Por la vida y por la tierra, ¡basta!

En estos días en que las noticias nos abofetean con la repetición de muertes y ataques a los campesinos indígenas a manos de ejércitos privados, - sicarios impunes rara vez juzgados-, no puedo dejar de manifestar el hartazgo y la indignación.

Hay muchas cosas que permiten y permitieron siempre, que algunas veces la vida no valiera nada. Nosotrxs no podemos seguir permitiéndolo.

Desde siempre el conflicto está presente en toda vida social. No se trata de pensar que se lo puede eliminar – el consenso es imposición autoritaria de lxs pocxs que hablan en nombre de otrxs que no tienen voz – o que esa instancia armoniosa llegará “algún día” – y mientras tanto, seguimos en desiguales condiciones- pero sí, es necesario, desde donde estemos, plantear el respeto por la dignidad humana por sobre cualquier otro interés particular o sectorial.

Es fundamental en esta democracia que tanto nos ha costado construir y vamos construyendo cada día, que se haga justicia, se trate de Juan Pérez, se trate de Félix Díaz, se trate de la familia Ledesma, se trate de Martínez de Hoz, de Ernestina de Noble, se trate de usted que está leyendo, o de mí, que escribo estas lineas.

La situación de los activistas del Mocase, perseguidos y procesadxs por luchar o de los miembros de la Comunidad Qom, Mapuches, Diaguitas u otras comunidades indígenas, se inserta en un viejo problema: la fiebre de la explotación sojera, la complicidad de los poderes judiciales, policiales y las gobernaciones feudales con los terratenientes y también, hay que decirlo, con la ineficaz respuesta de organismos nacionales que deben coordinar, respetando el federalismo, las políticas de los entes nacionales con las administraciones provinciales.

Hace un año casi que se celebró el acuerdo entre el Ministerio del Interior, el de Seguridad, el de Salud, el Inadi y la Dirección de Parques Nacionales y la Comunidad Qom, tras la huelga de hambre y el acampe de Félix Díaz y cinco personas más en la 9 de julio, medida derivada de la represión en Formosa que costó la vida al indígena Roberto López y a Eber Falcón (policía), en noviembre de 2010.



El gobierno de Formosa dificultó el accionar de la Mesa de Diálogo y Trabajo en relación a la cuestión de la tierra desde que se creó en mayo de 2011, y la falta, además, de restitución efectiva de las tierras – a pesar de haber logrado la personería jurídica la comunidad- mantiene la situación de vulnerabilidad de las familias que siguen siendo hostigadas, atacadas o perseguidas con investigaciones penales y a puro balazo: el pasado 8 de noviembre dispararon contra el hijo y el nieto de Félix Díaz.

La comunidad Qom denuncia que la justicia formoseña insiste en la criminalización de las víctimas de la represión policial, que miembros de la comunidad son procesados por sus reclamos (incluso por los hechos del 23 de noviembre de 2010), y que los atropellos continúan. Las tierras que fueron reconocidas a la comunidad en 1940 siguen repartidas entre la Provincia de Formosa, el Estado Nacional y la familia Celia. La situación no ha variado a un año de los episodios por todxs conocidxs, sino que se repite el hostigamiento y la violencia.

El 16 de noviembre mataron a Cristian Ferreyra, de 23 años, e hirieron a César Godoy y a su esposa, quienes padecían y resistían el desenfrenado desmonte en Campo de Mayo, en Santiago del Estero. Unas 800 familias de la Comunidad San Antonio se autoabastecen y crían ganado en tierras ancestrales de las etnias lule-vilela que son apetecibles para los empresarios sojeros. Activistas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC), Ferreyra y Godoy estaban organizando una asamblea para debatir sobre una denuncia que presentarían en la Dirección de Bosques provincial.

En el juzgado de Monte Quemado, a 400 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, indagaban anoche a Javier Francisco Juárez, acusado por el asesinato de Cristian Ferreyra. Ante el requerimiento del juez de la causa, Alejandro Sarría Fringes, el empresario José Ciccioli -presunto instigador del hecho-, se presentó a declarar. Se busca aún a Hugo Juárez, hermano del principal imputado. Fueron detenidos y serán indagados también Walter Juárez –hermano de Javier–, Mario René y Carlos Gregorio Abregú.Viviana,la esposa de Godoy, quien fuera hospitalizada por los culatazos y trompadas recibidas por la patota asesina, está aterrada por lo que pueda suceder con sus hijos.



