Muchas veces se ha dicho en este blog que en materia de derechos humanos lo central es la educación y la batalla discursiva. Las pequeñas escenas y acciones que nos van modelando mientras crecemos y vamos, afortunadamente, desarrollando la maravillosa capacidad de cambiar y cambiarnos.
Al respeto lo aprendemos y las prácticas cotidianas van creando un paisaje, algo como un marco que traza una línea invisible que deja afuera conductas, dichos, violencias.
El pasado 25 de noviembre fue un día de concientización, que en realidad, necesitamos replicar todos los días, en todas partes.
La violencia de género es un tipo particular de violación a los derechos humanos que padecemos las mujeres por el hecho de ser mujeres y que exhibe una relación injusta en la cual no gozamos de la consideración de igual con respecto a quien nos discrimina, nos agrede, nos viola, nos mata.
Hablar de feminicidio es forzar el discurso para señalar esa acción que busca negarnos como seres libres y disciplinarnos en ese lugar en el cual una cultura machista nos instala a través de tradiciones, discursos y costumbres que por lo general, no analizamos críticamente y nos juega en contra en todas las actividades en las que nos relacionamos.
Si nos corremos del lugar sumiso que ha cristalizado en siglos de historia, se nos hace pagar un precio de sangre.
El padre de Casandre Bouvier - la turista francesa quien, al igual que su compañera Houria Moumni, fue violada y asesinada este año en Salta- lo expresa con toda claridad: “lo que funda el feminicidio es la reducción a la nada, la aniquilación. Las negaron como mujeres”.
Si en cada lugar de trabajo, en cada oficina pública, en la publicidad callejera, en los medios de transporte,los mensajes acerca de este tipo particular de avasallamiento que no podemos seguir permitiendo, tolerando, minimizando, sale al encuentro de la percepción de cada unx de nosotrxs, al menos habrá – en medio de la indiferencia o la velocidad del trajín diario- un chispazo de atención ganada al paso apurado: BASTA DE VIOLENCIA SEXISTA. BASTA DE FEMINICIDIOS. BASTA DE ABUSOS. NO A LA DISCRIMINACIÓN.
Las noticias de los diarios nos salen al encuentro así, como una bofetada, al día siguiente de esta jornada de movilización.Parecen ensañarse con esta lucha pacífica que pretende cambiar las figuras de los códigos penales, que apunta a la apertura de más y mejores defensorías y centros de asistencia para quienes padecen la violencia, que insiste con las palabras que nombren lo que las crónicas policiales de muchos medios taladran en términos de “crimen pasional” u “homicidio”.
Decir FEMINICIDIO es señalar el odio de género, la intención de suprimir a la otra que se considera propiedad y que por eso mismo no cuenta para quien la agrede, ni con la libertad ni con la dignidad.Que lo adopten periodistxs y editorxs, que lo adopten docentes y capacitadorxs, psicólogxs, asistentes sociales, funcionarixs,y, especialmente jueces y juezas que deben refrescar la memoria y adecuar sus fallos a la legislación sancionada en nuestro país en sintonía con los tratados internacionales suscriptos.
Un ejemplo en este cambio de paradigma son las Juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay y Elena Highton : la Oficina de Violencia Doméstica atiende los 365 días del año para facilitar el acceso a la justicia a las personas que sufren esta problemática.
Que lo incorporen con toda la fuerza quienes tienen la posibilidad de establecer los presupuestos para los programas de educación y de concientización de igualdad de género, para asistencia. Son esenciales para ayudar a las personas que salen del círculo de violencia a rehacerse. Que los recursos sean adecuados a la necesidad que tenemos en cada municipio y provincia, y que la Nación busque la forma de articular la tarea como la que el Consejo Nacional de las Mujeres realiza, llegando a todo el país.
Se impone la articulación transversal de los programas de ministerios y sortear las resistencias en los distritos reacios.
Varones y mujeres estamos empeñados en cambiar una lógica enquistada en infinitos aspectos de la vida social, para la cual nuestra participación y autonomía es una amenaza que debe suprimirse, por las malas.
Experiencias traumáticas dejan huellas y podemos aprender de ellas. Lo ocurrido con el terrorismo de Estado lo demuestra. No hay vuelta atrás a la impunidad para aniquilar ni torturar ni sustraer la identidad y la historia de las personas.No habrá vuelta atrás, si nos comprometemos, cada día, en todas partes, al respeto a las mujeres como seres libres, autónomxs, con derecho a vivir sin condicionamientos impuestos por el poder patriarcal.
Se trata de una política de Estado.
Cada día, a cada minuto, en cada palabra y en cada gesto, juguémonos y exijamos respeto. Hagamos costumbre el vivir sin violencias.
miércoles, 30 de noviembre de 2011
miércoles, 23 de noviembre de 2011
BUSSI : UN SIMBOLO DE LO QUE NUNCA MÁS DEBEMOS VIVIR
Fue separado del juicio que le llegó, finalmente, por sus crímenes durante la Dictadura Militar, cuando fue uno de los responsables del Operativo Independencia y pasó a desempeñarse como Gobernador de facto entre marzo de 1976 y diciembre de 1977.
Entre otros “méritos”, Bussi trasladó el centro clandestino de detención que su predecesor Acdel Vilas había instalado en Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, descentralizó las torturas, multiplicó y profesionalizó las patotas represoras.
Tenemos que pensar que la impunidad que lo cubrió, a él como a tantos, las políticas de la mal llamada “reconciliación”, permitieron que fuese nuevamente gobernador de la provincia mediante el voto, sin importar que el vasto aparato represivo que montó en la Dictadura arrasara con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles, que hiciera explotar la Universidad Nacional de Tucumán, la Legislatura provincial, sedes partidarias, y haciendo desaparecer abogadxs por defender los derechos constitucionales.
Ya en democracia, Bussi había sido enjuiciado y encontrado culpable de secuestro, asesinato y peculado pero se benefició con el Punto Final, tras lo cual relanzó el partido Defensa Provincial Bandera Blanca y consiguió ser elegido en 1995 gobernador. En democracia…!
Resultó electo diputado nacional, pero la Cámara rechazó su nombramiento y poco después, finalmente fue detenido por varios centenares de causas por delitos de lesa humanidad por lo que fue juzgado y condenado, beneficiándose con la prisión domiciliaria perpetua por su edad.
La justicia llegó, demorada, cuando ya estaba muy viejo y deteriorado, como su colega, Menendez. Recientemente, en el marco de nuevas causas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal admitió nformes médicos sobre su mal estado de salud elaborados por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Garantías de la justicia democrática que no existían cuando ellos eran los dueños de la vida y de la muerte.
