Las relaciones de género lo permean todo. Precisamente por eso es tan importante y democrática la cuestión.Nadie queda afuera, a nadie puede resbalarle la pregunta sobre cómo nos relacionamos, cómo nos percibimos, cuánta autonomía tenemos unxs y otrxs.
Hace treinta años no constituía un tema, apenas comenzaba a salir de ámbitos reducidos de reflexión, sorteando heroicamente períodos de silencio y de terrorismo de Estado. Conmueve, por cierto, si analizamos el camino recorrido por el cuestionamiento alrededor de la equidad entre varones y mujeres, esta instalación de la perspectiva de género, de la que podemos sentirnos felices: está presente como tarea apuntar a visibilizar, desnaturalizar y corregir las desigualdades e injusticias, incluso desde políticas públicas e impulsada no sólo por mujeres con altas responsabilidades institucionales, sino por varones que la han asumido. Es una transformación democrática de nuestra sociedad. De a poco, por supuesto, pero sin marcha atrás.

La maternidad forzada, impuesta, producto de una violencia, sale de la oscuridad y el silencio para ser denunciada en la calle. Agita las consignas, los cuerpos de mujeres muy disímiles, exigiendo se las considere como una afrenta intolerable en una sociedad democrática. Es un atentado a los derechos humanos de las mujeres.
No es fácil articular esta demanda de legalizar la interrupción del embarazo. Implicó un proceso largo para llegar a la presencia fuerte de las consignas y los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de hoy. Una cultura resistente, en la cual el cuerpo femenino no pertenece a una persona libre y autónoma sino que es el vehículo de la reproducción, el objeto del placer para varones, disputa ferozmente una concepción igualitaria de las personas, de todas las personas, varones, mujeres, trans, lesbianas, gays, travestis, que increpamos a los poderes para verificar ese ejercicio a la autonomía, a la sexualidad, a la maternidad elegida, a la igual remuneración por igual trabajo, a no ser muertas por nuestra condición de mujeres o a no ser discriminadxs por nuestra orientación sexual.Porque la igualdad formal está en la letra de la Constitución y en los tratados de derechos internacionales que la Argentina ha suscripto.
Lo que ha catalizado y potenciado el reclamo ha sido justamente el recrudecimiento de las violencias institucionales en medio de tantos avances en lo formal. La desidia de funcionarixs en medio de unas novedosísimas políticas públicas en relación al respeto a la diferencia y a la promoción de la salud reproductiva. Las inexplicables judicializaciones alrededor de los pedidos de abortos no punibles, contemplados desde 1921 en el Código Penal y la imperdonable exposición mediática de niñas víctimas de abusos de esos iguales que son más iguales – los violadores y abusadores-, la intromisión de las concepciones religiosas en un terreno donde prima lo público y laico, la falta de compromiso de la corporación médica con su rol de atenuar el dolor del paciente, los cálculos políticos de figuras que pretenden no chocar con la Iglesia, han puesto al rojo vivo este campo de disputa que es central en la verdadera democracia para todxs.
-no cabe judicialización alguna cuando hay una violación,
-no son necesarias pruebas de la violación, sino que basta con la declaración de la víctima o de la persona responsable por ella,
- el requisito de la autorización judicial es superfluo, porque exige algo “donde la ley nada reclama”, resulta un “vallado extra, entorpeciendo una situación de emergencia sanitaria”, además de “un trámite burocrático, innecesario y carente de sentido”. Vulnera el artículo 19 de la Constitución “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Si judicializar es violar la ley, esquivar los deberes en un caso de emergencia sanitaria, expone a médicos a sanciones. Y los operadores del sistema judicial no solamente son ya negligentes en estos casos, sino que comenten prevaricato: puede iniciarseles juicio político.

En el acto del 8 de marzo del jueves pasado, la convocatoria de las organizaciones de mujeres K contaron con el valiente testimonio de la Diputada Nacional por Corrientes Araceli Ferreyra que dijo “yo aborté”; desde allí, desde la vivencia de una circunstancia dramática que no puede ser mantenida más tiempo en la clandestinidad para mantener apariencias y un negocio que le cuesta la vida a miles de mujeres, una mujer legisladora asume el compromiso de impulsar el debate legislativo. Firmando un proyecto de ley, intentando volver a la carga con lo que el año pasado se diluyera en artilugios burocráticos que no están a la altura de las circunstancias, eso personal irrumpe, no cesa de irrumpir y de constituirse en un tema de interés público. Y que reclama ser abordado como lo que es, en una de sus dimensiones: un problema de salud pública al que hay que encontrar una solución. Es hora.
Otra dimensión más profunda y subversiva de la legalización del aborto, en referencia a eso personal que es político, puede ser pensada así: una democracia verdadera es la que asegura el derecho pleno y efectivo para todas las personas, varones y mujeres. Pero lo referente al derecho a la integridad, al poder ser dueñas de nuestro cuerpo y a la elección de la maternidad suscita las polémicas más encendidas, las más feroces resistencias. Pretendemos, nada más ni nada menos, que romper con el cerco impuesto a nuestras elecciones vitales, a nuestra potencialidad para construir otras maneras de integrar lo que ha sido escindido para ser controlado: el deseo y la racionalidad, el reproductivo y lo productivo, lo doméstico y la calle, para ir trocando, paso a paso, la sumisión en paridad.
Muy bueno lo que estamos logrando, pero deberíamos poner más energía en el origen de la tragedia (perdón, Nietzsche): qué pasa en las cabecitas de esos pibes futuros machistas, maltratadores, golpeadores y violadores. Vengo observando el paulatino devenir de esos dramas anunciados desde el jardín de mi hija y la indolencia de papis y mamis cuya desidia educativa es preocupante... un eslabón más en la batalla cultural que no debemos perder, saludos
ResponderEliminarMuy claro Dani como siempre. Reflexivo y comprometedor. Vamos caminando lindo y me alegra profundamente los pasos firmes que van dejando huellas, pero me indigna enojosamente como el caso de este juez Tomaselli y esa manga de cagones, ineptos, inescrupulosos y toda esa mierda...
ResponderEliminarGracias compañera copoblana por todos estos momentos históricos que estamos compartiendo!!!
Daniel, es cierto, las subjetividades se van constituyendo en estos cruces de discursos jodidos y excluyentes, donde hay quienes dominan y quienes son preparadxs para ser dominadxs. Pero no es irreversible. La desujeción, el hacerse otrx a partir de ver críticamente todos estos mandatos que nos atraviesan, nos da la posibilidad de transformar(nos) no de un día para el otro ni completamente, sino iniciar un proceso personal y colectivo en otros sentidos.
ResponderEliminarGracias por pasar por aquí, un abrazo
Compañera Ruby! Pareciera que damos un paso adelante, y tres atrás, a veces no tenemos la perspectiva suficiente para evaluar si vamos peor o mejor. Pero sin dudas, no podemos aflojar un segundo en esta lucha.El tema Tomaselli es indignante, pero es indudable que está respaldado por poderes fuertes o quienes no se atreven a romper con estos compromisos son demasiado cobardes. Hacen cálculos pequeños, además: estoy convencida de que no hay tolerancia como la de hace 10 años hacia estas arbitrariedades, que Cettour o este juez, como lxs otrxs magistradxs que se han hecho "famosxs" en los medios a partir de estos dolorosos casos, tienen una condena social fuerte. Lo que no se dan cuenta quienes lo avalan, es justamente eso, y se pagará, seguro. Un abrazo y la alegría de compartir estas luchas es lo que nos potencia, sin dudas!
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