Apropiaciones, atropellos y extorsiones

...sobre Papel Prensa, complicidad civil y militar, negocios turbios y la batalla por la comunicación democrática...

Beatriz Paglieri es la Directora en Representación del Estado Nacional en Papel Prensa. Es funcionaria desde hace varios años, en el Ministerio de Economía, tomó parte en las negociaciones del Mercosur, estuvo trabajando en el Ministerio de la Producción de la Provincia de Bs.As promoviendo las exportaciones, y durante 10 meses se desempeñó en el INDEC.En ese período fue amenazada y tuvo que contar con custodia policial. En agosto de 2009 fue convocada por la Presidenta de la Nación para representar al Estado Argentino como Vocal en el Directorio de Papel Prensa,- en reemplazo de Alberto Fernández.De su tarea estuvo charlando en el último plenario realizado del Frente de Mujeres K, el pasado martes 14 de diciembre, en la Federación Gráfica Bonaerense.


El tema de Papel Prensa es complejo. Puede abordárselo en torno a tres ejes. Desde el inicio hay una complicación de tipo legal en el momento de su nombramiento por parte de la Presidenta, -que sale publciado en el Boletín Oficial el 7/8/09- porque el Directorio invoca la Ley de Sociedades y no la Ley 19550, por lo cual se dilató su nombramiento por la Asamblea de Papel Prensa hasta el mes de octubre del pasado año.

Paglieri recalcó que ha sido la única funcionaria del Estado que no fue designada por unanimidad y que además, en ese mismo momento se inició en su contra una querella penal por no haber denunciado las supuestas agresiones que habría cometido Guillermo Moreno en una reunión en la que ella junto a Eduardo Gallo y Pablo Cerioli habrían estado presentes.

En el Directorio de Papel Prensa había costumbres que por primera vez se alterarían a partir de la entrada de este equipo designado por Cristina Fernández de Kirchner: en la primera reunión, por ejemplo, se pretendió aprobar el balance del primer trimestre del año 2009, sin permitir el acceso a la información pertinente, lo que llevó a que el Estado se abstuviera de aprobarlo.

Era un hecho inédito que los representantes del Estado se negaran a aprobar a ciegas un balance de la empresa.

El nuevo director en representación del capital privado, - representante de Clarín- también se abstuvo, por estar recién nombrado; posteriormente, se produjo otra desprolijidad en la firma del balance que cuenta con "un error" que se pretendió hacer pasar presionando a Pagliari a firmar, dados la existencia de plazos para la presentación de esta documentación en la Comisión Nacional de Valores (Papel Prensa cotiza en la bolsa y debe presentar sus balances y actas en tiempo y forma). Finalmente, se tuvo que rebobinar lo realizado por el Directorio hasta ese momento debido a la negativa del Estado a rubricar actas incorrectas. Los restantes miembros del Directorio adujeron que se "perjudicaba el negocio" invocando la Ley de Sociedades. El Estado, por su parte, inició juicio a los directores actuantes.

Accidentado arribo a un escenario en el que manejos irregulares habían sido lo normal.Desde entonces, si nos preguntamos qué se ha podido lograr, afirma Paglieri que "lo importante es que se han efectuado denuncias penales y los antecedentes y expedientes empiezan a aparecer".

El 24 de agosto de 2010 se realiza la presentación del informe "Papel Prensa, La Verdad" a la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. En el mismo se compila una inmensa cantidad de información sobre la empresa, su origen y su vinculación a la dictadura militar, los crímenes de lesa humanidad asociados a la apropiación del paquete accionario por parte de Clarín, La Nación y La Razón, y el control sobre el insumo estratégico del papel diario con el que se ha tenido cautivo a un mercado editorial.

Simplificando la información entonces, podemos abordar tres ejes principales:
1er. eje: Conspiración cívico- militar y delitos de lesa humanidad

"Papel Prensa, la Verdad": apropiación de acciones clase A por parte de Clarín, la Nación y La Razón gracias al terrorismo de Estado que se aplicó a la familia Graiver y a Rafael Ianover - testaferro de David Graiver- para la cesión de las acciones a precio vil.
Se recobraron expedientes desperdigados desde hace 30 años, material que se recopiló para la elaboración del informe presentado a la sociedad que cuenta con más de 27.000 fojas.

Se reveló la operatoria de la CONAREPA (Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial) para la apropiación de empresas por parte de la Junta Militar, entidad a la que fueron a parar todas las empresas de Gravier salvo Papel Prensa, para poder ser otorgadas a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

La documentación anexa y el informe coinciden de manera contundente con las declaraciones efectuadas por Lidia Papaleo de Graiver, Rafael Ianover y José Pirillo, ex director de La Razón y ex accionista de Papel Prensa.