Acaba de fallecer un símbolo de lo que nunca más deberá repetirse en la Argentina, ni en ningún país del mundo.
Disfrutó de las garantías que no tuvieron sus víctimas.
Fue acompañado con el voto de gran parte de la población que había estado bajo su dominio absoluto...
Esperemos que los cambios sociales profundos que vivimos desde 2003, con la verdadera política de memoria, verdad y justicia, la única que puede cimentar con fuerza un estado de derecho y libertad hayamos dado vuelta una página definitoria.
Para que pueda volver a darse lugar, NUNCA MÁS, a la convivencia con genocidas, cuyo único sitio debe ser la cárcel.
Que los sentimientos encontrados que tenemos nos impulsen a educar en el respeto por los derechos humanos que ellxs pisotearon.
Por lxs 30.000, por nosotrxs, por nuestrxs, hijos, NUNCA MÁS!
Entre otros “méritos”, Bussi trasladó el centro clandestino de detención que su predecesor Acdel Vilas había instalado en Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, descentralizó las torturas, multiplicó y profesionalizó las patotas represoras.
Tenemos que pensar que la impunidad que lo cubrió, a él como a tantos, las políticas de la mal llamada “reconciliación”, permitieron que fuese nuevamente gobernador de la provincia mediante el voto, sin importar que el vasto aparato represivo que montó en la Dictadura arrasara con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles, que hiciera explotar la Universidad Nacional de Tucumán, la Legislatura provincial, sedes partidarias, y haciendo desaparecer abogadxs por defender los derechos constitucionales.
Ya en democracia, Bussi había sido enjuiciado y encontrado culpable de secuestro, asesinato y peculado pero se benefició con el Punto Final, tras lo cual relanzó el partido Defensa Provincial Bandera Blanca y consiguió ser elegido en 1995 gobernador. En democracia…!
Resultó electo diputado nacional, pero la Cámara rechazó su nombramiento y poco después, finalmente fue detenido por varios centenares de causas por delitos de lesa humanidad por lo que fue juzgado y condenado, beneficiándose con la prisión domiciliaria perpetua por su edad.
La justicia llegó, demorada, cuando ya estaba muy viejo y deteriorado, como su colega, Menendez. Recientemente, en el marco de nuevas causas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal admitió nformes médicos sobre su mal estado de salud elaborados por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Garantías de la justicia democrática que no existían cuando ellos eran los dueños de la vida y de la muerte.
Acaba de fallecer un símbolo de lo que nunca más deberá repetirse en la Argentina, ni en ningún país del mundo.
Disfrutó de las garantías que no tuvieron sus víctimas.
Fue acompañado con el voto de gran parte de la población que había estado bajo su dominio absoluto...
Esperemos que los cambios sociales profundos que vivimos desde 2003, con la verdadera política de memoria, verdad y justicia, la única que puede cimentar con fuerza un estado de derecho y libertad hayamos dado vuelta una página definitoria.
Para que pueda volver a darse lugar, NUNCA MÁS, a la convivencia con genocidas, cuyo único sitio debe ser la cárcel.
Que los sentimientos encontrados que tenemos nos impulsen a educar en el respeto por los derechos humanos que ellxs pisotearon.
Por lxs 30.000, por nosotrxs, por nuestrxs, hijos, NUNCA MÁS!
martes, 22 de noviembre de 2011
Por la vida y por la tierra, ¡basta!
En estos días en que las noticias nos abofetean con la repetición de muertes y ataques a los campesinos indígenas a manos de ejércitos privados, - sicarios impunes rara vez juzgados-, no puedo dejar de manifestar el hartazgo y la indignación.
Hay muchas cosas que permiten y permitieron siempre, que algunas veces la vida no valiera nada. Nosotrxs no podemos seguir permitiéndolo.
Desde siempre el conflicto está presente en toda vida social. No se trata de pensar que se lo puede eliminar – el consenso es imposición autoritaria de lxs pocxs que hablan en nombre de otrxs que no tienen voz – o que esa instancia armoniosa llegará “algún día” – y mientras tanto, seguimos en desiguales condiciones- pero sí, es necesario, desde donde estemos, plantear el respeto por la dignidad humana por sobre cualquier otro interés particular o sectorial.
Es fundamental en esta democracia que tanto nos ha costado construir y vamos construyendo cada día, que se haga justicia, se trate de Juan Pérez, se trate de Félix Díaz, se trate de la familia Ledesma, se trate de Martínez de Hoz, de Ernestina de Noble, se trate de usted que está leyendo, o de mí, que escribo estas lineas.
La situación de los activistas del Mocase, perseguidos y procesadxs por luchar o de los miembros de la Comunidad Qom, Mapuches, Diaguitas u otras comunidades indígenas, se inserta en un viejo problema: la fiebre de la explotación sojera, la complicidad de los poderes judiciales, policiales y las gobernaciones feudales con los terratenientes y también, hay que decirlo, con la ineficaz respuesta de organismos nacionales que deben coordinar, respetando el federalismo, las políticas de los entes nacionales con las administraciones provinciales.
Hace un año casi que se celebró el acuerdo entre el Ministerio del Interior, el de Seguridad, el de Salud, el Inadi y la Dirección de Parques Nacionales y la Comunidad Qom, tras la huelga de hambre y el acampe de Félix Díaz y cinco personas más en la 9 de julio, medida derivada de la represión en Formosa que costó la vida al indígena Roberto López y a Eber Falcón (policía), en noviembre de 2010.
El gobierno de Formosa dificultó el accionar de la Mesa de Diálogo y Trabajo en relación a la cuestión de la tierra desde que se creó en mayo de 2011, y la falta, además, de restitución efectiva de las tierras – a pesar de haber logrado la personería jurídica la comunidad- mantiene la situación de vulnerabilidad de las familias que siguen siendo hostigadas, atacadas o perseguidas con investigaciones penales y a puro balazo: el pasado 8 de noviembre dispararon contra el hijo y el nieto de Félix Díaz.
La comunidad Qom denuncia que la justicia formoseña insiste en la criminalización de las víctimas de la represión policial, que miembros de la comunidad son procesados por sus reclamos (incluso por los hechos del 23 de noviembre de 2010), y que los atropellos continúan. Las tierras que fueron reconocidas a la comunidad en 1940 siguen repartidas entre la Provincia de Formosa, el Estado Nacional y la familia Celia. La situación no ha variado a un año de los episodios por todxs conocidxs, sino que se repite el hostigamiento y la violencia.
