Impunidades

Silvia Suppo fue asesinada el 29 de marzo de 2009, presuntamente asaltada por dos jóvenes que tras robarle unos 200 pesos, la mataron de nueve puñaladas. Su testimonio fue capital en juicios de lesa humanidad. Como el de Julio López. La causa por el asesinato fue tramitada por el juez de instrucción penal de los tribunales provinciales de Rafaela, Alejandro Mognaschi, quien determinó que los autores del crimen fueron Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, dos cuidacoches, que permanecen detenidos.

Posteriormente, se investigaba en otra línea, con las posibles conexiones del crimen con represores de la última dictadura. Pero el 30 de diciembre pasado, el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez, dispuso el sobreseimiento de Miguel Angel Mendoza y Emiliano Martín Rodríguez, denunciados por un testigo de identidad reservada que declaró que el primero de ellos había encargado la muerte de Suppo y que el segundo había oficiado como campana.

Resoluciones al filo del año, que muestran la sensibilidad de ciertos magistrados hacia los torturadores y asesinos. No es cuestión de hacerles pasar las fiestas detrás de las rejas, no?

Pero como seguimos jodiendo con los derechos humanos y la justicia, salta la térmica de organizaciones, militantes, gente común, indignadxs, y al enterarse - días más tarde - organizan manifestaciones en las calles de Rafaela contra el magistrado federal y el sobreseimiento para estos sospechados.

Ayer, a más de diez días de la resolución, se marchó en reclamo de justicia y una investigación seria, porque ésta, a casi tres años del asesinato todavía impune que constituye un amedrentamiento a otrxs testigos y a una sociedad que tiene demasiado por esclarecer y esclarecerse, aún está pendiente.

“Seguimos sosteniendo que lo que tiene que existir es una investigación a la altura de las circunstancias que hasta el momento no se ha dado. Cuestionamos la decisión del juez Rodríguez porque creemos que con una diligencia bastante superficial se ha dedicado a establecer la situación procesal de estos dos implicados por el testigo encubierto más que a determinar quién cometió el asesinato de mi madre, material e intelectual", afirmó a Página 12 Andrés Destefani, uno de los dos hijos de la víctima, en la manifestación organizada por familiares, amigxs y organizaciones de DDHH como el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo.

El comunicado de repudio expresa que “la decisión del juez paranaense Roberto López Arango y los conjueces santafesinos, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus, de otorgar a partir del 29 de diciembre pasado el beneficio de salidas transitorias quincenales al ex juez federal Víctor Brusa, al ex policía Eduardo Curro Ramos y a la ex guardiacárcel María Eva Aebi, condenados a entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad, es un beneficio inusitado para cualquier persona condenada, y que resulta especialmente inaceptable para los responsables de los delitos más graves que se han cometido en el país. Recordemos que el testimonio de Silvia Suppo fue fundamental para enviar a la cárcel a estos represores, en el año 2009”.

“Todo esto reafirma lo que venimos sosteniendo desde un inicio: Silvia Suppo fue asesinada por razones políticas y sus asesinos viven impunes gracias a la connivencia de policías, jueces y civiles. Confirma que las estructuras represivas aún no fueron desmanteladas. Esto es un atropello a las víctimas, sus familiares, compañeros y a toda la sociedad.”

Las salidas benefician a los mismos represores que acusó Silvia Suppo cuando fue testigo y querellante en los juicios contra el ex juez federal Víctor Brusa, y en el que se investigó la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977 en la catedral de Rafaela. Algunos de los acusados en ésta última causa,residían en Rafaela hasta el momento de la muerte de Suppo, quien fue atacada en su comercio a plena luz del día, ubicado a pocas cuadras de la Jefatura de Policía. En el tiempo en el que testificaba, la familia observaba la presencia de personas con actitud desafiante frente al negocio en el que finalmente sería asesinada esta valiente mujer,madre de dos hijos, quien seguramente habrá tenido sus razones para no entrar el Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de Santa Fe, como se le ofreció en su momento.

Justamente, a casi tres años del crimen, y frente a estas decisiones judiciales por lo menos polémicas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia que “se tomen medidas restrictivas” en relación con las salidas transitorias concedidas a Víctor Brusa, Eduardo Ramos y María Eva Aebi, condenados por delitos de lesa humanidad que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos,sentenciados a de 19 a 21 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos.

El secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Horacio Coutaz, presentó un escrito en el que manifiesta al tribunal que “es público y notorio que Brusa, Ramos y Aebi fueron condenados por la comisión de gravísimos delitos de lesa humanidad”,imputaciones sobre las que “no debe soslayarse que se cometieron como parte de un plan de ataque generalizado en contra de la población civil, donde se cercenaron garantías individuales y donde se utilizó el aparato estatal para su comisión, encubrimiento y el mantenimiento de impunidad para los perpetradores, situación que se mantuvo durante 30 años”.

Encubrimiento, silencio, permiso para continuar haciendo lo inadmisible. Lo dice Andrés ;“Es de mucha perversidad dejar libres a Brusa, Aebi y Ramos, ya que algún sobreviviente puede encontrarlos por la calle.”

Tan tremendamente simple como eso. Esto sucede todavia, no ha pasado. Lo repetimos para quienes dicen que están cansadxs de oír hablar de la represión...impunidades, de eso se trata, por eso se descubre a un tratante de mujeres instalado en México, ex agente de la SIDE, protegido por policías y funcionarios tan mafiosos como él, gracias que, quien lo sepulta con su denuncia es su propia hija.

Y esta es la necesidad imperiosa de limpiar de cómplices la justicia, las fuerzas de seguridad, la administración pública. El Estado debe cumplir con la función de proteger los derechos de la ciudadanía, y si quienes representan algún poder público está implicado en la continuidad de los crímenes que significa avalarlos, silenciarlos, encubrirlos, hay una perversidad que es insostenible con nuestra democracia. Esa es la empecinada distinción que debemos hacer todxs entre lo que es el terrorismo de Estado y un estado de derecho.

Habrá que insistir, y mucho.

Justicia para Silvia Suppo y basta de impunidad.