En agosto de 1976 muere en circunstancias no claras David Graiver. Ya había sido amenazada su esposa, quien decide de todos modos regresar a la Argentina y concurre a una cita en las oficinas de La Nación en la calle Florida. Allí, y bajo la amenaza a la vida de su hija de apenas dos años efectuada por Héctor Magnetto, Lidia Papaleo firma el traspaso de las acciones a un precio irrisorio.

Paglieri menciona que la viuda de Graiver recién participaría de una reunión del Directorio de Papel Prensa en este año 2010.


Rafael Ianover traspasa a Peralta Ramos de La Razón las acciones para asegurarse que a sus hijos no les ocurriera nada, tras haber sufrido una intimidación por parte de una patota -grupo de tareas- en su domicilio. Ianover declaró que "sabían que no eran mías, que eran de Graiver".

Esto ocurría en octubre de 1976; los actos administrativos se sucedieron hasta terminar con la firma de toda la documentación. Inmediatamente, entre marzo y abril de 1977, Lidia Papaleo y Rafael Ianover desaparecen. Cinco días después de la firma del último documento —la solicitud de autorización judicial—, varios de los integrantes de la familia Graiver fueron ilegalmente detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires comandada por Ramón Camps y sometidos a un proceso militar acusándoselos de supuestas vinculaciones con agrupaciones subversivas, mientras que sus bienes fueron interdictos por la Conarepa.

De esta manera, el traspaso se produce en el marco de la amenaza, la tortura y la cárcel.

El Juez Federal Daniel Rafecas, con motivo de la intervención que le diera el oportunamente el Juez en lo Comercial Jorge Malde —quien dispuso la actual intervención de Papel Prensa S.A.-, vinculado a los temas que se plantean en el Informe, advirtió que: “existen distintos elementos que determinan la conclusión de una clara inescindibilidad entre los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieran por víctimas a una serie de personas vinculadas con la firma Papel Prensa S.A. y la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia presuntamente compulsiva de las acciones de esa empresa que se encontraban en propiedad, ya sea por sí o por terceros, de la familia Graiver”.

Recordemos que este juez ha manifestado: "la vinculación existente entre ambas clases de hechos que lo convierten en una unidad fáctica pese a su pluralidad: el delito de privación ilegal de la libertad aparece claramente motivado en las finalidades de apropiación de las acciones de la empresa, constituyéndose la amenaza sobre la futura concreción del mismo en una coerción dirigida a conseguir la suscripción de los convenios y luego, ya concretado el delito contra la libertad, como un mecanismo destinado a asegurar sin obstáculos la concreción
de aquel cometido”.

Al ser evidente de que se trata de un delito de lesa humanidad, el caso pasa a integrar la Causa Camps, que se tramita en le Juzgado Federal Nro. 3 de La Plata a cargo del Juez Corazza, que investiga los crímenes cometidos en los Centros Clandestinos de Detención Pozo de Banfield y el Puesto Vasco.

Esta apropiación de las acciones clase A evidencian la asociación entre el poder económico y el terrorismo de Estado que necesitaba el silencio de los medios.

Paglieri destaca que un juez de menores, en el momento en que la hija de Lidia Papaleo y David Graiver contaba con apenas dos años de edad, no autorizó el traspaso de las acciones por considerar el precio absolutamente vil y perjudicial para los intereses de la niña. Era marzo de 1977. Fue un gesto que hay que valorar desde el presente, y si bien Lidia Papaleo firmó el traspaso finalmente, cediendo a las amenazas, el precio irrisorio quedó documentado y es una prueba de la veracidad de su testimonio y el de Ianover. Ese juez interviene porque el matrimonio de los Graiver no estaba legalizado en la Argentina, de manera que la niña era la única heredera legal junto con los padres de David Graiver.


También hay que recordar - nobleza obliga- que el gobierno de Raúl Alfonsín derogó el decreto de 1982 que iba a retirar al Estado de la empresa para 1988.

La Presidenta de la Nación tras recibir el informe, elaboró el Decreto 1210/2010 por el cual se instruye a la Secretaría de DDHH a elevar a la Justicia las denuncias pertinentes por los delitos de lesa humanidad cometidos, y al Procurador del Tesoro, remite la investigación de las prácticas económicas, susceptibles de penalizarse por la Ley Antimonopolio, fraude al Estado Nacional, ordenándole, además, presentarse como querellante en la causa.

