Igualdad

Ernestina Herrera de Noble, Marcela y Felipe Noble Herrera (?) están fuera del país. Alertados probablemente por la inminencia de la citación judicial y la toma de muestras de ADN de la ropa, el elemento imprescindible para realizar la verificación de datos genéticos se tornó inutilizable. Habían eludido con toda clase de recursos - gracias a las abutadas sumas que cobran los estudios de abogados –, maniobra tras maniobra, la instancia judicial. Contaron con la campaña permanente de sus medios, canales de televisión y radios, para instalar la duda en la opinión pública sobre la investigación en términos de una “intriga del gobierno”, para intentar el descrédito del Banco Nacional de Datos, para faltar el respeto a la actitud de las Abuelas . Años atrás y por este mismo tema, un juez que tuvo las agallas de encarcelar a Ernestina fue liquidado del Poder Judicial.
¿Somos todos/as iguales ante la ley?
Las normativas se enuncian en términos universales, y así se supone que se respeta una regla elemental de justicia: todos/as, como miembros de la misma Nación, tenemos los mismos derechos y deberes inalienables por lo cual consentimos someternos a las leyes. Sin prerrogativas de raza, clase, religión...
Pero sabemos por experiencia que entre la enunciación de una ley, de un derecho, y la vida, los casos concretos, las diferencias existen. No cuenta un preso cualquiera por un delito menor con la celeridad y atención para la resolución de su causa, si no hay dinero que pueda pagar una defensa. Muchos/as internos/as ignoran sus derechos, no conocen el juzgado en el que se tramita su expediente; no son por lo tanto, ciudadanos/as con efectivas garantías para un juicio justo. Otro principio fundamental y universal establece que nadie será privado de su libertad sin condena firme tras un correcto juicio. Y las cárceles explotan de gente que no ha sido condenada. ¿Problemas de procedimiento? ¿Colapso de la estructura judicial?
Lo que sí sabemos es que si esa persona presa es pobre, y si, peor aún, es una mujer pobre, seguramente no tendrá las oportunidades de recibir el castigo o la exoneración que dictamina un sistema judicial que trate a todos/as por igual.
Contamos con ejemplos terribles en estos años. ¿Recuerdan a Lourdes Di Natale, quien fue testigo clave en la causa de la venta de armas contra Yoma? ¿Recuerdan lo que le sucedió? ¿Recuerdan el caso de Maximiliano Albanese, un joven víctima del gatillo fácil en el 90? Tomo ese caso entre cientos que permanecen impunes; tres acusados –policías los tres- fueron detenidos, pero un cambio en la carátula alivianó los cargos de "homicidio" a "homicidio culposo"; dos de ellos sólo estuvieron presos siete meses. El otro quedó excarcelado ; desde entonces tiene pedido de captura y no hay noticias de dónde está mientras se superó el límite de prescripción de la causa porque los delitos con condenas de prisión perpetua tienen ese plazo... Hace 4 años, uno de los policías implicados llamó a la madre de Maxi y le contó,”porque no aguantaba más”, lo que había sucedido, pero el crimen permaneció impune.
¿Cuánto tienen para contar aquellos/as que supieron y callaron acerca del destino de las víctimas de la Dictadura? ¿Cuándo se sabrá lo que ocurrió con Julio López y Silvia Suppa, en el marco de los juicios que, tras tantos años de impunidad, procuran hacer justicia?
La huida de los Noble, la “incontinencia verbal” de Mirtha, se sienten como una bofetada a la confianza - resquebrajada pero imprescindible para una vida democrática-, en la justicia de los tribunales. Pero a la justicia también la apuntalamos con la memoria, con la indignación ante estas inequidades, con cada gesto de compromiso y dignidad. Sin resignación ante impunidad alguna.