El 16 de noviembre mataron a Cristian Ferreyra, de 23 años, e hirieron a César Godoy y a su esposa, quienes padecían y resistían el desenfrenado desmonte en Campo de Mayo, en Santiago del Estero. Unas 800 familias de la Comunidad San Antonio se autoabastecen y crían ganado en tierras ancestrales de las etnias lule-vilela que son apetecibles para los empresarios sojeros. Activistas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC), Ferreyra y Godoy estaban organizando una asamblea para debatir sobre una denuncia que presentarían en la Dirección de Bosques provincial.
En el juzgado de Monte Quemado, a 400 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, indagaban anoche a Javier Francisco Juárez, acusado por el asesinato de Cristian Ferreyra. Ante el requerimiento del juez de la causa, Alejandro Sarría Fringes, el empresario José Ciccioli -presunto instigador del hecho-, se presentó a declarar. Se busca aún a Hugo Juárez, hermano del principal imputado. Fueron detenidos y serán indagados también Walter Juárez –hermano de Javier–, Mario René y Carlos Gregorio Abregú.Viviana,la esposa de Godoy, quien fuera hospitalizada por los culatazos y trompadas recibidas por la patota asesina, está aterrada por lo que pueda suceder con sus hijos.
El gobierno santiagueño anunció ayer la suspensión por 180 días de toda actividad productiva que involucre actividades de desmonte, desde el 21 de noviembre hasta el 21 de mayo de 2012. El avance de las plantaciones de soja sobre los territorios de los campesinos es el eje central del conflicto en el cual el accionar de patotas se ha convertido en algo corriente.
Estas patotas se cobraron otras vidas. Hagamos memoria: el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, -cuya muerte quedó registrada en un video-, el 12 de octubre de 2009 en el paraje El Chorro. Chocobar,junto a los que resultaron heridos, Andrés y Emilio Mamaní , pertenecían a la Comunidad Indígena de los Chuschagasta, entidad con personería desde el año 2000 y reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
En el video se ve a “Niño” Gómez un represor de la última dictadura, ex integrante del Comando Parapolicial Atila en los ´90 que estuvo a las órdenes del Jefe de la Brigada de Investigaciones Mario “Malevo” Ferreyra.
“Niño” Gómez increpa y dispara, al igual que el terrateniente Darío Amin - quien filma-, quien asesina al anciano cacique Chocobar. La cámara, que cae al piso cuando los agresores salen corriendo, fue recuperada por el equipo de peritos de Gendarmeria y presentada como prueba en la causa. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán declaró nula la sentencia que ordenaba la prisión preventiva de los imputados Amín y Gómez en la causa penal abierta por estos delitos. Al tercer acusado, Jorge Valdivieso, nunca se le dicté prisión preventiva a pesar de su participación en el evento.
Sandra Juárez era una mujer de 33 años, madre de dos hijos, que perdió la vida al sufrir un paro cardíaco tras enfrentarse a la topadora de la firma Namuncurá S.A. custodiada por guardia de infantería provincial cuando realizaba trabajos de picadas en su lote, el 13 de mayo de 2010. En el paraje San Nicolás, Sandra, como campesina, ejercía el legítimo derecho de autodefensa de la posesión garantizado en el art. 2470 del Código Civil. “El hecho de la posesión da el derecho de protegerse en la posesión propia, y repulsar la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde; y el que fuese desposeído podrá recobrarla de propia autoridad sin intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia defensa.”
Usucapión, o prescripción adquisitiva o positiva, compete a aquella persona que mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, ha poseído un bien inmueble.
La topadora del monte nativo gracias al cual subsisten tantas familias arrasó con una vida más, a pura prepotencia. El corazón de Sandra se quebró.
La realidad de miles de familias que ocupan tierras privadas no en calidad de intrusos sino como productores pequeños que durante décadas e incluso, generaciones, han desarrollado actividades que representan actos posesorios, es dramática : el ejercicio del derecho de usucapión se dificulta por el costo y la complejidad de los trámites. Y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad frente a los desalojos que con celeridad y brutalidad, se ordenan desde juzgados sí accesibles y cercanos a quienes están determinados a ampliar la frontera sojera y a desmontar.
El Mocase ha presentado unas 220 causas por agresiones en distintos juzgados provinciales.
El Foro Nacional de la Agricultura Familiar ha elaborado un proyecto de ley que declara la emergencia territorial para suspender los desalojos por el término de cinco años, en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeñxs productorxs agropecuarios, familias campesinas o agricultorxs familiares, de manera indistinta, en calidad de habitantes y/o ocupantesy/o poseedores. Comprende a todas las personas que de manera individual o colectiva desarrollen actividades productivas en el medio rural; actividades agropecuarias de manera directa y con el aporte de la fuerza de trabajo de los miembros de la familia con un sistema de producción sustentable social, cultural y ambiental dirigido al autoconsumo, y si hay excedente, se permite la comercialización sin acopio a gran escala.
Basta de muertes y tolerancia a estas fuerzas paralelas que actúan con la complicidad de los poderes reales.
Basta de silencios y olvidos.
Por la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho a la tierra para quienes la trabajan, por el derecho a la justicia y al reconocimiento de su propiedad ancestral a los pueblos originarios.
Hay muchas cosas que permiten y permitieron siempre, que algunas veces la vida no valiera nada. Nosotrxs no podemos seguir permitiéndolo.
Desde siempre el conflicto está presente en toda vida social. No se trata de pensar que se lo puede eliminar – el consenso es imposición autoritaria de lxs pocxs que hablan en nombre de otrxs que no tienen voz – o que esa instancia armoniosa llegará “algún día” – y mientras tanto, seguimos en desiguales condiciones- pero sí, es necesario, desde donde estemos, plantear el respeto por la dignidad humana por sobre cualquier otro interés particular o sectorial.
Es fundamental en esta democracia que tanto nos ha costado construir y vamos construyendo cada día, que se haga justicia, se trate de Juan Pérez, se trate de Félix Díaz, se trate de la familia Ledesma, se trate de Martínez de Hoz, de Ernestina de Noble, se trate de usted que está leyendo, o de mí, que escribo estas lineas.
La situación de los activistas del Mocase, perseguidos y procesadxs por luchar o de los miembros de la Comunidad Qom, Mapuches, Diaguitas u otras comunidades indígenas, se inserta en un viejo problema: la fiebre de la explotación sojera, la complicidad de los poderes judiciales, policiales y las gobernaciones feudales con los terratenientes y también, hay que decirlo, con la ineficaz respuesta de organismos nacionales que deben coordinar, respetando el federalismo, las políticas de los entes nacionales con las administraciones provinciales.