2do. eje: apropiación ilegítima, concentración

Hay que señalar que Papel Prensa fue en su origen un proyecto desarrollista -en los años 60- de sustitución de importaciones de celulosa y papel, que no se producían aquí. Se requería de muchos inversores y mucho capital, en un momento en que la Argentina contaba con un fuerte sector productivo y que, con este fin de autoabastecimiento del insumo clave, era algo valorable. La empresa siempre se pensó mixta, de capital privado -las acciones clase A- y las del Estado -acciones clase B- que nació con créditos blandos y un fondo formado a partir de un derecho de importación que pagaban todos los diarios del país.

Lo que se cuestiona es lo que sucede a partir de 1976 cuando, precisamente el 2 de noviembre, se firmaron los boletos de compra-venta entre los integrantes del Grupo y Fapel SA, sociedad integrada por Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bernardo Sofovich, Patricio, Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos; los diarios La Nación y La Razón, y Arte Gráfico Editorial Argentino, editora del diario Clarín.

La empresa Fapel SA tenía como Presidente a Manuel José Benito Campos Carlés y a Héctor Magnetto como su Vicepresidente.Fapel S.A., tuvo solo ocho días en sus manos las acciones pertenecientes a la clase “A” de Papel Prensa S.A. pues adquiere el 2 de noviembre de 1976 lo destinado a cederse a sus integrantes con otro nombre el día 10 de noviembre, como si éstos fueran nuevos dueños inocentes, presuntamente ignorantes de lo que había ocurrido, para evitar responsabilidades.

En el Informe “Papel Prensa S.A. La Verdad”, se detalla lo acontecido con Papel Prensa y la alianza de los tres diarios con las tres armas; que las presiones para arrebatar Papel Prensa al Grupo Graiver eran permanentes; y que Clarín y La Nación dedicaban las primeras planas casi todos los días a la familia Graiver, presentándolos como delincuentes.Resultan altamente significativas las publicaciones aparecidas en el diario Clarín con fechas 15, 22 y 28 de octubre y 2 de noviembre de 1976 y de La Nación de los días 11, 15 y 24 de octubre del mismo año, que conocemos quienes han visto 6,7,8 y otros programas que han investigado seriamente el tema.

El día 18 de agosto de 1977 se suscribió un Convenio de Sindicación de Acciones entre Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., la S.A. La Nación y la S.A. La Razón, Editorial, Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria, del cual surge que las tres empresas periodísticas admiten la adquisición de acciones clase “A”, “C” y “D” a través de Fapel S.A. por partes iguales entre los tres adquirentes, es decir 33,33% para cada una.

El Convenio de Sindicación de Acciones de Papel Prensa S.A. y su complementario, nunca fue notificado ni a los otros accionistas de la empresa, ni al Estado Nacional - que como socio tiene aproximadamente el 28% del capital total de la empresa-, ni en forma a las autoridades de control, quienes deben legalmente supervisar la actuación de las empresas, sobre todo si éstas son cotizantes de acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Cabe destacar que recién con fecha 22 de abril de 2010 se concreta la supuesta rescisión del mismo, dando lugar a la instrucción del pertinente sumario por parte de la autoridad de control correspondiente. Las actas habían comienzado a hacerse en el año 1978, permaneciendo oscura la fusión que significa el Convenio de Sindicación que no fue debidamente informado.

3er. eje Prácticas oscurantistas y falta de transparencia

El grupo Clarín termina controlando el 49% del paquete accionario, (Clarín, Simeco) propietarios de las acciones clase A, es dueño de los diarios "La Voz del Interior"de Córdoba, y del diario "Los Andes" de Mendoza. Y controla el 49% de La Nación. Hay un 0,7% residual de Telam y otros pocos medios, y el Estado cuenta con el 27,46% de las acciones.

Entre La Nación y Clarín llegan a poseer 64 diarios en todo el país en la actualidad, dado que controlando el acceso al papel, es decir, el precio al que se lo vende o si se lo vende, o el contar con papel por debajo del costo de producción para las empresas editoriales propias, como hizo Clarín, se determina quién prospera y quién no en el mercado editorial.

Julio Ramos, propietario de Ambito Financiero, nunca pudo obtener papel de Papel Prensa - y siempre lo denunció-, fue obligado a importarlo. Página 12 nunca obtuvo papel, tampoco Crónica, como tampoco los medios de todo el país no pertenecientes al grupo Clarín. Importar el papel encarece hasta en un 50% los costos de producción.