El gobierno santiagueño anunció ayer la suspensión por 180 días de toda actividad productiva que involucre actividades de desmonte, desde el 21 de noviembre hasta el 21 de mayo de 2012. El avance de las plantaciones de soja sobre los territorios de los campesinos es el eje central del conflicto en el cual el accionar de patotas se ha convertido en algo corriente.

Estas patotas se cobraron otras vidas. Hagamos memoria: el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, -cuya muerte quedó registrada en un video-, el 12 de octubre de 2009 en el paraje El Chorro. Chocobar,junto a los que resultaron heridos, Andrés y Emilio Mamaní , pertenecían a la Comunidad Indígena de los Chuschagasta, entidad con personería desde el año 2000 y reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
En el video se ve a “Niño” Gómez un represor de la última dictadura, ex integrante del Comando Parapolicial Atila en los ´90 que estuvo a las órdenes del Jefe de la Brigada de Investigaciones Mario “Malevo” Ferreyra.

“Niño” Gómez increpa y dispara, al igual que el terrateniente Darío Amin - quien filma-, quien asesina al anciano cacique Chocobar. La cámara, que cae al piso cuando los agresores salen corriendo, fue recuperada por el equipo de peritos de Gendarmeria y presentada como prueba en la causa. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán declaró nula la sentencia que ordenaba la prisión preventiva de los imputados Amín y Gómez en la causa penal abierta por estos delitos. Al tercer acusado, Jorge Valdivieso, nunca se le dicté prisión preventiva a pesar de su participación en el evento.

Sandra Juárez era una mujer de 33 años, madre de dos hijos, que perdió la vida al sufrir un paro cardíaco tras enfrentarse a la topadora de la firma Namuncurá S.A. custodiada por guardia de infantería provincial cuando realizaba trabajos de picadas en su lote, el 13 de mayo de 2010. En el paraje San Nicolás, Sandra, como campesina, ejercía el legítimo derecho de autodefensa de la posesión garantizado en el art. 2470 del Código Civil. “El hecho de la posesión da el derecho de protegerse en la posesión propia, y repulsar la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde; y el que fuese desposeído podrá recobrarla de propia autoridad sin intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia defensa.”

Usucapión, o prescripción adquisitiva o positiva, compete a aquella persona que mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, ha poseído un bien inmueble.

La topadora del monte nativo gracias al cual subsisten tantas familias arrasó con una vida más, a pura prepotencia. El corazón de Sandra se quebró.

La realidad de miles de familias que ocupan tierras privadas no en calidad de intrusos sino como productores pequeños que durante décadas e incluso, generaciones, han desarrollado actividades que representan actos posesorios, es dramática : el ejercicio del derecho de usucapión se dificulta por el costo y la complejidad de los trámites. Y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad frente a los desalojos que con celeridad y brutalidad, se ordenan desde juzgados sí accesibles y cercanos a quienes están determinados a ampliar la frontera sojera y a desmontar.

El Mocase ha presentado unas 220 causas por agresiones en distintos juzgados provinciales.

El Foro Nacional de la Agricultura Familiar ha elaborado un proyecto de ley que declara la emergencia territorial para suspender los desalojos por el término de cinco años, en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeñxs productorxs agropecuarios, familias campesinas o agricultorxs familiares, de manera indistinta, en calidad de habitantes y/o ocupantesy/o poseedores. Comprende a todas las personas que de manera individual o colectiva desarrollen actividades productivas en el medio rural; actividades agropecuarias de manera directa y con el aporte de la fuerza de trabajo de los miembros de la familia con un sistema de producción sustentable social, cultural y ambiental dirigido al autoconsumo, y si hay excedente, se permite la comercialización sin acopio a gran escala.

Basta de muertes y tolerancia a estas fuerzas paralelas que actúan con la complicidad de los poderes reales.
Basta de silencios y olvidos.
Por la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho a la tierra para quienes la trabajan, por el derecho a la justicia y al reconocimiento de su propiedad ancestral a los pueblos originarios.