Hace un año casi que se celebró el acuerdo entre el Ministerio del Interior, el de Seguridad, el de Salud, el Inadi y la Dirección de Parques Nacionales y la Comunidad Qom, tras la huelga de hambre y el acampe de Félix Díaz y cinco personas más en la 9 de julio, medida derivada de la represión en Formosa que costó la vida al indígena Roberto López y a Eber Falcón (policía), en noviembre de 2010.
El gobierno de Formosa dificultó el accionar de la Mesa de Diálogo y Trabajo en relación a la cuestión de la tierra desde que se creó en mayo de 2011, y la falta, además, de restitución efectiva de las tierras – a pesar de haber logrado la personería jurídica la comunidad- mantiene la situación de vulnerabilidad de las familias que siguen siendo hostigadas, atacadas o perseguidas con investigaciones penales y a puro balazo: el pasado 8 de noviembre dispararon contra el hijo y el nieto de Félix Díaz.
La comunidad Qom denuncia que la justicia formoseña insiste en la criminalización de las víctimas de la represión policial, que miembros de la comunidad son procesados por sus reclamos (incluso por los hechos del 23 de noviembre de 2010), y que los atropellos continúan. Las tierras que fueron reconocidas a la comunidad en 1940 siguen repartidas entre la Provincia de Formosa, el Estado Nacional y la familia Celia. La situación no ha variado a un año de los episodios por todxs conocidxs, sino que se repite el hostigamiento y la violencia.
El 16 de noviembre mataron a Cristian Ferreyra, de 23 años, e hirieron a César Godoy y a su esposa, quienes padecían y resistían el desenfrenado desmonte en Campo de Mayo, en Santiago del Estero. Unas 800 familias de la Comunidad San Antonio se autoabastecen y crían ganado en tierras ancestrales de las etnias lule-vilela que son apetecibles para los empresarios sojeros. Activistas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC), Ferreyra y Godoy estaban organizando una asamblea para debatir sobre una denuncia que presentarían en la Dirección de Bosques provincial.
En el juzgado de Monte Quemado, a 400 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, indagaban anoche a Javier Francisco Juárez, acusado por el asesinato de Cristian Ferreyra. Ante el requerimiento del juez de la causa, Alejandro Sarría Fringes, el empresario José Ciccioli -presunto instigador del hecho-, se presentó a declarar. Se busca aún a Hugo Juárez, hermano del principal imputado. Fueron detenidos y serán indagados también Walter Juárez –hermano de Javier–, Mario René y Carlos Gregorio Abregú.Viviana,la esposa de Godoy, quien fuera hospitalizada por los culatazos y trompadas recibidas por la patota asesina, está aterrada por lo que pueda suceder con sus hijos.
El gobierno santiagueño anunció ayer la suspensión por 180 días de toda actividad productiva que involucre actividades de desmonte, desde el 21 de noviembre hasta el 21 de mayo de 2012. El avance de las plantaciones de soja sobre los territorios de los campesinos es el eje central del conflicto en el cual el accionar de patotas se ha convertido en algo corriente.
Estas patotas se cobraron otras vidas. Hagamos memoria: el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, -cuya muerte quedó registrada en un video-, el 12 de octubre de 2009 en el paraje El Chorro. Chocobar,junto a los que resultaron heridos, Andrés y Emilio Mamaní , pertenecían a la Comunidad Indígena de los Chuschagasta, entidad con personería desde el año 2000 y reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
En el video se ve a “Niño” Gómez un represor de la última dictadura, ex integrante del Comando Parapolicial Atila en los ´90 que estuvo a las órdenes del Jefe de la Brigada de Investigaciones Mario “Malevo” Ferreyra.
“Niño” Gómez increpa y dispara, al igual que el terrateniente Darío Amin - quien filma-, quien asesina al anciano cacique Chocobar. La cámara, que cae al piso cuando los agresores salen corriendo, fue recuperada por el equipo de peritos de Gendarmeria y presentada como prueba en la causa. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán declaró nula la sentencia que ordenaba la prisión preventiva de los imputados Amín y Gómez en la causa penal abierta por estos delitos. Al tercer acusado, Jorge Valdivieso, nunca se le dicté prisión preventiva a pesar de su participación en el evento.
Sandra Juárez era una mujer de 33 años, madre de dos hijos, que perdió la vida al sufrir un paro cardíaco tras enfrentarse a la topadora de la firma Namuncurá S.A. custodiada por guardia de infantería provincial cuando realizaba trabajos de picadas en su lote, el 13 de mayo de 2010. En el paraje San Nicolás, Sandra, como campesina, ejercía el legítimo derecho de autodefensa de la posesión garantizado en el art. 2470 del Código Civil. “El hecho de la posesión da el derecho de protegerse en la posesión propia, y repulsar la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde; y el que fuese desposeído podrá recobrarla de propia autoridad sin intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia defensa.”
Usucapión, o prescripción adquisitiva o positiva, compete a aquella persona que mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, ha poseído un bien inmueble.
La topadora del monte nativo gracias al cual subsisten tantas familias arrasó con una vida más, a pura prepotencia. El corazón de Sandra se quebró.
La realidad de miles de familias que ocupan tierras privadas no en calidad de intrusos sino como productores pequeños que durante décadas e incluso, generaciones, han desarrollado actividades que representan actos posesorios, es dramática : el ejercicio del derecho de usucapión se dificulta por el costo y la complejidad de los trámites. Y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad frente a los desalojos que con celeridad y brutalidad, se ordenan desde juzgados sí accesibles y cercanos a quienes están determinados a ampliar la frontera sojera y a desmontar.
El Mocase ha presentado unas 220 causas por agresiones en distintos juzgados provinciales.
El Foro Nacional de la Agricultura Familiar ha elaborado un proyecto de ley que declara la emergencia territorial para suspender los desalojos por el término de cinco años, en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeñxs productorxs agropecuarios, familias campesinas o agricultorxs familiares, de manera indistinta, en calidad de habitantes y/o ocupantesy/o poseedores. Comprende a todas las personas que de manera individual o colectiva desarrollen actividades productivas en el medio rural; actividades agropecuarias de manera directa y con el aporte de la fuerza de trabajo de los miembros de la familia con un sistema de producción sustentable social, cultural y ambiental dirigido al autoconsumo, y si hay excedente, se permite la comercialización sin acopio a gran escala.