Con maniobras oscuras se concentró la propiedad el mercado gráfico.Si pensamos que 3000 organizaciones utilizan papel diario, es lógico que se produzca una extorsión del contenido si se controla la provisión de papel;y la cantidad de beneficios obtenidos por la empresa que concentra, que puede comprar diarios como "La Voz de Interior"quebrada, sin problemas, así como muchísimos otros medios que pasaron a ser propiedad del grupo.

De haberse informado el Pacto de Sindicación como lo establece la ley, informándolo al Estado y a la Bolsa de Valores, habría sido legal. Recién sale a la luz en el 2009: por esto se trata de un desfalco a los demás accionistas excluídos y perjudicados por la maniobra.

Se manejó una denominación diferente de las acciones para los proveedores y las que usarían según el proyecto original: las acciones tienen el mismo valor, pero las de clase A componen el 75% del paquete accionario.

Nunca apareció el anexo en el Pacto de Sindicación con las multas a aplicar en caso de incumplimiento por parte de las empresas del acuerdo, y tampoco el verdadero valor de la empresa.

No se sabe hasta el momento porqué La Nación se abrió de la sindicación.Hay dudas.José Pirillo, quien compró a Peralta Ramos "La Razón", asistió a la reunión en la que se trataba el Pacto de Sindicación y se enfrentó a Héctor Magnetto: declaró que terminó fundido...Fue perseguido, y terminó cumpliendo pena en la cárcel por la comisión de delitos económicos.

Paglieri aseguró que había en Papel Prensa una oficina de inteligencia que tenía información sobre las tarjetas de crédito de jueces y fiscales.
Las decisiones de Papel Prensa, por lo tanto, se tomaban en otro lugar: afuera de la empresa; en el Comité de Dirección de la empresa, se alternaban el Director de Clarín y el Síndico de PP.

Traigamos a la memoria algunas gestas legislativas y de algunas gestiones presidenciales: durante el menemismo, la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión permitió la conglomeración de medios - vedada desde la Dictadura- y desde una licitación a medida del Grupo, es como Canal 13 y Radio Mitre comenzando el imperio mediático que hoy es.


Con la pesificación asimétrica de Duhalde - de 1.700 millones de dólares pasó a deber la tercera parte- Clarín minimizó su deuda. Hacia fines de 2001, el grupo Clarín era uno de los más endeudados con el exterior, lo que podía provocar la pérdida del diario, de sus canales de cable y sus radios, a manos de sus acreedores extranjeros, mediante recursos legales: pero la Ley sancionada en el Congreso que prohibió a capitales no nacionales el acceso a la propiedad de los medios de comunicación, catalogados de allí en más como "bienes culturales", salvó al Grupo una vez más. Cuando más tarde necesitó inversión foránea, una nueva modificación legal abrió las puertas al grupo PRISA, por ejemplo.

Con leyes a medida y gobiernos pendientes de sus tapas, el monopolio desarrolló nuevas prácticas expansivas. En lo referente a la publicidad, por ejemplo, vende más barata la pauta pero exige exclusividad. Esto arrecia desde la intervención del Estado y la decisión de Cristina Fernandez de Kirchner.La pauta de publicidad estatal es de apenas el 3%... llama la atención la queja del monopolio por la supuesta presión que los gobiernos ejercen a través de la publicidad oficial. Los días domingos, en la actualidad, un ejemplar de clarín pesa 1kg. y es la publicidad de empresas privadas.

Concluyendo, existen causas judiciales por delitos comerciales - tachaduras en balances- en el fuero penal económico -dependencia de los directores- así como las empresas privadas de PP han abierto causas en contra del Estado.

La ninguna inversión -destaca Paglieri hasta la existencia de telas de araña en las oficinas de la planta de San Pedro cuando asistió por primera vez a la reunión del Directorio- en Papel Prensa hace imposible en el presente aumentar el cupo para que haya más papel para otros medios, dada la capacidad instalada y por eso, la Presidenta de la Nación elaboró un anteproyecto de Ley que declara de interés público la producción de pasta de celulosa y papel diario.

En el Congreso de la Nación, el proyecto de marco regulatorio fue girado y trabajado en 5 comisiones legislativas,foros, consultas y mucha participación de los sectores interesados. Obtuvo dictamen de mayoría el de la Diputada Merchán, que agrega la producción de madera (puesto que al controlar también esta etapa productiva, el grupo Clarín determina el precio de la madera también), con un marco regulatorio. El tratamiento quedó pendiente para el año entrante.

Deslealtad comercial, extorsión para imponer contenidos y derribar gobiernos.