PROSTITUCION ES VIOLENCIA

Historiando la trata en Argentina

El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en 1999. Se celebra una fecha argentina: la del 23 de setiembre de 1913, cuando fue promulgada la ley 9.143; la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil, gracias al primer diputado socialista de América, el joven Alfredo Palacios.
La norma propuso reprimir la rufianería con penas de hasta quince años de prisión; implementa el delito de lenocinio (proxenetismo), primera ley tendiente a proteger a las víctimas de trata sexual, penalizando a sus responsables y colocando a la Argentina en la vanguardia legislativa de la época.

Para pensar con mayor detenimiento en ciertos debates alrededor del abolicionismo vs. reglamentarismo, para destacar la importancia de acabar con la publicidad del comercio sexual que es fomentar la esclavitud que sigue siendo un negocio incalculable en el mundo, las lecciones del pasado resuenan en horrores del presente y desafían los aspectos no suficientemente visualizados aún, o mirados de soslayo, en un gesto cómplice. Porque la prostitución, o sea, el acceso masculino por precio al cuerpo de las mujeres y niñxs es una manifestación del poder patriarcal tan antiguo como el dominio masculino en el mundo. Es una forma de ejercicio del poder del varón, configurando el lugar que asigna a las mujeres. Es violencia y es un negocio monstruoso. En cifras y lágrimas.

La nota de tapa de una edición de la excelente revista “Todo es Historia” de enero de 1996, “Tratantes, Prostitutas y Rufianes”, da cuenta del tema en nuestro país a partir del momento en que la importación de mujeres europeas con destino a los burdeles de Buenos Aires se intensificó, desde 1870. A mediados de la década la ciudad portuaria contaba con aproximadamente 200.000 habitantes y la prostitución era considerado un problema menor. Las autoridades municipales de entonces (tiempos de la Presidencia de Nicolás Avellaneda), ejercían un poder discrecional: si una mujer sospechada de ejercer el oficio podía ser arrestada o enviada a la frontera a servir a las necesidades de la tropa.
Pero la inmigración aumentaba y con ella, cada vez más, los extranjeros solteros. La búsqueda de una forma de control social que contuviera el desarrollo de las enfermedades venéreas llevó a la primera reglamentación sobre la prostitución. Una ordenanza de 1875, estipulaba que los cafés y confiterías donde existiera comercio sexual debían registrarse so pena de clausura. Estas casas de tolerancia debían estar alejadas –a no menos de dos cuadras – de templos, teatros o escuelas y debían ser regenteadas exclusivamente por mujeres (quienes debían tener un registro con los datos de quienes trabajan en las casas). Un médico de la Municipalidad inspeccionaría dos veces por semana a las prostitutas, anotando los datos en ese registro y elevando un parte oficial. Solamente en casos avanzados de sífilis las mujeres enfermas eran llevadas al hospital. La particular manera de registrar los estadíos de la enfermedad hizo que la gran mayoría de mujeres enfermas siguieran trabajando –al cuidado de la regenta- con lo cual la reglamentación fue absolutamente incapaz de impedir la propagación de las enfermedades.
Los hombres no eran sometidos a ningún control médico ni a vigilancia policial, ni sanos, ni enfermos.

Las prostitutas debían ser mayores de 18 años; a no ser que probaran que antes de esa edad se habían entregado a la prostitución, establecía el artículo 9 de la ordenanza en cuestión, en contradicción con el Código Civil que estipulaba la mayoría de edad a los 22 años. Las muchachas podían, de esa manera, ejercer el comercio sexual pero para casarse debían obtener autorización de los padres.
Las mujeres cargaron con el mayor peso represivo : la reglamentación les impedía abandonar el prostíbulo y el oficio – quedaban bajo la vigilancia policial “hasta que se comprobara el cambio en el género de vida”- y si pretendían emplearse, la reglamentación estipulaba que “todos los que a sabiendas admitieren en su casa particular o de negocio en calidad de inquilina, huésped, sirvienta u obrera a cualquier mujer que ejerciere la prostitución, pagará una multa de 1.000 m/c (…) Se considerarán sabedores los que permitan que una prostituta continúe en su casa tres días después de haber sido prevenidos por la autoridad (art. 24).” Por todo esto se dió una rotación de explotadas: las mujeres argentinas, españolas e italianas, que hasta el momento habían trabajado en los lupanares de la ciudad, prefirieron seguir haciéndolo en bares, cigarrerías y fondas. Y las extranjeras de países no latinos, prostitutas o no en su tierra natal, acabaran recluídas en las casas de tolerancia, desconocedoras de las leyes y el idioma. Tratantes y regentes de las casas autorizadas se enriquecieron con esta estructura; también los funcionarios coimeros. En 1876 había 35 prostíbulos autorizados, en los que según los registros, trabajaban 200 mujeres. De esa época datan denuncias de algunas víctimas que intentaron escapar de su encierro.
La metodología de los tratantes era engañar a muchachas húngaras, alemanas, eslavas, diciéndoles que irían a otro destino en Europa, y embarcándolas a Montevideo o Buenos Aires. Las desdichadas eran vendidas como esclavas a otros tratantes. Muchas de ellas eran judías de Europa central y Rusia que debido a la pobreza en la que se encontraban y a persecuciones religiosas que sufrían sus familias, eran vendidas a rufianes a cambio de la dote que éstas recibían. Como no existía el matrimonio civil, se fraguaba un matrimonio religioso entre la explotada y su explotador y ella finalmente trabajaba para él o para otro rufián. Así, la víctima no podía reclamar en el consulado de su país, porque al casarse con un extranjero perdía los derechos de su nacionalidad. Se estima que para 1878, cuando la Municipalidad había elevado el costo de la patente sustancialmente, el número de mujeres que trabajaba en forma clandestina había ascendido de las 200 en 1875, a unas 3.000.

La trata de mujeres no hubiera existido sin un puerto que las recibiera y una sociedad que las aceptara; tampoco sin el modelo de exclusión social y político que reinaba en Europa y que favorecía que integrantes de minorías étnicas o religiosas escaparan de un infierno para ingresar en otro. Por otro lado, “la hipocresía de una sociedad que desprecia y requiere al mismo tiempo –el juego del cliente y la ramera, dice José Luis Scarsi, autor del informe – justifica la existencia del comercio más denigrante para la humanidad”.

¿Hasta cuándo seguiremos, como sociedad, mirando para otro lado? ¿Cuándo podremos herir de muerte los valores profundos que sustentan la explotación de seres humanos bajo pretextos engañosos?¿Cuándo se terminará la clientela que reclama la oferta? ¿Cuándo dejarán los cuerpos de mujeres y niñxs de ser apropiados, vendidos, mutilados, maltratados en medio de la indiferencia de clientes y testigxs? La prostitución no es una opción “libre”. La prostitución es violencia sexista.