Basta de muertes y tolerancia a estas fuerzas paralelas que actúan con la complicidad de los poderes reales.
Basta de silencios y olvidos.
Por la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho a la tierra para quienes la trabajan, por el derecho a la justicia y al reconocimiento de su propiedad ancestral a los pueblos originarios.
viernes, 18 de noviembre de 2011
Femicidio Vinculado : Lo que nos toca hacer
La espantosa realidad de la violencia de género merece más que la visibilidad de las secciones de policiales de los diarios y el morbo del tratamiento televisivo.
El crimen del pequeño Tomás Dameno, que según los testimonios de sus familiares, tenía terror a su padrastro - el principal acusado y señalado por la madre de Tomás como el sospechoso desde el inicio de la búsqueda – constituye un caso de “femicidio vinculado”.
El "femicidio vinculado" el que tiene como fin matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación.Las víctimas son las personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego”; y las personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad. Así lo define la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, una de las organizaciones que más trabaja, registra y difunde la temática con toda la minuciosidad que le es posible.
Estamos aprendiendo, al parecer, después de tantas muertes que nos golpean a todxs. Tenemos leyes que tipifican la violencia contra la mujer (Ley 26.485) y lentamente, conciencia en lxs funcionarixs que las aplican, que crecerán en proporción a las actitudes perversas de otrxs en la medida en que se apoye o se repudie socialmente lo que hacen.
Hace 10 días el Tribunal de Casación Penal bonaerense redujo la pena al femicida Marcelo Gentille, quien en 2007 mató a cuchillazos y martillazos a su mujer, Dirlene Vieira, en 2007, alegando la “actitud provocativa de la víctima” y, entre otras cosas, basándose en "la favorable impresión personal recogida en ocasión de comparecer el acusado en estrados". Se rebajó la condena de 17 a 10 años y tres meses. Los magistrados de la Sala I del Tribunal son el Juez Horacio Piombo, quien fundamentó la resolución, Benjamín Sal Llargués que acompañó y quien votó en disidencia, Carlos Natiello. Este fallo está siendo apelado en la Corte Suprema por violar la protección que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le brinda a la mujer, o a cualquier otra persona que sea discriminada por su ocupación, su forma de vestir o conducta sexual.
En otras palabras, el fallo es discriminatorio.
Nuestra parte, - porque lo que no podemos hacer es no pensar ¿qué más tenemos que hacer?- es enfocarnos en los diversos y complejos caminos por los que se permiten estas formas de dominación por las cuales alguien se arroga el derecho sobre otra persona, como su propiedad, y como tal puede disponer de ella como quiera.
Si la sociedad no caracteriza de manera diferencial esa forma de violencia por siglos naturalizada, por la cual se abusa psicológica o físicamente de la mujer, si se sigue pensando que los gritos que se escuchan en un departamento o casa vecina son “problemas de pareja” y, por lo tanto, nadie más debe meterse; si se toma como algo inocente que el noviecito controle lo que hace una adolescente que puede ser nuestra hija o alumna de colegio, lee sus mensajes en el celular, o la toma de los cabellos en el fragor de una discusión, o la aísla de amigxs y conocidxs...probablemente dejemos vía libre a un drama en poco tiempo del cual leeremos en los diarios.
Sepamos y tengamos en cuenta que la violencia entraña una relación entre una persona de personalidad desdoblada, que puede ser considerada un vecino correcto y gentil, y en un abrir y cerrar de ojos, una fiera incontrolable.
Zunilda Maldonado perdió a tres hijos a manos de su ex pareja en Corrientes, hace un año. El femicida se encerró con ellos en la casa y los degolló.
Pensemos en la cantidad de rehenes –niñxs- que sufren estas situaciones cotidianas y crecen en el clima de temor que va empañando su desarrollo y dejando huellas indelebles en sus psiquis.
Basta. Pero en serio basta, para lo cual actitudes cotidianas son imprescindibles, las nuestras.
Contamos con la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recibe denuncias sobre violencia en la Ciudad de Buenos Aires, durante las 24 horas. En sus primeros 25 meses de funcionamiento atendieron 13.906 casos, con un promedio de 18 denuncias diarias recibidas en su sede ubicada frente al palacio de Tribunales.
Solicitemos más presupuestos y capacitación para quienes atienden la violencia. Formemos a las personas en las instituciones – todas – sobre las formas de respeto y equidad entre varones y mujeres. Escrachemos y denunciemos las aberrantes sentencias que otorgan atenuantes a violentos bajo la misma mirada sexista, apuntando a “la provocación” ejercida por la víctima.
Aplaudamos también aquellas acciones coherentes con el derecho nuevo que vamos consiguiendo, que se sostiene en Tratados Internacionales y en un cambio de paradigma cultural, como la decisión del fiscal Garganta, difundida hoy en Página/12, quien negó el pase a mediación solicitada por una víctima de violencia.
Se trata del caso de una mujer que había denunciado a su marido - quien con una botella rota, amenazó con degollarla- y que, tras volver con él, solicitó el retiro de las actuaciones judiciales. El fiscal se basa en el compromiso del Estado argentino de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia contra la mujer, por lo que existe un impedimento de naturaleza para aplicar la ley de resolución alternativa de conflictos penales. Si aceptase pasar a mediación, implicaría una violación de la Convención de Belén de Pará, que prevé que cada Estado debe adoptar medidas para evitar agresiones contra la mujer, conminar al agresor y garantizarle a la víctima el acceso a un juicio oportuno al acusado.
La víctima de violencia que no recibe la contención necesaria, frecuentemente vuelve con el agresor.
Cuando se elevan las denuncias, se necesitan refugios para las víctimas, contención psicológica, un abordaje integral de la situación. Si además la mujer depende económicamente del agresor, o está menoscabada en los derechos que le corresponden – si no percibe la cuota alimentaria para mantener a los hijxs, o no puede conseguir un lugar en el cual vivir con ellxs-, resulta muy difícil llevar una vida lejos de la espiral de violencia.En esta complejidad tenemos que enfocarnos y trabajar muchísimo todavía.
No callemos más, no permitamos más, no toleremos mensajes discriminatorios en los medios, ni publicidades que ensalcen al “macho” porque tal vez parezcan simpáticas o inocuas, porque no lo son. Van abonando el terreno en el cual aparecen los cadáveres y van constituyendo un depósito de armamento simbólico que reacciona contra todo el esfuerzo que el movimiento de mujeres y de una sociedad que va aprendiendo a vivir democráticamente.
