuerpos y la dirección de las balas recibidas. Las viudas de Rubén Bonnet y Humberto Toschi, ex presos como Alicia Sanguinetti, Luis Ortolani, los abogados Roberto Matarollo, Gonzalez Garland y Eduardo Luis Duhalde, - recientemente fallecido, su testimonio se incorporó a la causa- aportaron datos ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que encuadran los hechos del 22 de agosto en un contexto histórico determinante en cuanto a la persecución política por parte del Estado.
Una denuncia de los abogados Alberto Pedroncini y David Baigún, presentada en 2005 ante la Justicia Federal porteña, inició la investigación que permite ubicar el contexto represivo ya en acción en esos años previos al golpe del 24 de marzo de 1976. Aportado por el represor Santiago Riveros, “Entre la documentación figura un manual de reglamentos del Ejército elaborado en 1968 y que rigió desde entonces, la mayoría firmados por el entonces jefe del Ejército Agustín Lanusse, que describen mecanismos psicológicos, operaciones antisubversivas, exterminio del elemento subversivo, operaciones contra la guerrilla urbana” sostuvo Germán Kexel, abogado representante de la Secretaría de Derechos Humanos y querellante en la causa. El manual aportado por la defensa del represor Santiago Riveros en el marco de una causa en la que estaba imputado por violación a los derechos humanos, tenía como objetivo hacer responsables de los crímenes a las más altas autoridades militares. “Sirvió como prueba de la categoría de lesa humanidad de la masacre porque permitía describir el contexto represivo inmediatamente anterior a la dictadura militar. El Ejército argentino ya había escrito y publicado reglamentos para proceder ante el accionar de un enemigo en la población civil, el ‘subversivo’ como lo llamaron, aquel que pensaba distinto, con el objetivo de eliminarlo”
Alicia Cappeletti – quien estaba clandestina cuando su compañero, Horacio Bonnet, fue asesinado–, o el detalle de la Cámara Federal, creada por la dictadura de Lanusse para juzgar a presxs políticxs, confirman la situación de persecución manifiesta a determinadas organizaciones políticas, que se estaba dando desde antes de la madrugada del fusilamiento; se registraba represión ilegal. De manera que teniendo en cuenta el contexto, “la masacre dela base Almirante Zar fue el inicio del terrorismo de Estado de 1976”, sostiene el fiscal general de Rawson Fernando Gelvez, que participó en la investigación desde que la Justicia porteña pasó la causa.

19 militantes de Montoneros, PRT-ERP y FAR, que se habían entregado en el aeropuerto después de solicitar la presencia de un juez – los testimonios fílmicos de la película de Raymundo Gleyzer muestran a los jóvenes Mariano Pujadas y Humberto Bonnet hablar de los asesinatos, torturas y vejámenes a las que acostumbraban ya como rutina las fuerzas de seguridad en el trato con los detenidxs políticxs- cayeron por decisión de la dictadura militar. Era una afrenta la huida del penal de los seis máximos dirigentes de las organizaciones armadas, refugiadas en el Chile de Salvador Allende. Adriana Lesgart, prima de Susana Lesgart, fusilada en la madrugada del 22 de agosto, recordó en una entrevista la manera en que lo ocurrido “a partir de 1973, trató se sepultarse, de confinarse al olvido. Y a partir de 1976 sentí siempre que la dictadura fue de un grado de salvajismo, una organización tan macabra de exterminio, que cuando vino la democracia era lo primero por investigar y juzgar. Trelew no era casi nada.”
Pero Néstor Kirchner los convocó para reabrir la causa en 2005. Eduardo Luis Duhalde, un protagonista de aquellos años 70 en la defensa de la militancia perseguida, y Secretario de DDHH de la Nación hasta su muerte, hace unos meses, impulsó el inicio de este camino que tardó mucho tiempo pero que arrojará luz sobre el manto de mentiras, complicidades y encubrimientos que preanunciaban entonces la pesadilla que nos azotaría a lxs argentinxs.
La justicia no solo repara, aunque tarde demasiado, sino que impacta en la construcción colectiva de una nación. Recordar y reivindicar las luchas, condenar procedimientos inhumanos, es sembrar a futuro.
Lo que sucedió incide en nuestro horizonte en el cual insisten gestos de persecución e intolerancia criminal que pueden parecernos irrisorios. Sin embargo, tenemos que estar atentxs y no dejarlos pasar.
Sujetxs pasibles de exterminio no se construyen de un día para el otro, sino que esculpen sutilmente, de maneras diversas, permeando sentidos comunes lábiles y conciencias débiles, desmemoriadas. No habrá quizás mejor homenaje a lxs fusiladxs de Trelew y a todxs quienes padecieron el Terrorismo de Estado, que un compromiso total con la irrestricta defensa de la libertad, el pensamiento, la militancia, la solidaridad para ir haciendo las justicias pendientes, las que los tribunales les deben a ellxs y sobre todo, las justicias por las cuales ellxs lucharon.