Porque así como ha logrado juzgar a torturadores y desaparecedores de personas por razones políticas, también se va empeñando en eliminar todas las formas de discriminación de las que va tomando conciencia.
El crimen del pequeño Tomás Dameno, que según los testimonios de sus familiares, tenía terror a su padrastro - el principal acusado y señalado por la madre de Tomás como el sospechoso desde el inicio de la búsqueda – constituye un caso de “femicidio vinculado”.
El "femicidio vinculado" el que tiene como fin matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación.Las víctimas son las personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego”; y las personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad. Así lo define la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, una de las organizaciones que más trabaja, registra y difunde la temática con toda la minuciosidad que le es posible.
Estamos aprendiendo, al parecer, después de tantas muertes que nos golpean a todxs. Tenemos leyes que tipifican la violencia contra la mujer (Ley 26.485) y lentamente, conciencia en lxs funcionarixs que las aplican, que crecerán en proporción a las actitudes perversas de otrxs en la medida en que se apoye o se repudie socialmente lo que hacen.
Hace 10 días el Tribunal de Casación Penal bonaerense redujo la pena al femicida Marcelo Gentille, quien en 2007 mató a cuchillazos y martillazos a su mujer, Dirlene Vieira, en 2007, alegando la “actitud provocativa de la víctima” y, entre otras cosas, basándose en "la favorable impresión personal recogida en ocasión de comparecer el acusado en estrados". Se rebajó la condena de 17 a 10 años y tres meses. Los magistrados de la Sala I del Tribunal son el Juez Horacio Piombo, quien fundamentó la resolución, Benjamín Sal Llargués que acompañó y quien votó en disidencia, Carlos Natiello. Este fallo está siendo apelado en la Corte Suprema por violar la protección que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le brinda a la mujer, o a cualquier otra persona que sea discriminada por su ocupación, su forma de vestir o conducta sexual.
En otras palabras, el fallo es discriminatorio.
Nuestra parte, - porque lo que no podemos hacer es no pensar ¿qué más tenemos que hacer?- es enfocarnos en los diversos y complejos caminos por los que se permiten estas formas de dominación por las cuales alguien se arroga el derecho sobre otra persona, como su propiedad, y como tal puede disponer de ella como quiera.
Si la sociedad no caracteriza de manera diferencial esa forma de violencia por siglos naturalizada, por la cual se abusa psicológica o físicamente de la mujer, si se sigue pensando que los gritos que se escuchan en un departamento o casa vecina son “problemas de pareja” y, por lo tanto, nadie más debe meterse; si se toma como algo inocente que el noviecito controle lo que hace una adolescente que puede ser nuestra hija o alumna de colegio, lee sus mensajes en el celular, o la toma de los cabellos en el fragor de una discusión, o la aísla de amigxs y conocidxs...probablemente dejemos vía libre a un drama en poco tiempo del cual leeremos en los diarios.
Sepamos y tengamos en cuenta que la violencia entraña una relación entre una persona de personalidad desdoblada, que puede ser considerada un vecino correcto y gentil, y en un abrir y cerrar de ojos, una fiera incontrolable.
Zunilda Maldonado perdió a tres hijos a manos de su ex pareja en Corrientes, hace un año. El femicida se encerró con ellos en la casa y los degolló.
Pensemos en la cantidad de rehenes –niñxs- que sufren estas situaciones cotidianas y crecen en el clima de temor que va empañando su desarrollo y dejando huellas indelebles en sus psiquis.
Basta. Pero en serio basta, para lo cual actitudes cotidianas son imprescindibles, las nuestras.
Contamos con la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recibe denuncias sobre violencia en la Ciudad de Buenos Aires, durante las 24 horas. En sus primeros 25 meses de funcionamiento atendieron 13.906 casos, con un promedio de 18 denuncias diarias recibidas en su sede ubicada frente al palacio de Tribunales.
Solicitemos más presupuestos y capacitación para quienes atienden la violencia. Formemos a las personas en las instituciones – todas – sobre las formas de respeto y equidad entre varones y mujeres. Escrachemos y denunciemos las aberrantes sentencias que otorgan atenuantes a violentos bajo la misma mirada sexista, apuntando a “la provocación” ejercida por la víctima.
Aplaudamos también aquellas acciones coherentes con el derecho nuevo que vamos consiguiendo, que se sostiene en Tratados Internacionales y en un cambio de paradigma cultural, como la decisión del fiscal Garganta, difundida hoy en Página/12, quien negó el pase a mediación solicitada por una víctima de violencia.
Se trata del caso de una mujer que había denunciado a su marido - quien con una botella rota, amenazó con degollarla- y que, tras volver con él, solicitó el retiro de las actuaciones judiciales. El fiscal se basa en el compromiso del Estado argentino de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia contra la mujer, por lo que existe un impedimento de naturaleza para aplicar la ley de resolución alternativa de conflictos penales. Si aceptase pasar a mediación, implicaría una violación de la Convención de Belén de Pará, que prevé que cada Estado debe adoptar medidas para evitar agresiones contra la mujer, conminar al agresor y garantizarle a la víctima el acceso a un juicio oportuno al acusado.
La víctima de violencia que no recibe la contención necesaria, frecuentemente vuelve con el agresor.
Cuando se elevan las denuncias, se necesitan refugios para las víctimas, contención psicológica, un abordaje integral de la situación. Si además la mujer depende económicamente del agresor, o está menoscabada en los derechos que le corresponden – si no percibe la cuota alimentaria para mantener a los hijxs, o no puede conseguir un lugar en el cual vivir con ellxs-, resulta muy difícil llevar una vida lejos de la espiral de violencia.En esta complejidad tenemos que enfocarnos y trabajar muchísimo todavía.
No callemos más, no permitamos más, no toleremos mensajes discriminatorios en los medios, ni publicidades que ensalcen al “macho” porque tal vez parezcan simpáticas o inocuas, porque no lo son. Van abonando el terreno en el cual aparecen los cadáveres y van constituyendo un depósito de armamento simbólico que reacciona contra todo el esfuerzo que el movimiento de mujeres y de una sociedad que va aprendiendo a vivir democráticamente.
Porque así como ha logrado juzgar a torturadores y desaparecedores de personas por razones políticas, también se va empeñando en eliminar todas las formas de discriminación de las que va tomando conciencia.
martes, 15 de noviembre de 2011
SE ESTRENA "VERDADES VERDADERAS"
Esta semana se estrena la película "Verdades Verdaderas", la vida y la búsqueda de Estela de Carlotto.
La tarea de encontrar todxs lxs chicxs apropiados no es solamente de Abuelas. Lo entendieron y lo enseñaron ellas mismas, cuando a partir de la búsqueda de los hijxs de sus hijxs, sintieron como propios a todas las víctimas, a cada unx de lxs nietxs.
Cuando se tiene la oportunidad de hablar con Estela, algo se mueve por dentro.
Ella transmite esa serenidad imprescindible para comprender la hondura del trabajo tan difícil y tan necesario: construir la memoria y encontrar la verdad que verdugos y cómplices disfrazaron por tanto tiempo.
Más de cuatrocientas historias de vida están a la espera de una restitución que pasa por mucho más que un nombre. Son historias que conforman la historia de todo un país. Que nos duele, que nos reclama para que nunca más vuelva a repetirse. Es la tuya, es la mía, la de aquélla.
La restitución es libertad, a partir de conectarse con sueños que no pudieron borrarse, y que renacen, enriquecidos con todo el amor y el aprendizaje que estas mujeres nos dan cada día.
Gracias a todas las Abuelas, a todas las personas que brindan testimonio y ayudan a anudar esos lazos. A quienes se decidieron a pesar del miedo y de los sentimientos encontrados, pensando en más que en sí mismxs.
Gracias Estela.
Invitemos y difundamos este film que necesitamos compartir en todas las salas.
Por la memoria y las verdades encontradas y a encontrar, cuestión de todas y de todos.
La tarea de encontrar todxs lxs chicxs apropiados no es solamente de Abuelas. Lo entendieron y lo enseñaron ellas mismas, cuando a partir de la búsqueda de los hijxs de sus hijxs, sintieron como propios a todas las víctimas, a cada unx de lxs nietxs.
Cuando se tiene la oportunidad de hablar con Estela, algo se mueve por dentro.
Ella transmite esa serenidad imprescindible para comprender la hondura del trabajo tan difícil y tan necesario: construir la memoria y encontrar la verdad que verdugos y cómplices disfrazaron por tanto tiempo.
Más de cuatrocientas historias de vida están a la espera de una restitución que pasa por mucho más que un nombre. Son historias que conforman la historia de todo un país. Que nos duele, que nos reclama para que nunca más vuelva a repetirse. Es la tuya, es la mía, la de aquélla.
La restitución es libertad, a partir de conectarse con sueños que no pudieron borrarse, y que renacen, enriquecidos con todo el amor y el aprendizaje que estas mujeres nos dan cada día.
Gracias a todas las Abuelas, a todas las personas que brindan testimonio y ayudan a anudar esos lazos. A quienes se decidieron a pesar del miedo y de los sentimientos encontrados, pensando en más que en sí mismxs.
Gracias Estela.
Invitemos y difundamos este film que necesitamos compartir en todas las salas.
Por la memoria y las verdades encontradas y a encontrar, cuestión de todas y de todos.
jueves, 10 de noviembre de 2011
Militantes de la vida y la memoria
ARCHIVO DE LA MEMORIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
José María Di Bello no se ofende si no decís correctamente su apellido, como me ocurrió el pasado lunes entrevistándolo en la radio en REMOLINOS.
Lo importante no es el nombre, aunque su nombre sea el símbolo de un logro de nuestra sociedad en cuanto la ampliación de derechos civiles y respeto: es uno de los miembros del primer matrimonio igualitario, con Alex Freyre.
Lo que se hace y lo que se construye es lo que somos, cada vez más convencida estoy de eso.
Hablo de José María como unx de lxs múltiples actores políticos nuevos, que irrumpieron como las mujeres en defensa de sus derechos, como las lesbianas, travestis, gays, personas trans, como los autodenominados "putos peronistas", abriendo un abanico nuevo de identidades y subjetividades políticas.
Como sociedad necesitamos corrernos de los lugares y roles fijos, preasignados, rígidos, que obturan nuestras posibilidades de crear otros escenarios y pactos de convivencia.
El matrimonio igualitario y la demanda de la Ley de Identidad de Género son aportes para todxs y todxs las personas que eligen la libertad y la igualdad como forma de vida. Que no nos ofendemos por cómo y a quién amás; que no nos conformamos con permanecer indiferentes a la convivencia con abusadores de sotana protegidos por las jerarquías o asesinos de militantes populares impunes.
Que queremos Justicia y Memoria.
Que no nos bamcamos la violencia institucional de jueces que amparan femicidios.
Que no nos parece que haya que escandalizarse cuando una Jueza de la Corte Suprema propone quitar de los juzgados las cruces, como si fuera una afrenta intolerable.
José María, Alex y otrxs compañerxs de la Fundación Efecto Positivo, aprovecharon la Marcha del Orgullo Gay del sábado 5 de noviembre pasado - y acompañada cada vez por más personas, independientemente de su pertenencia o no al movimiento LGTTB -para difundir una iniciativa importantísima en materia de justicia y memoria.
Se necesita tiempo para visualizar, verbalizar, asumir como vejaciones a los DDHH ciertas prácticas horrendas.
Sucedió con las violaciones mayoritariamente padecidas por las mujeres en los campos clandestinos de detención. Los testimonios de las mujeres en los juicios que se están desarrollando gracias a la política de DDHH de este gobierno, permitió plantear estas prácticas como sistemáticas y abogar entonces por considerarlas "crímenes de lesa humanidad" en vez de "tormentos agravados".
El sometimiento sexual como manera de disciplinar y de humillar permaneció no dicho, no percibido, precisamente por una cultura en la que la violencia hacia la mujer estabay sigue estando naturalizada. Por lo tanto, cuesta encararla como tal.
Los testimonios se diluyeron en la época de la CONADEP. Recientemente, con otro contexto, contamos con los aportes de películas como el documental LESA HUMANIDAD basado en un trabajo colectivo con ex detenidas que contaron y compartieron su terrible experencia, y con el pedido de fiscales de tipificación de esos delitos como lo que son: crímenes de imprescriptibles. Lesa humanidad, porque agravia e injuria a la humanidad en su conjunto.
Hubo entre la multitud de víctimas del horror de la dictadura cívico-militar, personas detenidas/desaparecidas por diversidad sexual.
En cuanto a éstas otras víctimas no contadas, que pudieran haber sido detenidas desaparecidas por su condición sexual, se están recopilando testimonios de quienes puedan aportar datos para reconstruir esas historias.
Para no dejar en el olvido ni en la impunidad esas otras atrocidades de las que tenemos que ocuparnos, todas y todos, desde lo que podamos, desde nuestro esfuerzo cotidiano por el respeto a las personas.
En pocos días se realizará el lanzamiento de este ARCHIVO DE LA MEMORIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL en el Instituto Espacio para la Memoria(ex ESMA)
Desde ese sábado 5 cuando el formulario se repartió entre la gente, se consiguieron más de veinte testimonios de personas que conocieron o tienen datos sobre víctimas de la represión ilegal durante la dictadura por diversidad sexual.
El formulario solicita dejar constancia del contacto con la víctima que tuviera el/la testigo, datos de otras personas como familiares, compañérxs, etc. y si se recordara más información, se pide comunicarse con:
FUNDACIÓN EFECTO POSITIVO (011) 4637- 4472
JOSÉ LUIS SCHANZANBACH (15) 4447- 0248
O escribir a la siguiente dirección: memoriadiversidadsexual@gmail.com
Tomo las palabras que José María escribió en su blog, cuando se denomina a sí mismo, "militante de la vida"...
"....nada de lo que hago y por lo que trabajo lo hago solo, soy una simple persona, que en algun momento le toco ser más visible, pero todo lo que se logra es así por que HAY EQUIPO"
"Y, vamos por mas!
¿Por qué?
Porque SE PUEDE
Con vos y conmigo"
Gracias Ofelia Videtta por tu arte...
José María Di Bello no se ofende si no decís correctamente su apellido, como me ocurrió el pasado lunes entrevistándolo en la radio en REMOLINOS.
Lo importante no es el nombre, aunque su nombre sea el símbolo de un logro de nuestra sociedad en cuanto la ampliación de derechos civiles y respeto: es uno de los miembros del primer matrimonio igualitario, con Alex Freyre.
Lo que se hace y lo que se construye es lo que somos, cada vez más convencida estoy de eso.
Hablo de José María como unx de lxs múltiples actores políticos nuevos, que irrumpieron como las mujeres en defensa de sus derechos, como las lesbianas, travestis, gays, personas trans, como los autodenominados "putos peronistas", abriendo un abanico nuevo de identidades y subjetividades políticas.
Como sociedad necesitamos corrernos de los lugares y roles fijos, preasignados, rígidos, que obturan nuestras posibilidades de crear otros escenarios y pactos de convivencia.
El matrimonio igualitario y la demanda de la Ley de Identidad de Género son aportes para todxs y todxs las personas que eligen la libertad y la igualdad como forma de vida. Que no nos ofendemos por cómo y a quién amás; que no nos conformamos con permanecer indiferentes a la convivencia con abusadores de sotana protegidos por las jerarquías o asesinos de militantes populares impunes.
Que queremos Justicia y Memoria.
Que no nos bamcamos la violencia institucional de jueces que amparan femicidios.
Que no nos parece que haya que escandalizarse cuando una Jueza de la Corte Suprema propone quitar de los juzgados las cruces, como si fuera una afrenta intolerable.
José María, Alex y otrxs compañerxs de la Fundación Efecto Positivo, aprovecharon la Marcha del Orgullo Gay del sábado 5 de noviembre pasado - y acompañada cada vez por más personas, independientemente de su pertenencia o no al movimiento LGTTB -para difundir una iniciativa importantísima en materia de justicia y memoria.
Se necesita tiempo para visualizar, verbalizar, asumir como vejaciones a los DDHH ciertas prácticas horrendas.
Sucedió con las violaciones mayoritariamente padecidas por las mujeres en los campos clandestinos de detención. Los testimonios de las mujeres en los juicios que se están desarrollando gracias a la política de DDHH de este gobierno, permitió plantear estas prácticas como sistemáticas y abogar entonces por considerarlas "crímenes de lesa humanidad" en vez de "tormentos agravados".
El sometimiento sexual como manera de disciplinar y de humillar permaneció no dicho, no percibido, precisamente por una cultura en la que la violencia hacia la mujer estabay sigue estando naturalizada. Por lo tanto, cuesta encararla como tal.
Los testimonios se diluyeron en la época de la CONADEP. Recientemente, con otro contexto, contamos con los aportes de películas como el documental LESA HUMANIDAD basado en un trabajo colectivo con ex detenidas que contaron y compartieron su terrible experencia, y con el pedido de fiscales de tipificación de esos delitos como lo que son: crímenes de imprescriptibles. Lesa humanidad, porque agravia e injuria a la humanidad en su conjunto.
Hubo entre la multitud de víctimas del horror de la dictadura cívico-militar, personas detenidas/desaparecidas por diversidad sexual.
En cuanto a éstas otras víctimas no contadas, que pudieran haber sido detenidas desaparecidas por su condición sexual, se están recopilando testimonios de quienes puedan aportar datos para reconstruir esas historias.
Para no dejar en el olvido ni en la impunidad esas otras atrocidades de las que tenemos que ocuparnos, todas y todos, desde lo que podamos, desde nuestro esfuerzo cotidiano por el respeto a las personas.
En pocos días se realizará el lanzamiento de este ARCHIVO DE LA MEMORIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL en el Instituto Espacio para la Memoria(ex ESMA)
Desde ese sábado 5 cuando el formulario se repartió entre la gente, se consiguieron más de veinte testimonios de personas que conocieron o tienen datos sobre víctimas de la represión ilegal durante la dictadura por diversidad sexual.
El formulario solicita dejar constancia del contacto con la víctima que tuviera el/la testigo, datos de otras personas como familiares, compañérxs, etc. y si se recordara más información, se pide comunicarse con:
FUNDACIÓN EFECTO POSITIVO (011) 4637- 4472
JOSÉ LUIS SCHANZANBACH (15) 4447- 0248
O escribir a la siguiente dirección: memoriadiversidadsexual@gmail.com
Tomo las palabras que José María escribió en su blog, cuando se denomina a sí mismo, "militante de la vida"...
"....nada de lo que hago y por lo que trabajo lo hago solo, soy una simple persona, que en algun momento le toco ser más visible, pero todo lo que se logra es así por que HAY EQUIPO"
"Y, vamos por mas!
¿Por qué?
Porque SE PUEDE
Con vos y conmigo"
Gracias Ofelia Videtta por tu arte...
domingo, 6 de noviembre de 2011
Lo que no se nombra… no existe
¿Y la muller sapiens sapiens?
Dos Cientos de Miles de Años
Contracción placenta y leche
La Humanidad menstruando
Más natural que el silbido
Más habitual que música
Más regular que el trueno
Más vital que tormenta
Más generosa que lluvia
Interpelan su lugar/
y pujan
mis hermanas de la Luna
Marta Schvartzman
05/11/11
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